Desafíos y posibilidades del gobierno de Petro y Francia Márquez

Gustavo Petro y Francia Márquez asumieron el nuevo gobierno de Colombia. Los desafíos de acabar con la guerra, el hambre y la desigualdad. Una deuda histórica.

Ser el primer gobierno alternativo al status quo en más de 19 décadas implica una serie de desafíos que se han evidenciado desde el mismo día del triunfo electoral.

Como un parteaguas, finalmente el pasado domingo 7 de agosto se posesionaron Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de Colombia respectivamente, en medio de una jornada llena de gestos simbólicos y políticos, y una Plaza llena que quedará para la historia. Por primera vez en más de 192 años, asume el gobierno nacional un proyecto alternativo a los libretos de las clases dominantes y terratenientes que, bajo el disfraz de partidos de diferentes signos políticos, y herederos del uribismo en los últimos 20 años, habían logrado cooptar el Estado a su imagen y semejanza.

Qué país reciben Petro y Francia

Con el triunfo en la segunda vuelta presidencial con 11,2 millones de votos —la votación más alta de la historia— el Pacto Histórico inició un proceso de empalme con el saliente gobierno de Iván Duque que estuvo caracterizado por las permanentes denuncias de los y las delegadas en las diferentes comisiones del deplorable y preocupante estado en que el gobierno del Centro Democrático dejaba al país.

El entonces presidente Iván Duque, apodado Peter Pan por la prensa independiente, por su distancia de la realidad concreta que vivía el país, dejaba al mismo con un crítico déficit fiscal, altos niveles de endeudamiento, un aumento de la pobreza de 26,9%  a 39,3%, y el desempleo del 9,4% al 12,1%, en medio de importantes escándalos de corrupción y despilfarro de dineros públicos.

La presencia de la espada del libertador marcó una clara diferenciación entre la administración saliente y entrante.

La espada de Bolívar y sus contrastes

Aunque pareciera un dato anecdótico, la presencia de la espada de Simón Bolívar en la Plaza homónima en la cual se realizó la posesión presidencial, marcó una clara diferenciación entre la administración saliente y entrante, y una primera demarcación del presidente Gustavo Petro de cuál será el protagonista los próximos cuatro años de gobierno del Pacto Histórico.

A pesar de que Petro había solicitado al entonces presidente Duque su traslado a la ceremonia, el permiso fue denegado y el presidente electo tuvo que esperar a su juramentación para poder ordenar a la Casa Militar el desplazamiento de la espada de la Casa Presidencial al acto de posesión.

Al llegar la espada, Petro pidió “que solo se envaine —como dijo su propietario, el Libertador— cuando haya justicia en este país. Es la espada del pueblo”, marcando una clara distancia con su antecesor y trayendo a escena una histórica y rebelde tradición bolivariana que las clases dominantes han intentado ocultar por años.

Ser el primer gobierno alternativo al status quo en más de 19 décadas implica una serie de desafíos que se han evidenciado desde el mismo día del triunfo electoral. Transformar la estructura neoliberal, excluyente y contrainsurgente del Estado colombiano implica incomodar a un importante grupo de poderosos que durante décadas, con métodos variados de saqueo, desplazamiento, paramilitarismo y violencia, evitaron a toda costa perder sus privilegios.

Gustavo Petro planteó como una de sus principales prioridades el cumplimiento a rajatabla de la totalidad del texto de los Acuerdos de Paz de 2016.

Reforma del Estado y las estructuras de poder político y militar

Para nadie es un secreto la profunda crisis política y humanitaria que arrastra Colombia hace años, profundizada durante el gobierno de Iván Duque. Las cifras de líderes sociales y ambientales asesinados, la reorganización e incremento de las estructuras paramilitares y del narcotráfico, la permanencia de disidencias de las antiguas FARC y del ELN, la violencia en los territorios marcada por masacres y desplazamientos, entre otros, son muestra de la urgente necesidad de transformación de la estructura de un Estado que ha sido construido bajo las reglas de juego de la guerra.

Gustavo Petro planteó como una de sus principales prioridades el cumplimiento a rajatabla de la totalidad del texto de los Acuerdos de Paz de 2016, y consideró dicho cumplimiento como el primer paso para avanzar en la serie de reformas que necesita el país, especialmente en materia de la Reforma Agraria que encuentra en el texto del Acuerdo en materia de Reforma Rural Integral su esencia. Asimismo, ha anunciado la intención de convocar a los diferentes grupos armados para su desmovilización, así como anunció la reanudación de los diálogos con el ELN, en lo que el Ministro de Defensa Iván Velasquez ha denominado “Paz Total”.

Pero pasar la página de la guerra en un país como Colombia implica mover estructuras que están enquistadas en una vieja doctrina contrainsurgente que ha sido constitutiva de las Fuerzas Armadas, que hoy suman 452.466 efectivos, conformando el segundo Ejército más grande de la región, después de Brasil. Allí una buena parte de los altos mandos no ve con buenos ojos la llegada de un hombre que en su juventud se levantó contra el Estado como guerrillero, y al cual hoy deben subordinarse Jefe de las Fuerzas Militares. 

De esa manera, se abren interrogantes sobre la efectividad que tendrá el Ministro Iván Velasquez, un jurista estudioso en Seguridad y Defensa, que ha anunciado el inicio de un proceso de transformación en la doctrina de las Fuerzas Armadas, donde no se contemplará tolerancia alguna a casos de violación de Derechos Humanos y a actos de corrupción.

El Ministro ha enfatizado en la necesidad de devolver a las Fuerzas su dimensión original de defensa de la soberanía y la preservación del territorio nacional, lejos de la doctrina contrainsurgente y de la formación para la guerra interna que el presidente Petro está dispuesto a poner punto final.

Uno de los principales retos está en la respuesta de las facciones más radicales de las Fuerzas, acostumbradas hasta ahora a recibir por parte de las administraciones anteriores, prebendas y beneficios en diversas actuaciones ilegales y violatorias de los Derechos Humanos. En ese marco también se ubica el anuncio de la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para pasar a depender del Ministerio del Interior.

El eslabón de la transformación en la doctrina militar es uno de los puntos que más duele en el riñón del uribismo, pues su proyecto político ha sido construido en la doctrina de seguridad democrática enfocada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Precisamente este punto fue el más profundizado por la réplica de la oposición al discurso de posesión de Petro, así como una serie de cuestionamientos al recientemente publicado informe de la Comisión de la Verdad —encargada de sistematizar testimonios de víctimas— que arrojó a la Fuerza Pública como una de las principales responsables en la victimización de la población civil durante el conflicto.

Gustavo Petro inició su gobierno con el anuncio al día siguiente de su posesión de una nueva Reforma Tributaria que busca gravar a quienes tienen mayores ingresos.

Transformar el viejo modelo neoliberal

Más de 30 años de seguir las recetas del Consenso de Washington han dejado en Colombia, además de las dramáticas cifras de desempleo y desigualdad, un Estado minúsculo en presencia y garantía de los derechos sociales básicos. La privatización de la salud y la educación, los fondos de pensiones, la flexibilización laboral, la permisividad de desregulaciones laborales, junto a la velada la evasión de impuestos, entre otros beneficios a los grandes empresarios y ganadores de la partida neoliberal son solo algunos de los escandalosos resultados del modelo neoliberal en Colombia.

Gustavo Petro inició su gobierno con el anuncio al día siguiente de su posesión de una nueva Reforma Tributaria que busca gravar a quienes tienen mayores ingresos, aumentar los impuestos para el sector petrolero y minero e iniciar una lucha contra la evasión, que tiene un enfoque redistributivo para garantizar la larga lista de políticas sociales y de ingresos básicos que prometió implementar en campaña.

Incluir a los más de 20 millones de colombianos y colombianas que se encuentran bajo la línea de pobreza, implica una férrea decisión del gobierno en no dejarse doblegar por los intereses de los grandes empresarios y sus medios de comunicación.

Asimismo, el gobierno tiene el desafío de avanzar con algunas de sus principales banderas de campaña como la transformación de la estructura económica vinculada con la progresiva transición de la extracción de recursos naturales como el petróleo y el carbón, hacia energías renovables, reto no menor teniendo en cuenta que el país percibe cerca de un tercio de sus ingresos del sector fósil.

Petro anunció su intención de restituir las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela.

Una agenda para la unidad continental

Durante su discurso de posesión Petro enfatizó en la importancia de construir una política de integración continental que permita consolidar las potencialidades humanas, biodiversas, políticas y energéticas de la región en un contexto de transformación geopolítica. Este elemento, aunque puede parecer común en otros países de la región, en el caso de Colombia es novedoso, teniendo en cuenta el rol que había desarrollado el país en su política exterior de agente de la política hemisférica de la Casa Blanca, guardián de sus intereses y articulador de sus aliados en su lucha contra los procesos alternativos o revolucionarios de la región, en especial en el caso de Venezuela.

Días después de su victoria electoral, el hoy presidente ya había anunciado su intención de restituir las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, suspendidas desde 2015 como parte del acoso diplomático impulsado por Colombia contra el país fronterizo —Iván Duque se fue del gobierno todavía reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela—. Durante su posesión, Petro dedicó una fuerte crítica a la política de la llamada guerra contra las drogas impulsada por el gobierno estadounidense hacia el continente, orientada en el país por el Plan Colombia. El presidente recalcó el fracaso de la misma, y mencionó las nefastas consecuencias de esta política en materia de violencia y asesinatos.

El 7 de agosto dejó como imagen un giro en la política exterior colombiana a partir de la actitud de las y los presidentes de la región, poniéndose de pie en el momento en que la espada del Libertador ingresaba en la ceremonia de posesión. Algo que sin dudas contrastó con la expresión molesta —y cobarde— de Felipe VI, Rey de España, quien se negó a rendirle honores al ingreso de la espada de Simón Bolívar. El libertador que, 203 años atrás, expulsó al Ejército realista de esas tierras.

Un pequeño gran gesto de soberanía demostrando que después de dos siglos, de la mano de la llegada de un gobierno popular a la Casa de Nariño, Bolívar sigue vigente.