Solo 10 países acaparan el 75 % de las vacunas contra el COVID-19. Mientras tanto, más de 130 países aún no han recibido ni una sola dosis. Frente a la acumulación y desigualdad, Cuba vuelve a ser un faro de solidaridad.
La pandemia del COVID-19 lleva casi 3 millones de muertes y más de 128 millones de personas infectadas. El coronavirus ha agravado toda una serie de problemas sociales, políticos y económicos, y son los sectores más vulnerables los que sufren las peores consecuencias. En la repartija de las vacunas, también son los países empobrecidos los más afectados.
El 2 de octubre, India y Sudáfrica presentaron una comunicación conjunta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitando una exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (patentes, secretos comerciales, derechos de autor y diseños industriales) en relación con la contención, prevención y tratamiento del COVID-19.
La OMC rechazó este pedido, por lo que estos países no podrán producir versiones genéricas de la vacuna para distribuirlas a bajo costo e impulsar la vacunación masiva. Así es que la distribución de la vacuna se sigue dando de forma desigual. Hasta ahora, un 1,5% de la población mundial de 7.700 millones de personas ha sido vacunada, pero el 75% de ellos se concentran en diez países. Otros 130 países no han recibido una sola dosis de las vacunas.
Según un estudio de Oxfam, hay unos 70 países pobres que solo podrán vacunar a 1 de cada 10 personas durante 2021. Por el contrario, las naciones más ricas han comprado dosis suficientes para vacunar a toda su población casi tres veces hacia fines de año. Canadá, por ejemplo, tiene suficientes dosis para vacunar a su ciudadanía cinco veces. El Norte, con menos del 14% de la población mundial, se ha asegurado más de la mitad de las vacunas previstas.
¿De quién son las vacunas?
Nueve empresas privadas y públicas manejan la mayor producción de vacunas contra el COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Sanofi/GSK, Sinovac, Sinopharm y Gamaleya.
Las vacunas Sinovac, Sinopharm y Gamaleya son producidas por los sectores públicos chino y ruso. A mediados de marzo, China y Rusia habían suministrado 800 millones de dosis a 41 países.
En el caso de la Sinovac estará destinada en un 100% a países en desarrollo, la Gamaleya/Sputnik V en un 99,7%, y la Sinopharm ha sido enviada a todo el continente africano, desde Marruecos al norte hasta Zimbabue al sur, pasando por Senegal y Guinea Ecuatorial. Incluso, en Asia, el gobierno chino está donando en lotes de 100.000.
Las otras son producidas por empresas privadas occidentales y han recibido un enorme financiamiento público. Moderna recibió 2.480 millones de dólares del gobierno estadounidense, mientras Pfizer recibió 548 millones de la Unión Europea y del gobierno alemán. La de Astra Zeneca / Oxford recibió más de 1.9 mil millones de los gobiernos de EE. UU, el Reino Unido, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Alianza Gavi para las Vacunas.
Estas empresas utilizaron financiamiento público para producir las vacunas y luego extrajeron gigantescas ganancias de su venta y aseguraron aún más sus beneficios mediante patentes. Por otro lado, Pfizer intentó imponer condiciones abusivas en las negociaciones con países latinoamericanos. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. Mientras que en Perú, las negociaciones incluyeron el eximir responsabilidades ante eventuales efectos adversos y demoras en la entrega de los lotes.
Cuba, un faro de esperanza
Un caso crece desde América Latina y el Caribe y se transforma en la esperanza de los países empobrecidos. Cuba es un faro en materia de salud pero sobre todo de solidaridad. Pese al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el pueblo cubano se las ingenia para seguir siendo vanguardia.
En las últimas semanas, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe, y entre la totalidad de países pobres, en desarrollar una vacuna (Soberana 2) contra el COVID-19 en la fase III de ensayos clínicos.
Además los científicos cubanos desarrollan otras cuatro candidatas: Soberana 1, Soberana Plus, Abdala y Mambisa. La estrategia para llegar a cinco candidatos se debió a la convocatoria a las instituciones que atesoran larga experiencia en la producción de vacunas, principalmente el Instituto Finlay de Vacunas (entidad estatal en La Habana) y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Cuba ya produce 100 millones de vacunas que permitirán inmunizar a toda su población en agosto según cálculos oficiales, pero además podrá compartir el fármaco con los países del ALBA, Irán y Vietnam, entre otros.
Pese a que la inversión inicial en investigación y desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 ha sido y es financiada centralmente con fondos públicos y compras anticipadas estatales (incluyendo las de países más pobres), la vacuna se ha vuelto un producto de mercado.
La Fundación kENUP, una organización europea sin fines de lucro, publicó que el sector público invirtió fuertemente en el desarrollo de vacunas, con un compromiso del 95% (más de 86.500 millones de euros, unos 104.000 millones de dólares) del gasto total, mientras que solo el 5% de los fondos se gastó en terapéutica.
La lógica que impera en el mundo es que “el que paga accede” y “el país más rico vacuna primero”. Esto se ha vuelto un freno a la vacunación masiva para la superación de la crisis sanitaria.