En medio de una crisis social por la falta de vacunas, la pandemia de Covid-19 y un motín de presos que arrojó 75 asesinatos, la derecha sigue sembrando incertidumbre, irregularidades y ataques a la democracia en Ecuador.
El proceso electoral ecuatoriano está marcado por incertidumbres e irregularidades. El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta. Como se sabía, Andrés Arauz ganó, con 32.70%, y Guillermo Lasso quedó segundo, con 19.74%.
Carlos “Yaku” Pérez apostó a movilizaciones y denuncias mediáticas para denunciar fraude. En una movilización al CNE en Quito anunció que presentaría irregularidades en 16 mil actas -de un total de 39 mil- cifra que luego amplió a 20 mil.
La estrategia de Pérez fue una farsa, del anuncio de 20 mil actas con irregularidades pasó a la presentación de 7.233, de las cuales 1.453 eran repetidas.
“La estrategia de Peréz no es nueva, en 2017 lo hizo Lasso. En aquella oportunidad, presentaron un sinfín de cajas pero vacías. En una oportunidad hicieron una conferencia de prensa se les cayeron las cajas y estaban vacías. Esta vez aprendieron de aquella oportunidad y llenaron las cajas de actas, aunque muchas de ellas estaban repetidas” explicó Christian González, dirigente del correismo.
Ante ello, el CNE anunció haber encontrado únicamente irregularidades en 31 de las actas entregadas de 9 provincias. El análisis que se hizo de esas actas, no arrojó ningún resultado sorpresivo. No hubo incremento ni disminución de los votos de cada uno de los candidatos. La estrategia de Yaku falló en los papeles, pero encontró rédito en otras instituciones del Estado.
Tanto la Contraloría General del Estado como la Fiscalía del Estado pidieron que se realice una auditoría informática del proceso electoral antes de que ocurra la segunda vuelta. La Fiscalía solicitó el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”.
Esta situación despertó las alarmas en la Alianza UNES que denunció la intromisión de la Contraloría y la Fiscalía en el proceso electoral, violando el articulo 16 del Código de la Democracia.
El abogado de UNES, Carlos Alvear, junto con Santiago Díaz, procurador de la organización, presentaron la denuncia formal en contra del contralor subrogante Pablo Celi y la fiscal Diana Salazar. Ante el pedido, el Tribunal Contencioso Electoral rechazó el pedido de que pueda ser removida la fiscal general de la Nación por intromisión al proceso electoral.
La Contraloría General del Estado y la Fiscalía responden a la estrategia de Yaku Pérez, que intentan instalar la idea de que existió un fraude, tal como viene denunciando el candidato de Pachakutik.
“La Fiscalía y la Contraloría están haciendo eco de las denuncias de Yaku porque son producto de lo que fue la consulta popular. Esta consulta popular hizo perder institucionalidad en todo el Estado. Tanto Moreno y sus aliados, entre ellos Yaku Pérez y Pachakutik promovieron el apoyo a Pablo Celi. El contralor Celi acompañó en alguna de las inspecciones para la explotación minera cuando Pérez era preyecto de la Provincia del Azuay” agregó González.
Otra de las estrategias que utiliza la derecha es la supuesta financiación que recibió la alianza UNES por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De allí buscan la excusa que les dé la oportunidad de descalificar a la candidatura de Andrés Arauz previo al balotaje.
Yaku Pérez declaró a la revista Vistazo que Arauz “va a caer”. En la entrevista el candidato sostuvo que “lo que vino a entregar el fiscal general de la nación de Colombia a su par de Ecuador, no son indicios graves, son certezas. Y eso hace que, si no cae la candidatura del señor Arauz antes de las elecciones, antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narco-política. Eso va a pasar y nosotros, reitero, confiar en esas candidaturas salpicadas por la corrupción, jamás”.
Mientras la pelea por colarse al ballotage o quitar del medio por completo al correismo se da entre la derecha, la crisis económica, sanitaria y social no cesa en Ecuador. La semana pasada se suscitaron amotinamientos en la cárcel de Turi, en Latacunga y Guayaquil, con un saldo de al menos 75 fallecidos en tres cárceles del país, 33 fallecidos en Turi, 34 en la cárcel regional de Guayaquil y 8 en la cárcel de Latacunga.
Las imágenes fueron propias del horror: personas decapitadas, quemadas, descuartizadas con motosierras, amoladoras, con partes del cuerpo arrancadas.
“Esta semana ha sido desoladora. Hemos tenido que ver como el gobierno de Moreno cuida a sus ciudadanos. Tuvimos que lamentar una masacre de 79 personas en las cárceles del Ecuador. El gobierno puso de manifiesto su inoperancia, incompetencia y su inhumanidad” explicó Gonzalez.
La inhumanidad del gobierno de Moreno también se manifiesta en el manejo de la pandemia. Ecuador ha logrado acuerdos con cuatro farmacéuticas: Sinovac, Covax Facility, AstraZeneca y Pfizer – BioNtech. Sin embargo, al país llegaron 42.070 dosis, que representa el 0,2% de lo negociado.
Por estos días, el ministro de Salud tuvo que renunciar por varias denuncias por tráfico de influencia con respecto a las vacunas. Grandes empresarios de los medios de comunicación y banqueros del Ecuador recibieron la dosis a pesar de no estar en los grupos prioritarios de vacunación.
“El panorama es lamentable. No solamente porque no llegan las vacunas, sino porque las que llegan están siendo usadas para vacunar a los amigos del gobierno. Por otra parte han dejado morir a los conciudadanos” manifestó el dirigente social de Ecuador.
Ecuador atraviesa días de incertidumbres e irregularidades sociales, sanitarias, económicas y electorales. Lenin Moreno quiere despedirse del gobierno con la frutilla del poste: privatizar el Banco Central, para condicionar el próximo gobierno. Las próximas semanas serán claves para determinar si Ecuador regresa a un proyecto progresista o hay una profundización neoliberal.
