A finales del año pasado, el gobierno de Laurentino Cortizo buscó renovar un contrato con la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) para operar la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica. El nuevo contrato se aprobó por el Congreso con una velocidad récord: se dio en la misma noche del viernes 20 de octubre, luego de que el presidente presentara la iniciativa. Esto desencadenó semanas de protestas para anular el contrato minero.
Luego de un mes de movilización popular y cuatro días de deliberaciones en la Corte, la justicia falló a favor de la inconstitucionalidad de la ley impulsada por el gobierno de Cortizo. El fallo declaró la inconstitucionalidad de la Ley 406, promulgada el 20 de octubre de 2023, que regulaba el contrato entre el Estado y Minera canadiense en Panamá. Por su parte, la empresa canadiense sostuvo que presentaría dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, aunque en febrero dijeron que podrían negociar el cierre definitivo de la mina a cielo abierto y que eso duraría entre 7 y 9 años.
Aunque esto no quedó ahí: SUNTRACS, una de las organizaciones que durante el año pasado lideró las movilizaciones, está siendo hoy perseguida económicamente y el último fin de semana sufrió un atentado en uno de sus locales de la provincia de Panamá Oeste.
“Como parte de las pérdidas hay útiles escolares que se entregan anualmente a nuestros afiliados antes del inicio a clases, aunque aún se están calculando las pérdidas en este sentido”, contó para ARG Medios, Irving Pinzón, parte del sindicato y miembro del equipo de prensa de FRENADESO.
Pinzón cuenta que el 16 de noviembre pasado, en medio del estallido social por la aprobación del contrato minero, se denunció públicamente que habían recibido amenazas de incendiar uno de los locales de la organización y la contratación de sicarios por parte de la empresa First Quantum o minera Panamá “para atentar con la vida de los compañeros Jaime Caballero”, secretario de asuntos internacionales y Saúl Méndez Secretario General de SUNTRACS.
“Para defendernos como organización se han combinado distintos mecanismos de lucha tanto en lo legal con la presentación de denuncias y querellas penales, queja ante la OIT, a su vez nuestros mecanismos históricos repartimos volantes, realizamos concentraciones, marchas, y una convocatoria a una huelga de advertencia para el próximo 19 de marzo, apostando a la solidaridad tanto nacional como internacional”, añade Irving Pinzón.
Sin embargo, no es lo único que vienen sufriendo los sindicatos. Hace un tiempo les cerraron a SUNTRACS 18 cuentas bancarias y los demás bancos panameños tampoco les permitieron abrir cuentas ni depositar dinero, lo que les impide moverse económicamente.
“Esta persecución a dirigentes y organizaciones sindicales y sociales que está desarrollando el gobierno de turno, orquestado por los sectores económicos pro mineros del país, expresa su ambición por colocar sus manos en el proyecto de cobre. Dentro de esos mecanismos está el apostar por los distintos candidatos a la presidencia del país, dentro de lo cabe recalcar que 7 son pro-mineros y solo una candidata, la profesora Maribel Gordón, ha manifestado su rechazo contundente a la minería”, sostiene Pinzón.
El próximo 5 de mayo son las elecciones presidenciales en Panamá y la minería será un tema central en la campaña de los candidatos.
