Desde el pasado domingo, se desarrollan en Cuba una serie de manifestaciones a partir de la instalación de la campaña #SOSCuba, que pide la apertura de un “corredor humanitario” para atender la crisis producida por el récord de casos de COVID-19, que aún en su pico, es menor al de muchos países.
Se logró convocar a grupos internos de oposición, desde los que hacían reclamos legítimos sobre la difícil situación económica del país, hasta las ya viejas agrupaciones financiadas por Estados Unidos y sus planes de desestabilización, que aprovechando la situación sanitaria impulsaron situaciones de violencia y caos. Como parte de un movimiento sincronizado, inmediatamente los principales medios globales dieron una cobertura masiva a los hechos, enfatizando la necesidad del ingreso de “ayuda humanitaria” y algunos más osados, u honestos, pidiendo una intervención militar.
Las movilizaciones por parte de la oposición se encontraron con la respuesta de gran parte del pueblo cubano que, atendiendo al llamado del presidente Díaz-Canel, salió a las calles a defender la Revolución. Inclusive, muchas de las imágenes que se difundieron como manifestaciones en rechazo al gobierno eran en realidad de las convocatorias de las y los revolucionarios en las calles.
En el llamado a la protesta cumplió un rol principal la instalación en redes sociales de la tendencia #SOSCuba y similares, que lograron en tiempo récord posicionar el tema a través de cuentas falsas, cuentas recién creadas y bots, con un eco garantizado por parte de los medios internacionales, tradicionalmente opositores a la Revolución.
Pero más allá de la cronología, vale la pena enmarcar estos acontecimientos en un contexto nacional —caracterizado por el bloqueo, a pesar de que 184 países habían votado en su contra tres semanas atrás— como internacional, en un continente donde los modelos neoliberal-conservadores y populares-progresistas están en una clara disputa abierta, como desarrollamos en detalle en el último informe del Observatorio de Coyuntura de América Latina y el Caribe del Instituto Tricontinental.
Desde hace seis décadas, Cuba se enfrenta a la escasez de medicamentos, insumos básicos y alimentos como consecuencia del bloqueo económico y comercial perpetrado ilegalmente por EE. UU., que no es ni más ni menos que un crimen contra el pueblo cubano. El embargo fue endurecido durante la gestión del ex presidente Donald Trump —por ejemplo, con la reactivación de la Ley Helms Burton—, y continúa intacto a pesar del nuevo gobierno demócrata.
Comprender el bloqueo y sus efectos es fundamental para analizar el contexto económico y social del país, evidenciado más que nunca en el marco de la pandemia cuando, aún habiendo desarrollado las dos primeras vacunas de origen latinoamericano contra la COVID-19, su masiva aplicación y su posibilidad de exportación resulta más lenta de lo que debería por falta de insumos necesarios para su almacenamiento, traslado y aplicación. A pesar de estas dificultades, el 30% de la población de Cuba ha recibido al menos una dosis de vacunas cubanas. Además, durante 2020 brindó ayuda a países que estaban en colapso sanitario a través de la Brigada Médica Henry Reeve.
Si están pensando en otra ocasión…
Llama la atención que es precisamente desde Estados Unidos, país responsable del embargo, que se apunta el dedo y se hace una heroica defensa de los derechos humanos, en especial por lo sencillo que sería modificar la situación económica de la isla —que tanto pareciera preocuparles— con solamente poner fin al bloqueo.
Es más que conocida la injerencia de Estados Unidos en la historia regional, reforzada en algunos países durante los últimos años. Ante la urgencia por recuperar la hegemonía frente a los avances de China y Rusia, EE. UU. continúa utilizando estrategias de soft power, con diferentes métodos de desestabilización que van desde el financiamiento a través de sus agencias de cooperación y desarrollo, como USAID, a la instalación de agenda en medios de comunicación y ONG’s opositoras, para mostrarlas como entes civiles y neutrales en países con gobiernos que no son de su simpatía.
Estas operaciones también se despliegan en territorios donde buscan hacer un cambio de figuritas para adelantar ocupaciones, como sucedió recientemente en Haití, con un magnicidio que fue producto de una operación organizada por una empresa de “seguridad” con sede en Miami en el que participaron mercenarios colombianos y estadounidenses. Después de los hechos, Biden anunció su disposición de “ayudar a la estabilización del país y a recuperar la democracia”.
Cuba en el mapa político continental
La ofensiva de desestabilización sobre Cuba es la expresión de la ofensiva imperialista sobre todo el continente, tomando como comodines los procesos revolucionarios y buscando a través de su deslegitimación sepultar los procesos alternativos y populares que mantienen viva la disputa.
El futuro de un proyecto político continental está abierto: los bastiones del neoliberalismo, históricos aliados de EE. UU., se están movilizando para construir alternativas al modelo de hambre y saqueo. En Perú, el pueblo ve con entusiasmo nacer una esperanza a partir del triunfo de Pedro Castillo; en Colombia, ante la enorme movilización nacional reprimida por el gobierno de Duque; en Bolivia, donde los golpistas quedaron expuestos frente el mundo; y en Chile, donde no sólo se sepultó la constitución pinochetista sino que se construyó una Asamblea Constituyente.
Esta nueva ofensiva contra la Revolución en Cuba no es, entonces, un caso aislado. Forma parte de la estrategia imperialista de EE. UU. de atacar los procesos anticapitalistas de nuestra región y de consolidar su poder en lo que neciamente siguen considerando su patio trasero. Mientras tanto, los pueblos del continente siguen defendiendo sus procesos soberanos, que a pesar de tener —como todos los países— limitaciones y contradicciones internas, continúan siendo un faro de nuevos horizontes y utopías posibles.
Por Leticia Garziglia y Laura Capote, integrantes del Observatorio de Coyuntura de América Latina y el Caribe del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires.
