De abajo hacia arriba, de la periferia al centro

En las últimas semanas, en la Provincia de Buenos Aires crecieron las tomas de tierras en el conurbano bonaerense debido al déficit habitacional. La respuesta del sistema político y los grandes medios de comunicación fue punitiva. Las clases populares no son invitadas a discutir el derecho a la ciudad.

Por Julián Inzaugarat / Foto Ladran Sancho

La agenda de los medios hegemónicos de comunicación volvió a enfocarse en un tema que tiene múltiples aristas y detrás de todas se esconde la desigualdad entre quienes no tienen acceso a la tierra y quienes especulan con ella: el déficit habitacional.

El acceso a suelo con servicio es, sin duda, uno de los grandes núcleos de coincidencia entre la población argentina. La imposibilidad de acceder a tierra bien localizada a precios accesibles es uno de los mayores problemas. 

Desde el boom inmobiliario, de mediados de los ’90 a esta parte, es el actor inmobiliario con peso quien decide sobre el futuro urbanístico de los municipios. En general, los Estados Municipales ponen al servicio de los intereses del mercado inmobiliario la infraestructura, la obra pública, los servicios y la legislación necesaria. Y, en algunos casos, mirar para otro lado y evitar controles y exigencias reglamentarias.

El fenómeno de urbanización regido por normas que favorecieron la especulación inmobiliaria y operaciones urbanísticas se enfocaron a maximizar la rentabilidad de ciertos sectores de la población en desmedro de otros. La urbanización desarrollada por especuladores inmobiliarios generó áreas excluidas de servicios básicos con gran cantidad de población de escasos recursos que no pudo ser incluida en término de vivienda, espacios verdes, servicios públicos y posibilidades de acceso a empleo e ingresos, a precios y tiempos de transporte razonables.

Las urbanizaciones periféricas no responden a una falta de conocimiento de las dinámicas socio-urbanas, sino a la falta de instrumentos para regular el mercado de suelo, un tema que se ha profundizado en los últimos años, en la medida en que la inversión inmobiliaria se ha tornado más rentable que otras actividades.

Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del Frente de Todos, han salido a fijar postura y a decir que las ocupaciones de tierra son delito. Incluso han responsabilizado a los excluidos de su propio padecimiento de no tener donde vivir. Las tomas surgen como una denuncia de los excluidos contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte.

En la Provincia de Buenos Aires prosperan los negocios inmobiliarios bajo la inversión privada y la poca o nula intervención estatal que deja librados al juego de oferta y demanda los precios de la tierra.

En el mejor de los casos, se ha dado intervención estatal en los barrios a partir de construcciónconstruccion de complejo de viviendas, que derivó en mayor segregación y fragmentación, iniciando procesos de deterioro ambiental que favorecieron la aparición de nuevos asentamientos informales y toma de inmuebles.

Otras responsabilidades se asocian al modelo productivo del campo y el desmonte de flora nativa lo que provoca la migración forzada del campo a la ciudad.  La patria sojera es uno de los grandes responsables del crecimiento de las ocupaciones desde mediados de los noventa.

El sistema político también es responsable. Gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales tienen en sus manos la posibilidad de brindar una alternativa digna a las tomas. Pero hasta el momento han hecho poco y nada. 

La falta de intervención estatal y actualización de Códigos de Ordenamiento Urbano en los municipios para regular el uso de la tierra dan el marco para que la irregularidad no sea una excepción en las tierras preferidas para el negocio inmobiliario, sino la regla y abono para los negocios ilegales.

Junto con esta larga tradición de especulación, negocios inmobiliarios, desmontes ilegales y el agronegocio; la pandemia terminó por implosionar la situación en los sectores populares y no son pocas las familias que buscan una solución por su propia cuenta, intentando tomar tierras ociosas, muchas veces destinadas a la especulación inmobiliaria.

Los olvidados de siempre

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que abarca la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que la rodean, incluyendo la capital provincial, desde antes de 1970 hasta la década del 2010 existieron 1297 barrios populares nacidos de la ocupación de tierras según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Estos barrios forman parte de los 4400 asentamientos precarios relevados también por este registro a partir del cual en 2018 se sancionó la Ley de Barrios Populares con el objetivo, entre otros, de promover la integración socio urbana de estos lugares y declarar de “utilidad pública” y sujeto a expropiaciones las tierras en las que se asientan villas de emergencia.

Los 4400 barrios populares que hoy existen nacieron de ocupaciones; tomas que se fueron consolidando y se transformaron en barrios. Ocupaciones que se produjeron con un promedio de 130 por año, unas diez por mes, durante todos los gobiernos desde que se tiene registro. Sin planificación ni acceso a la vivienda, es un fenómeno inevitable.

El relevamiento de barrios populares muestra que el 93,81% de estos asentamientos no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) proponen que la resolución del conflicto debe ser acelerar las políticas que tengan que ver con la integración socio urbana. Los dos grandes ejes para resolver el déficit habitacional son la generación de suelo urbano y la urbanización de barrios populares.

Una solución a medias tintas

Por su parte, el Gobierno Nacional reactivó el Plan Procrear con 9 diferentes líneas de crédito: 4 personales (denominadas «mejoramientos microcréditos», «mejoramientos refacción», «mejoramientos sustentables» y «mejoramientos gas») y 5 hipotecarios («ampliación», «construcción», «lotes con servicios», «desarrollos habitacionales» y «desarrollos urbanísticos»).

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informaron que serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país.

En el mejor de los casos y con viento a favor, esta batería de medidas que impulsa el Gobierno Nacional a través del Plan Procrear, podrían reducir el déficit habitacional, aunque no contempla al decil más empobrecido en la escala social. La mayoría de los planes y programas requieren la bancarización, recibos de sueldos y una serie de instrumentos burocráticos de difícil acceso para quienes en su mayoría han protagonizado los intentos de toma de tierras.

El derecho a la ciudad y participación ciudadana

El derecho a la ciudad como paradigma de planificación es fundamental para dar respuesta al problema habitacional y de urbanización. La sola idea de proveer viviendas no resuelve el complejo problema de la enorme y creciente cantidad de población viviendo en condiciones de informalidad y segregación. Por lo tanto, se hace necesario articular un enfoque más abarcativo, incluyendo vivienda, pero también empleo y servicios sociales básicos como agua corriente, saneamiento, escuelas y hospitales.

Mientras avanza la planificación urbana en manos del sector inmobiliario, del otro lado, las organizaciones sociales con poco cuerpo hacen frente a tamaño monstruo. Transparentar el debate en las instituciones públicas se vuelve prioridad para la planificación urbana y el acceso a la tierra. 

El derecho a la ciudad implica que la trilogía Estado, mercado y hábitat informal no resulte excluyente una de la otra, sino que sean complementarias. El Estado, regulando al mercado para estimular ofertas habitacionales progresivamente más accesibles para los más pobres; y operando simultáneamente sobre la informalidad mediante la regularización del hábitat, la provisión de servicios urbanos básicos, a partir de esquemas alternativos de financiamiento y con mayor participación y movilización de las propias comunidades afectadas.

En los territorios el espacio abierto para debatir la planificación urbana, los alcances y aplicaciones del Código de Ordenamiento Urbano que regula el uso del suelo puede ser especialmente beneficioso para los sectores populares.

Las causas de la marginalidad no se resuelven solo construyendo viviendas, sino básicamente creando condiciones legales, sociales y económicas a partir de las cuales sean los propios afectados quienes encuentren las soluciones que mejor se ajusten a sus posibilidades. 

En vez de tratar a la “pobreza” como solo receptora de ayuda, se vuelve necesario incluir a las clases populares como impulsoras del cambio, a partir de su participación y movilización, transformando los barrios en los cuales se genere la energía social que transforme los marcos regulatorios de la ciudad. La planificación urbana “de abajo hacia arriba” parte de las soluciones posibles para los más pobres y con ellos construye el modelo para el resto.