Por Vijay Prashad* y Manolo De Los Santos**
El 21 de febrero de 2021, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo una declaración en honor al 173º aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista por Karl Marx y Friedrich Engels. La declaración fue parte del Día Internacional de los Libros Rojos, una iniciativa de editores de izquierda. La humanidad, dijo Maduro, necesita avanzar hacia un sistema social que anteponga las personas a las ganancias y la paz a la guerra. “Digo esto”, dijo, “como obrero, como conductor de autobús, como luchador sindical y como miembro de la clase obrera venezolana”. Su declaración indicó además que, lo que se necesita para enfrentar el bloqueo hacia Venezuela por la guerra híbrida impulsada por Estados Unidos y hacer avanzar la sociedad hacia el socialismo, es “unidad, un espíritu unitario, abarcador, incluyente y amplio de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias que buscan el socialismo en la humanidad”.
Al día siguiente, Maduro llevó a su personal en autobús para celebrar sus 30 años en la política. “Sigo siendo el mismo hombre”, dijo, “con los mismos sentimientos de amor y lealtad hacia el pueblo”. Pero el contexto de la política venezolana ha cambiado enormemente durante estos 30 años. En la década de 1990, Maduro formó parte de la lucha obrera que se aglutinaba en torno al liderazgo de Hugo Chávez y que finalmente triunfaría en las elecciones de 1998 y abriría el proceso conocido como Revolución Bolivariana. Los ataques contra este proceso comenzaron de inmediato, con un fallido intento de golpe de Estado inspirado por Estados Unidos en abril de 2002. No hubo un día en que la revolución venezolana haya podido descansar. Si bien el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra Venezuela desde 2005, no fue hasta 2015 que este régimen de sanciones ilegales se convirtió efectivamente en un bloqueo del país. La caída de los precios del petróleo, la falta de acceso a la financiación, la inhabilidad para comerciar con el mundo exterior y la constante amenaza de desestabilización política e invasión han atrapado a Venezuela en ciclos de crisis.
No está justificado por el derecho internacional
A principios de febrero de 2021, Venezuela recibió la visita de Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Douhan, que es de Bielorrusia, se reunió con funcionarios gubernamentales, líderes de la oposición y organizaciones de derechos humanos y visitó hospitales, escuelas y fábricas. Antes de que Douhan saliera de Caracas, el 12 de febrero dio a conocer sus “conclusiones preliminares” en una conferencia de prensa. Su informe es “preliminar” porque se presentará una versión más completa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2021.
El informe preliminar de Douhan proporciona hechos sobre el duro impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y por la Unión Europea a Venezuela, que exacerban la crisis producida por el colapso de los precios del petróleo en 2014. “Los ingresos del Gobierno”, escribe, “fueron reducidos en un 99 por ciento y el país actualmente vive con el 1 por ciento de sus ingresos previos a las sanciones”. Como resultado de esta desaparición de las finanzas de Venezuela, el país “enfrenta una falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas” necesarios. “Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6 mil millones de dólares”, explica.
El impacto social de este estrangulamiento es severo, y Douhan no rehúye las implicaciones. El informe afirma que en los últimos seis años 2,5 millones de venezolanos han caído en la inseguridad alimentaria, mientras que los niveles de generación de electricidad han caído al 20 por ciento. Douhan escribe: “Los mecanismos de compensacion incluyen una disminución del número de comidas por día (1 o 2 en lugar de 3); reducción de la cantidad y calidad de los alimentos; descapitalización / venta de activos domésticos para comer; y gastos reducidos de salud, ropa y educación; con aumentos correlativos de crisis familiares, tensiones, violencia y separaciones; trabajo infantil; participación en la economía sumergida; actividad delictiva, incluida la trata de personas y drogas; trabajo forzado; y migración”. Las medidas gubernamentales para luchar contra el hambre se han visto limitadas por la falta de recursos.
El informe de Douhan apunta claramente a las sanciones como el principal instrumento de esta crisis social en Venezuela. Estas políticas, escribe, van en contra de todos los axiomas del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 10 de diciembre de 2020, Douhan había publicado una guía sobre sanciones y COVID-19, en la que sugería que “las exenciones humanitarias siguen siendo ineficaces, ineficientes e inadecuadas”. En su informe preliminar sobre Venezuela, Douhan repite el punto de que las exenciones humanitarias son “ineficaces e insuficientes”, pero agrega que están “sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para mantenimiento y restauración de la economía y los servicios públicos”.
Esencialmente, la relatora especial de la ONU pide el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. La Unión Europea no parpadeó, sino que agregó a 19 funcionarios venezolanos a su lista de sanciones (Venezuela, en consecuencia, expulsó a la embajadora de la UE). El equipo del presidente estadounidense Joe Biden dijo que su administración mantendrá las sanciones de Donald Trump y la política de “no contacto” contra Venezuela. Sin embargo, Biden podría permitir que Venezuela realice intercambios de crudo por diésel con empresas petroleras, aunque no hay un movimiento formal en esta dirección.
Ley antibloqueo
Es imposible que un gobierno se muestre tan arrogante ante una crisis social tan profunda. De manera regular, las distintas fuerzas sociales en Venezuela salen a las calles para protestar por el bloqueo y fortalecer la voluntad política en este período de crisis prolongada. Incluso durante la pandemia, ha habido una mayor conciencia política a través de manifestaciones y eventos en línea y fuera de línea. Pero esa movilización política por sí sola no alimenta a una población que ha tenido que reducir a entre una y dos comidas al día.
Hablamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, sobre la aprobación de una ley antibloqueo en septiembre de 2020. Mientras Douhan estaba en Caracas, Castillo nos dijo que las medidas coercitivas están “aumentando la asfixia de la gente”. La política de sanciones de Estados Unidos y la UE tiene dos caras: sanciones directas contra empresas y personas que comercian con el gobierno venezolano, y sanciones indirectas que penalizan a quienes hacen negocios con quienes violan las sanciones directas. Esto último ha producido lo que se conoce como “sobrecumplimiento” y es una “especie de chantaje”, señaló Castillo.
La ley antibloqueo es “temporal” y busca proteger a quienes hacen negocios con Venezuela de las sanciones de Estados Unidos y la UE, expresó el viceministro. “La ley antibloqueo tiene como objetivo fundamental activar todas las fuerzas productivas del país, tanto públicas como privadas, para reactivar la economía. Es absurdo y demagógico decir que nos hemos volcado hacia una política de privatización”, expresó, “cuando estamos dando a todos los sectores la capacidad de romper el bloqueo”.
Hay políticas experimentales de todo tipo sobre la mesa: pagos digitales para el transporte público, un nuevo sistema tributario sobre las transacciones en moneda extranjera, aumento de los impuestos a los residentes ricos de Venezuela y estimulación de la agricultura.
Venezuela seguirá dependiendo de su industria petrolera hasta que pueda reorientar toda su economía, un proceso que comenzó en la década de 2000. “Sin recursos para el país —dice Castillo— no puede haber políticas sociales redistributivas. Incluso con el bloqueo, el Estado venezolano sigue dedicando el 70 por ciento de sus ingresos a la política social”. Parte de este dinero se destinó a construir más de 3 millones de hogares para la gente, mantener a más de 10 millones de niños en el sistema de escuelas públicas y proporcionar alimentos subsidiados a 6 millones de familias. “¡Cuánto más podríamos hacer —exclama— si pudiéramos recuperar nuestros ingresos que han sido robados y bloqueados!”.
Este artículo fue elaborado por Globetrotter.
* Vijay Prashad es historiador, editor y periodista indio. Es compañero de redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books; director de Tricontinental Instituto de Investigación Social y miembro senior no residente del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang, Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, incluidos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets (Batalla de Ideas, 2020), que cuenta con una introducción de Evo Morales Ayma.
** Manolo De Los Santos es investigador y activista político. Durante diez años, trabajó en la organización de programas de formacion y solidaridad para desafiar el régimen de sanciones ilegales y bloqueos de Estados Unidos. Con sede en Cuba durante muchos años, Manolo ha trabajado para construir articulaciones internacionales de movimientos y organizaciones populares. En 2018, se convirtió en el director fundador del People’s Forum en la ciudad de Nueva York, una incubadora de movimientos para las comunidades de la clase trabajadora para construir unidad a través de las líneas históricas de división en el país y en el extranjero. También colabora como investigador con Tricontinental Instituto de Investigación Social y es becario Globetrotter / Peoples Dispatch.
Ambos autores, junto a Claudia de la Cruz, coordinan el libro Viviremos. Venezuela contra laguerra híbrida, compilación que aborda el asedio a través de las medidas unilaterales coercitivas por parte de EE. UU. y sus aliados. La edición en español será publicado próximamente por la editorial Batalla de Ideas y el Instituto Tricontinental de Investigación Social.
