¿Qué es el RIGI? el polémico sistema de inversión que podría atentar contra la industria nacional

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) integra la Ley de Bases y trae una serie de modificaciones impositivos, cambiarios, aduaneros y jurídicos por 30 años, que solo beneficia a grandes empresas.

Uno de los puntos más polémicos de la Ley Bases es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); un sistema de promoción de inversiones con beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y jurídicos por 30 años, a empresas que vengan a “invertir” a Argentina.

Dichos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios se expresan a través de medidas destinadas a redoblar la garantía estatal de los incentivos ofrecidos a los inversores, que será aplicable por dos años y prorrogable por un año más.

Su proyección es a largo plazo y tiene el objetivo de generar la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria a aquellos desembolsos de capital igual o superior a u$s1.000 millones.

Esta medida apunta principalmente a compañías de explotación hidrocarburífera, energías renovables, minería e infraestructura, que aparecen en primera línea para generar divisas.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de este sistema es que beneficia a grandes inversores  -sin especificar de dónde surgieron esos fondos-  y al mismo tiempo, genera un golpe certero para la industria nacional. El principal punto refiere a que los grandes fondos de inversión podrán dejar el derecho de importación, logrando así que tecnología y otras manufacturas necesarias no sean necesariamente invertidas en el país. 

En tanto, el sistema RIGI también alentaría a que los proyectos extractivos no tengan demasiados controles ambientales, lo que podría agravar el saqueo de los recursos naturales de nuestro país.

En ese sentido, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) aseguró que “este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’”.

“La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN. 

Un proyecto que se hizo esperar

En los cuatro años de gestión del ex presidente Alberto Fernández se enviaron al Congreso tres proyectos de ley de promoción de inversiones en el ámbito energético que nunca llegaron a ser tratados en el recinto.

Las disputas internas en la coalición gobernante y la falta de un impulso político claro para sacarlos adelante dejaron en el camino los marcos legales que apuntaban a promover las inversiones prometidas por varias petroleras en el sector de hidrocarburos.

Entre las iniciativas que quedaron postergadas, figuran la de YPF y el grupo malayo Petronas en la industria del Gas Natural Licuado (GNL) y la de la compañía australiana Fortescue en la producción de hidrógeno de bajas emisiones de carbono.

El pasado lunes, con un Congreso más obediente, la nueva Ley de Bases obtuvo media sanción en Diputados y el RIGI pasó a estar a tan solo un paso de convertirse en una realidad.

Ahora, salen a la luz todas las empresas que estaban en lista de espera para comenzar actividades extractivas en suelo Argentino. Tal es el caso del litio, donde hay más de 40 proyectos de empresas mineras que están a la espera del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para extraer litio del norte argentino.

Las compañías que están pronto a invertir son: canadienses, australianas, estadounidenses, surcoreanas, chinas, japonesas, emiratíes y argentinas que se presentaron en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Están en diferentes estadios de evolución: prospección, exploración y construcción.

¿A quiénes beneficia el RIGI?

– Ventajas impositivas: se encuentran una alícuota única del impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.

– Beneficios aduaneros: los beneficios incluyen la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. A eso se añade la prohibición de restricciones a las exportaciones y la vía libre para que las compañías beneficiarias del RIGI lleven sus registros contables y estados financieros en dólares utilizando las normas internacionales de información financiera.

– Incentivos cambiarios y comerciales: el RIGI establece que las empresas podrán disponer libremente del 20% de sus divisas por exportaciones transcurrido el primer año; del 40% después del segundo año; y del 100% a los tres años.

Además, las empresas “podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo del proyecto sin que puedan aplicárseles prohibiciones, ni restricciones directas y cuantitativas y cupos o cuotas cualitativas o de carácter económico”.

Del otro lado de la vereda, las Pymes se encuentran en estado de alerta y cuestionan que este régimen no contempla la participación de proveedores locales, lo que «generará un impacto negativo, afectando su competitividad y limitando su participación«, expresó la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros (Capespe) en un comunicado.

“Estamos pidiendo que hagan extensivos los beneficios a toda la cadena de valor hidrocarburífera, que no solamente quede en las grandes empresas. Se hablan de inversiones por encima de los 200 millones de dólares. Consideramos que en muchos casos podríamos quedar fuera”, expuso par aun medio local el secretario general de la Federación de Cámaras Empresariales del sector Energético de Neuquén (Fecene), Daniel González