Por Leandro Yanson
Dentro del discurso de apertura realizado por el presidente se resalta una perspectiva en torno a la problemática laboral de la Argentina, y la vincula con la política social que se lleva adelante desde antes del gobierno del Frente de Todos. Planes sociales por trabajo formal es el eje que define el camino de recuperación económica previsto por Alberto Fernandez. De fondo, se asoma la idea del Estado como último empleador.
Cambio de la política social distributiva
“Argentina necesita iniciar un proceso de desarrollo inclusivo que atienda la incorporación de quienes hoy reciben planes sociales y a partir de ellos, asociados en cooperativas o prestando trabajos en el Estado, buscan mejorar sus condiciones de vida”. Esta sentencia del presidente está acompañada por el proceso de incorporación de trabajadores de la economía popular a sectores formales del mercado. Pero la misma lleva detrás de sí un “techo” en el gasto social destinado al salario.
"Los objetivos para los próximos años son la creación de 200 mil puestos de trabajo y 10 mil nuevas empresas por año, reducir la inflación de modo sostenido y superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones", el presidente @alferdez en la #AperturaSesiones2022 pic.twitter.com/cWNcOYRWBP
— Casa Rosada (@CasaRosada) March 1, 2022
Con la asunción de Juan Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social se inició una política de achicamiento en la distribución de planes sociales, dando por terminadas las altas en el programa Potenciar Trabajo, y estableciendo únicamente el sistema de transferencia de titulares. Este anuncio se junta también con el aumento de tarifas principalmente en Buenos Aires, el cual promete ser segmentado en base a ingresos.
Lo cierto es que en su discurso, Fernandez también hizo hincapié en uno de los reclamos más centrales del sector de la economía popular, que es el acceso a créditos para las cooperativas de trabajo, agregando la compra de insumos por parte del Estado y la ya implementada participación en las obras públicas, mediante el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Integración Sociourbana
“Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas”, fue otra de las ideas enunciadas por el presidente y que se propone a ejecutar el Frente de Todos para estos dos años restantes de mandato.
Aún así, por fuera de este horizonte trazado por Alberto Fernandez, queda otro de los reclamos impulsados por los movimientos sociales y por el Papa Francisco, que es el de un salario básico universal. Esta ausencia representa una tensión en las distintas miradas que hay entre quienes integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ven una limitación en el acceso a políticas salariales para el conjunto del sector.
Probablemente el mayor cambio en la lógica económica está representado en las intenciones del gobierno de integrar con mayor formalidad a quienes realizan tareas de cuidados, prometiendo 200.000 puestos laborales para quienes se dedican a ese trabajo.
La situación del empleo formal
Tras la pandemia las estadísticas brindadas por el Indec informan que ha habido una rebaja del 1,5% en la tasa de desocupación, la mayoría de los puestos de trabajo corresponden a una recuperación de los empleos que se habían perdido durante la crisis del Covid. Son los rubros de comercios, turismo y construcción.
La principal mancha en las cifras del gobierno están enmarcadas en el proceso de destrucción laboral que afecta a la Argentina, así como creció el empleo formal en un 2,4% la informalidad lo hizo entre seis y ocho veces más.
En los inicios de la gestión, el Frente de Todos se proponía impulsar a la Argentina a través del salario y el consumo. Su primera fue el acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino, que planteaba aumentar las exportaciones del campo y generar 700.000 puestos de trabajo. Dentro de sus planes no se explicaba cómo se pensaba concretar ambos objetivos, pero finalmente ocurrió un aumento de las exportaciones con la misma o menor producción, generando más inflación y poca creación laboral.
Ahora el Ejecutivo quiere reactivar su agenda legislativa con los proyectos que tenía en carpeta y que no lograron ingresar al recinto en 2021. Se trata de nueve leyes de las cuales cinco tienen como perspectiva generar más puestos de trabajo. Son La ley del Cannabis Medicinal, Ley de Inversión Automotriz, Ley Agro Bio Industrial, Ley de Compre Argentino y la Ley de Desarrollo Hidrocarburífero.
Se pueden representar en tres las líneas de políticas de empleo que se propone el gobierno para enfrentar la crisis. La inversión en empresas estatales o en obras públicas, las cuales ya viene realizando. El subsidio al grueso de las empresas privadas. Y lo más novedoso, el pago directo salarial a los trabajadores de la economía informal que se incorporen al mercado formal, quienes tendrán que resolver como discutir sus paritarias.
Esta modificada política social del gobierno le da más centralidad al Estado en la regulación de la economía popular, algo que estaba principalmente en la agenda de los movimientos sociales, quienes ahora tendrán un lugar un poco más alejado en lo que respecta a la regulación de la misma.
Por otra parte, todas las municiones del empleo se concentran en el papel del gobierno como garante del trabajo, casi da lugar a un mercado laboral compuesto por un sector público y un sector mixto. El Estado queda a cargo hoy en día de toda la masa que representa a los monotributistas, cuentapropistas, trabajadores no asalariados y se suma también a sus espaldas a todos los desempleados.
