Con lo justo, el Gobierno logró el quorum para iniciar el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado de la Nación. Los libertarios tuvieron el aporte de Pro, la UCR y el peronismo no kirchnerista logró sortear el primer desafío y así conseguir las voluntades para abrir la sesión.
El senador libertario Bartolomé Abdala, miembro informante del oficialismo, dio inicio al debate cuando expuso sobre el dictamen de mayoría de la Ley Bases. Luego de un mes y medio de debate, el gobierno nacional cedió parte del contenido del texto aprobado en Diputados y en total se hicieron 29 modificaciones en el debate en comisión.
La Ley Bases se compone de 10 capítulos y 237 artículos. Lo llamativo es que ninguno de ellos favorece a los sectores populares y trabajadores. Allí se dan un combo de concentración de poder en la figura del presidente, privatizaciones, desguace del Estado, desregulación económica, menos impuestos para los más ricos, reforma previsional y una reforma laboral.
Pero hay algunos artículos que resaltan por perjudicial para el desarrollo del país y los trabajadores.
Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)
Se trata de un sistema de promoción de inversiones con beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y jurídicos por 30 años, a empresas que vengan a “invertir” a Argentina.
Esta medida apunta principalmente a compañías de explotación hidrocarburífera, energías renovables, minería e infraestructura, que aparecen en primera línea para generar divisas.
Uno de los puntos centrales de este sistema es que beneficia a grandes inversores -sin especificar de dónde surgieron esos fondos- y al mismo tiempo, genera un golpe certero para la industria nacional. El principal punto refiere a que los grandes fondos de inversión podrán dejar el derecho de importación, logrando así que tecnología y otras manufacturas necesarias no sean necesariamente invertidas en el país.
El sistema RIGI también alentaría a que los proyectos extractivos no tengan demasiados controles ambientales, lo que podría agravar el saqueo de los recursos naturales de nuestro país.
Privatizaciones
Como en los años 90, el gobierno de Javier Milei vuelve a vender los recursos del Estado. Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (EnArSA).
En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(AySA), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales propone una concesión parcial, es decir, que estén abiertas a incorporar capital privado.
Reforma laboral
En el artículo 93 de la reforma, se habilita que, a través de convenios colectivos de trabajo, se reemplacen las indemnizaciones por despido por la constitución de un fondo o sistema de cese laboral.
Sobre este punto, CIFRA sostiene que esto genera “más inestabilidad e incertidumbre y mayor disciplinamiento” porque con la creación de fondo de cese, las empresas pierden el desincentivo que tiene hoy al momento de querer despedir empleados.
En los artículos 89 y 95 se propone extender a 6 meses el tiempo periodo de prueba que tienen los trabajadores en un nuevo puesto.
Además, por convenio colectivo se puede ampliar hasta 8 meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 1 año en empresas de menor tamaño.
La reforma laboral propone eliminar las indemnizaciones para los empleadores que no registran una relación laboral o lo hacen con un salario menor o fecha posterior a la real.
Se incorporan medidas que permiten que las relaciones laborales “puedan quedar enmascaradas bajo formas que no implican relación de dependencia, y que los trabajadores pierdan los derechos correspondientes”. Por ejemplo, contratar empleados bajo la modalidad de colaboradores o de contratos de locación.
Reforma previsional
La Ley prevee la derogación de la moratoria previsional y se crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.
Quienes no hayan terminado sus aportes, cobrarán a partir de la edad 65 años un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual equivale al 80% de la jubilación mínima.
Facultades delegadas
La ley arranca con las facultades delegadas que el Congreso le dará al Ejecutivo a partir de declarar “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”.
Durante ese período, el Presidente puede ejercer funciones legislativas en esas materias a través de decretos, que luego deben ser controlados por la misma Comisión Bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad y urgencia.
Foto: Somos Télam
Ley completa:
