La oposición en el Congreso unirá fuerzas en dos proyectos claves para condicionar fuertemente al gobierno nacional. En minoría en ambas cámaras, los libertarios solo cuentan con sus aliados de Pro y difícilmente logren resistir la embestida de la oposición.
En la Cámara de Diputados, se rechazará el decreto presidencial por el cual aumentó en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En ese sentido, los diputados de Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, solicitaron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, la sesión especial para el próximo jueves 15 de agosto a las 10 horas, con el DNU que aumentó en más de 700% el presupuesto de la SIDE.
El bloque de Miguel Pichetto está muy cerca de darle un revés al decreto con ayuda de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda y un sector del radicalismo.
En paralelo, en el Senado buscará convertir en ley una nueva fórmula de actualización de jubilaciones, la cual es vista por el Gobierno como una seria amenaza al equilibrio fiscal.
Sucede que mediante un decreto, el Ejecutivo estableció una nueva fórmula a aplicarse a partir de abril del 2024. Esta se basa en una actualización mensual que se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.
El proyecto con media sanción en la Cámara Baja, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual basándonos en el último dato disponible IPC e incluye una compensación extra del un 8,1%, en compensación por lo perdido en enero.
Se le otorga a quienes cobran un solo beneficio previsional la “garantía del haber mínimo”. Esto es, que los haberes sean de al menos el 1,09 de la Canasta Básica Total (CBT).
A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico.
Ese proyecto también busca, entre otras cosas, cancelar las deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme.
El presidente Javier Milei calificó como “degenerados fiscales” a los diputados que votaron esa ley y avisó que la vetará. Para no tener que llegar a esa instancia, La Libertad y Avanza y el PRO impulsan una propuesta que morigera el impacto fiscal y no contempla los pagos a las cajas, entre otros puntos que fueron eliminados.
