La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) presentó un informe sobre las protestas de octubre del 2019 y las violaciones de Derechos Humanos cometidos por el Estado de Ecuador. La Comisión recomendó que la Justicia investigue un posible crimen de lesa humanidad.
El pasado miércoles 17 en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito se presentó el Informe final de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia sobre los hechos ocurridos en las protestas de octubre de 2019.
Tras los hechos acontecidos en el paro nacional de octubre de 2019 el defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión, creó la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), con el objeto de investigar las posibles vulneraciones de derechos humanos suscitadas durante las movilizaciones del 3 al 16 de octubre del año anterior
La comisión procedió a recopilar, receptar y documentar testimonios e información judicial, administrativa, documental y electrónica obtenida de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, fuentes públicas, medios de comunicación, prensa, periodismo comunitario.
La CEVJ pudo establecer que las y los agentes del Estado hicieron uso xcesivo de la fuerza en reiteradas ocasiones, conductas que, en el contexto nacional entre el 3 y el 16 de octubre, causaron serios, y en algunos casos irreversibles, daños a civiles
Entre las pruebas que reunió, recibió 519 testimonios durante su mandato. De este universo, 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre; 169 hombres y 80 mujeres.
Los testimonios recabados fueron de carácter voluntario, por lo tanto, el total presentado no debe ser considerado como definitivo y en el marco de la investigación penal se podrá establecer el número total de víctimas y afectados.
Entre las violaciones a los derechos humanos, la Comisión por la Verdad determinó que 123 fueron violaciones al derecho a la integridad persona, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 de violencia sexual, y 20 lesiones oculares.
Además, la CEVJ registró que 81 personas refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.
Entre las pruebas que recolecto, se determinó que se habrían configurado detenciones ilegales y arbitrarias, ya que se mantuvo incomunicadas a las víctimas sin fórmula de juicio y en lugares no autorizados para la detención.
La CEVJ concluye que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.
Parte de las conclusiones del informe indica que el discurso del Gobierno fue parcial e introdujo una agenda desestabilizadora que busco deslegitimar la protesta social.
La comisión señaló que todo lo expuesto en su informe deberá ser investigado penalmente por la Fiscalía General del Estado de Ecuador y que corresponderá a los operadores de justicia determinar la verdad judicial de estos hechos.
Según el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, la justicia debe investigar para establecer responsabilidades que podrían ir desde el presidente de la República, Lenin Moreno, hasta ministros de Estado.
Por último, el cuerpo consideró que las autoridades judiciales deben poner énfasis “en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de ataque generalizado contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad”.
Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/ecuador-authorities-must-end-repression-demonstrations/
