Luego de los sucesos calientes de la semana pasada, que incluyeron el intento de cerrar el Congreso por parte de Pedro Castillo y la posterior destitución del presidente, se desataron movilizaciones en todo el país para exigir la liberación de Castillo, luego de ser detenido.
Algunas de estas culminaron con una feroz represión: hasta entonces el saldo oficial es de dos personas fallecidas. Por esta razón, la presidenta interina –Dina Boluarte– anunció algunas medidas para calmar la tensión social.
Este intento por estabilizar institucionalmente el país, prendió la mecha en varios sectores que salieron a las calles a manifestarse para rechazar la detención de Castillo. Las voces que se escucharon desde distintos ángulos fueron por el pedido de insistir en una reforma constitucional, al grito de “que se vayan todos”, y las acusaciones a la vicepresidenta de “traidora”.
La respuesta por parte del nuevo gobierno de Perú a las movilizaciones, fue con represión. Al menos dos personas perdieron la vida y más de 30 resultaron heridas durante las protestas en la ciudad de Andahuaylas. Las dos muertes se tratan de un menor de 15 años por un disparo de bala, y otro joven de 18 años murió por un “traumatismo encéfalo craneano ocasionado aparentemente por un objeto contundente”.
El pasado domingo, la tensión no bajó, sino que aumentó cuando el Congreso sesionó para definir si le quitaban la inmunidad al mandatario destituido para que avance el proceso judicial. La sesión terminó en un escándalo, con golpes entre legisladores.
Finalmente, el lunes por la madrugada, el Congreso aprobó el levantamiento de un fuero especial al expresidente Pedro Castillo, denunciado por la Fiscalía por el presunto delito de rebelión. De ser condenado por tal delito, el maestro rural enfrentaría entre 10 y 20 años de cárcel.
Tras esos hechos, la nueva presidenta anunció una serie de medidas para tratar de contener la movilización popular. En primer término, declaró el Estado de Emergencia en Apurímac, Arequipa e Ica.
Pero sin lugar a dudas, además anunció adelantar las elecciones generales en el país para abril de 2024. En conferencia de prensa, sostuvo: “Con el mismo sentido patriótico anuncio el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
La tensión parece no aflojar en los próximos días, organizaciones indígenas y campesinas llamaron a un paro por tiempo indefinido a partir del martes. Un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú reclamó la inmediata liberación de Castillo, una reforma constitucional y el cierre del Congreso.
