En los últimos tres años la crisis penitenciaria se profundizó en Ecuador, arrojando un saldo de fallecidos en ascenso. En lo que va del 2021, más de 230 presos murieron, siendo Guayaquil el epicentro de la crisis.
Entre los sucesos más graves, en febrero, un enfrentamiento simultáneo en cuatro prisiones dejó 80 muertos. Asimismo, el pasado 28 de septiembre, en el Centro de Privación de Libertad Guayas N1, se confirmaron 116 personas fallecidas y al menos 80 heridas tras diferentes hechos de violencia. Recuperar el control en la Penitenciaría y en la Cárcel Regional de Guayaquil llevó cinco días.
La situación llevó a que el Estado Ecuatoriano anunciará una reestructuración del sistema penitenciario con ocho puntos, entre los que se encuentran: incluir en las prácticas de seguridad el escáner de carga para evitar el ingreso de armas; rehabilitar el Complejo Penitenciario Guayaquil para reducir el hacinamiento; dividir y redistribuir a los privados de la libertad en pabellones para evitar hechos violentos; y construir infraestructura.
“Con el argumento de achicar el Estado, de quitar la burocracia y también de cambiar las políticas de la Revolución Ciudadana, se cerró el Ministerio de Justicia”
Este último punto es central, ya que según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas. En mayo de 2019, cuando el gobierno decretó el primer estado de excepción, el número de privados de la libertad sumaba 41.836, un hacinamiento del 42%.
Además, existe un grave déficit de agentes carcelarios. En el sistema actual, un guía debe cuidar a 27 presos, mientras los estándares internacionales establecen la relación 1 a 9.
Claves para entender la crisis carcelaria
Un primer factor es el creciente negocio del narcotráfico en Ecuador y la disputa entre bandas criminales locales, que son brazos de carteles internacionales de narcotráfico. El incremento del narcotráfico es notable y las estadísticas nacionales así lo reflejan. Guayaquil se transformó en un gran centro de operaciones desde el que parte la cocaína con destino a Europa.
Estos datos también se reflejan en el flujo de detenciones por delitos relacionados con sustancias estupefacientes, que es el factor central en las causas actuales y próximas de encarcelamiento.
El incremento de la población carcelaria también se explica por el hecho de que casi la mitad de la población carcelaria no cuenta con una sentencia firme, y más del 60% de los detenidos son por delitos con penas menores a 5 años. El 28% de la población carcelaria está vinculada a delitos por drogas.
Otro de los puntos centrales es el desmantelamiento de la institucionalidad creada (con presupuesto incluido) para garantizar los derechos humanos y un proceso de rehabilitación de los prisioneros. “Se generó un desmantelamiento del Estado desde 2017. Ahí se cerró el Ministerio de Justicia, se cerraron las actividades de los programas relacionados con la reinserción social, con la atención a las personas libertad y sus familias, se cortaron los presupuestos. Entonces es responsabilidad del Estado lo que sucede”, explica Irene León, socióloga ecuatoriana.
En ese sentido, León señala que “con el argumento de achicar el Estado, de quitar la burocracia y también de cambiar las políticas de la Revolución Ciudadana, se cerró el Ministerio de Justicia, que era una instancia de Justicia y Derechos Humanos. En esa instancia, se ponía en vigencia los derechos humanos que justo es una de las carencias que se reflejan en el trato de las personas privadas de libertad”.
Además, la socióloga explica que se desfinanció el Sistema Nacional de Rehabilitación, que cumplía la función de encaminar las políticas de Estado para la rehabilitación de las personas y transformar esa mentalidad punitiva en la materia.
Privatización del sistema penitenciario
En varios países del mundo, el discurso neoliberal llegó hasta la privatización del sistema penitenciario. Cuando suceden eventos como los de Ecuador vuelve a sobrevolar la idea de la ineficiencia del Estado para cumplir con sus tareas y una posible solución en manos del mercado.
“Es probable que aparezcan contratistas extranjeros a ofrecer sus servicios, como ya sucede en algunas de las áreas”
“Toda esta situación tiene que ver con el discurso de reprivatización de todas las áreas de seguridad. Al mostrar que los países no pueden con esto, es probable que aparezcan contratistas extranjeros a ofrecer sus servicios, como ya sucede en algunas de las áreas”, advierte Irene León.
En los hechos, la privatización del sistema penitenciario genera crecimiento de la población reclusa en el mediano plazo, ya que las transferencias de fondos públicos a las empresas se calculan basándose en el número de detenidos en la unidad gestionada, y a un mayor costo por interno que en las prisiones administradas por el Estado.
Para encontrar una solución a la crisis penitenciaria es necesario reducir significativamente el número de presos como una de las principales medidas de enfrentamiento al caos en el sector.
