La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba aprobó este jueves (18) el paquete de reformas económicas y sociales más profundo impulsado por el país en décadas.
Se trata de un “shock” de más de 170 iniciativas legislativas que modifican prácticamente todos los engranajes del modelo económico cubano, colocando al mercado y al capital privado en el centro de las transformaciones. Un giro que altera de manera sustancial la estructura social y económica del país.
Los cambios llegan en un momento en que Cuba atraviesa una de las crisis más graves de su historia, con una caída acumulada del PIB del 15 % en los últimos cinco años.
A ello se suma, desde principios de año, una escalada de hostilidades por parte de Estados Unidos —la más intensa en décadas—, que incluye la asfixia energética y la ampliación de las llamadas “sanciones secundarias”, mediante las cuales Washington amenaza con aplicar medidas coercitivas unilaterales contra entidades no estadounidenses que mantienen relaciones comerciales con el Estado cubano.
En referencia a la delicada situación social que atraviesa la isla, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró durante el debate parlamentario que las reformas no responden a las presiones de la Casa Blanca, sino a decisiones que, según afirmó, “debían ser adoptadas”.
“No estamos haciéndolo por las presiones de los yanquis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez y de reflexión”, señaló el mandatario.
“A mi modo de ver, si tuviéramos una situación menos desfavorable que la actual, de todas maneras tendríamos que avanzar hacia estas transformaciones. Estaríamos en un escenario más favorable para llevarlas adelante, pero hacia esto teníamos que ir”, afirmó al intervenir ante la Asamblea.
Sin embargo, pese a que el propio Díaz-Canel había advertido apenas un día antes, durante la clausura del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que algunas de las propuestas “no tendrán consenso absoluto”, e insistido en que se trata de decisiones “inaplazables”, el paquete fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No obstante, la aprobación de las reformas ha generado fuertes debates dentro y fuera de la isla. El discurso oficial las presentó como una vía para «fortalecer el socialismo» y garantizar la sostenibilidad del modelo económico cubano.
Por otro lado, sectores que promueven una mayor liberalización económica las han recibido como un «saludable paso hacia adelante», aunque mantienen reservas sobre su implementación efectiva.
A su vez, diversos sectores vinculados a las izquierdas, tanto dentro como fuera del Partido Comunista de Cuba, han expresado críticas centradas en el carácter expeditivo de las reformas y en la profundidad de los cambios impulsados. Algunos cuestionan que la apertura económica no esté acompañada de mecanismos de mayor empoderamiento y participación popular, mientras que otros sostienen que varias de las iniciativas constituyen concesiones directas al capital privado.
Empresas estatales
Tanto el modelo de planificación económica centralizada —de matriz soviética— como el funcionamiento de las empresas estatales, tradicionalmente caracterizado por una limitada autonomía operativa, experimentan cambios sustanciales que impactan sobre el conjunto del sistema estatal y redefinen sus mecanismos de gestión.
Se trata de transformaciones largamente debatidas y demandadas en la isla por diversos sectores. Durante varios años, pese a haber sido una de las propuestas que mayor consenso generó, también fue una de las más demoradas debido a las resistencias encontradas dentro del propio aparato estatal y entre sectores considerados “ortodoxos” del Partido Comunista de Cuba.
Las empresas estatales ya no estarán subordinadas a decisiones administrativas de los ministerios —como venía ocurriendo hasta ahora— ni a un plan centralizado que determinaba cómo y dónde debían operar.
A partir de ahora, podrán seleccionar con mayor autonomía a sus proveedores y clientes. Asimismo, los precios de sus operaciones serán fijados por el mercado y no por tarifas establecidas de manera centralizada.
Además, el Estado elimina el rescate financiero automático, lo que implica que las empresas estatales se enfrentarán a la posibilidad real de quiebra y liquidación.
Entre los cambios más drásticos se encuentra la autorización para transformar empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones. Esto abre la puerta a una privatización parcial mediante la compra de acciones, incluso por parte de inversionistas extranjeros.
También se elimina la escala salarial en el sistema estatal. Es decir, el Estado deja de fijar directamente los salarios de los trabajadores. Este mecanismo será sustituido por un salario mínimo ajustado a la inflación, que se negociará entre las administraciones, los trabajadores y las organizaciones sindicales.
En paralelo, se crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES), un ente encargado de supervisar las más de 2.000 empresas estatales del país. El organismo tendrá la facultad de auditar, declarar en quiebra y liquidar de forma centralizada aquellas empresas deficitarias que no logren estabilizar sus cuentas.
Ampliación del sector privado
Entre los cambios recientemente aprobados destaca una mayor liberalización en la acumulación de capital. Se trata de una medida inédita que modifica de forma sustancial el funcionamiento económico de la isla tras más de seis décadas y constituye, además, uno de los aspectos más polémicos dentro del debate interno cubano.
La legalización de las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) en 2021 marcó un punto de inflexión en la economía cubana, ya que las formas de gestión privada de esta naturaleza habían permanecido prohibidas desde la llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968.
No obstante, la apertura al sector privado estuvo acompañada de importantes restricciones destinadas a limitar la concentración de la propiedad. En ese sentido, se establecieron dos límites fundamentales: un máximo de 100 trabajadores por empresa y la prohibición de que una misma persona fuera propietaria de más de una MIPYME.
Estas medidas buscaban evitar una acumulación excesiva de capital y acercar las pequeñas y medianas empresas a modelos de «economía popular». Las reformas ahora aprobadas profundizan ese proceso y alteran algunos de sus límites originales.
A partir de la nueva legislación desaparece el límite máximo de trabajadores que puede contratar una empresa privada. Asimismo, se autoriza que una misma persona sea propietaria de varias empresas de manera simultánea, lo que facilita la creación de grupos empresariales, holdings y estrategias de diversificación de inversiones dentro del país.
A ello se suma la posibilidad de constituir sociedades anónimas (S. A.) por acciones, una figura que permite la compra y venta de participaciones en empresas privadas. Esta innovación introduce mecanismos de inversión, asociación financiera y eventual concentración empresarial que hasta ahora no existían en el marco legal cubano.
Además, hasta ahora el derecho de propiedad inmobiliaria en Cuba estaba prácticamente reservado a las viviendas particulares y al Estado. En consecuencia, las empresas privadas operaban mayoritariamente en locales arrendados o en los domicilios personales de sus socios.
La reforma habilita que las empresas puedan comprar, registrar a su nombre y poseer la titularidad legal de locales comerciales, naves industriales, almacenes u oficinas.
Tierras y sector agropecuario
El sector agrícola fue uno de los principales focos de este paquete de medidas. Se trata de un ámbito que, durante la última década, ha atravesado una profunda crisis que ha provocado fuertes caídas en la producción de alimentos básicos.
Históricamente, el sector ha dependido de la importación de insumos esenciales —como maquinaria, semillas, fertilizantes y alimento para animales—, cuya adquisición se ha visto seriamente dificultada por el bloqueo. Asimismo, enfrenta fuertes desincentivos para la producción de alimentos esenciales.
A través del sistema de acopio, el Estado compra de manera monopólica una parte importante de la producción a precios bajos con el objetivo de subsidiar el consumo de la población. Sin embargo, este esquema de precios controlados ha terminado desplazando la actividad agrícola hacia rubros más rentables, en detrimento de productos esenciales de la canasta básica.
Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), varios productos clave atraviesan una profunda crisis productiva. El arroz, por ejemplo, pasó de cubrir cerca de la mitad del consumo nacional a representar apenas el 11 % de la demanda. Algo similar ocurrió con los frijoles, cuya producción cayó cerca de un 60 %.
El caso más dramático, sin embargo, es el de la caña de azúcar —símbolo histórico de la economía cubana durante siglos—, cuya producción se ha desplomado en más de un 90 %.
Las reformas aprobadas permiten que empresas privadas reciban tierras estatales en usufructo, una facultad que hasta el momento estaba reservada exclusivamente a personas naturales y cooperativas de producción agropecuaria.
Además, se permitirá que quienes desarrollen actividades agropecuarias puedan importar directamente insumos sin necesidad de intermediación estatal, una función que hasta ahora estaba gestionada por empresas y entidades públicas.
Por último, se eliminarán los topes de precios, dejando su regulación en manos del mercado.
Inversión extranjera
Otro de los cambios más relevantes del paquete legislativo es la apertura de la inversión extranjera directa en empresas privadas en Cuba, una modalidad que hasta ahora no estaba permitida.
Desde la apertura económica de mediados de la década de 1990, el capital extranjero solo podía participar en la economía cubana a través de mecanismos controlados por el Estado. Durante las últimas tres décadas, el marco legal —regulado por la Ley de Inversión Extranjera— canalizó estas inversiones mediante tres modalidades: empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional y empresas de capital totalmente extranjero.
Las empresas mixtas requerían la participación del Estado como socio; los contratos de asociación económica internacional consistían en alianzas temporales para administrar empresas o explotar determinados servicios bajo supervisión estatal; y las empresas de capital totalmente extranjero estaban limitadas, en la práctica, a espacios específicos como la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
La actual apertura permite que capitales extranjeros inviertan directamente en empresas privadas cubanas, una posibilidad inexistente hasta ahora y que supone un cambio de paradigma en el diseño económico de la isla.
En conjunto, las reformas aprobadas sientan las bases de un modelo económico mixto en el que el Estado conserva un papel relevante a través de empresas públicas y organismos reguladores, mientras amplía significativamente el espacio para los mecanismos de mercado, la iniciativa privada y la acumulación de capital. Por su alcance, constituyen la transformación más profunda del modelo económico cubano desde la declaración del carácter socialista de la Revolución.
