La masiva marcha del mes pasado en apoyo a las universidades, convocada en reclamo de una actualización del presupuesto en medio de la creciente inflación y del fuerte ajuste que viene realizando el Gobierno desde el 10 de diciembre, tuvo un alto impacto y movió las fichas en la administración de Javier Milei.
A casi un mes de aquella marcha a Plaza de Mayo, el Gobierno destrabó fondos para garantizar el funcionamiento de la UBA, despertando el repudio de las 60 casas de estudio restante.
Según lo acordado entre el gobierno nacional y los rectores de la UBA, el presupuesto de 2024 incluirá una mejora de las partidas de funcionamiento del 270% en términos nominales y del 300% para los hospitales universitarios.
Esa situación llevó a que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió, con el voto abrumadoramente mayoritario de los decanos y representantes de profesores, graduados y estudiantiles, dejar sin efecto la declaración de emergencia presupuestaria oportunamente resuelta.
Los únicos que rechazaron la resolución fueron los representantes de la minoría estudiantil, mientras que apenas tres rectores sobre trece (el de Filosofía y Letras, Sociales y Ciencias Exactas), optaron por una abstención.
El acuerdo, sin embargo, no incluye la actualización de las partidas salariales para docente y no docentes que representan más del 85% del total de los fondos que necesita esa universidad para funcionar. Tampoco están incluidos los fondos para desarrollo de ciencia y técnica, becas y otras partidas de extensión y capacitación.
El comunicado del CIN
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un duro comunicado en el que sostiene que el conjunto del Sistema Universitario Argentino no aceptará “que existan estudiantes de primera y de segunda”, tras conocerse la decisión del Gobierno Nacional de actualizar el presupuesto solo para la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema”, señaló el Comité Ejecutivo de la entidad.
“Habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”, exigió el organismo que nuclea a las rectoras y los rectores de las Casas de Estudio.
El Comité decidió asimismo “quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.
Juntos a pesar del acuerdo
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que mantendrán el pedido de recomposición salarial de docentes e investigadores, y que acompañarán el reclamo del resto de las universidades del país, para que el Ejecutivo les envíe los fondos que les garanticen el funcionamiento.
“Por supuesto que la UBA también va a reclamar no solo los gastos de funcionamiento de la UBA, sino de todo el sistema. Tal vez la UBA, por una cuestión de volúmen es la que tiene mahyor repercusión, pero para nosotros es importante que el resto de las universidades puedan funcionar”, subrayó.
