El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.
La presentación realizada este viernes se trata de una acción declarativa ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña al considerar que «vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT».
En un comunicado, el Gobierno informó que el escrito plantea la “gravedad institucional” generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Morales, ya que “está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.
La presentación destaca, asimismo, que organismos Internacionales de derechos humanos, «con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma».
El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial «se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación con diversas cuestiones que los afectan en forma directa».
La reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calle y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada el 20 de junio, en medio de graves incidentes en la ciudad capital.
Desde su aprobación, miles de jujeños y jujeñas se encuentran en la calle protestando contra la nueva constitución que fue aprobada de manera exprés por convencionales constituyentes del radicalismo y el peronismo.
La repuesta del gobierno de Gerardo Morales a las protestas fue la represión y la persecución de cientos de manifestantes que llegaron a ser más de 40. En ese contexto, al menos 18 familiares de detenidos denunciaron ante la sede local de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que están siendo hostigados, seguidos y vigilados en las calles por policías.
Esta semana el Instituto Nacional del Teatro denunció que la docente, actriz y bailarina, Camila Müller fue agredida verbal y físicamente en la madrugada del 28 de junio en su domicilio. Antes de irse, le dijeron «No te hagas la revolucionaria, ya te tenemos junada».
En el contexto de represión y persecución, el gobierno de Gerardo Morales volvió a culpar a Milagro Sala de las protestas y ordenó allanar su casa. El procedimiento fue ordenado por el juez Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el objeto de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares.
A través de las redes sociales, la Tupac Amaru denunció al gobernador Gerardo Morales por continuar con “la represión”, tras el operativo policial en la casa de su líder.
Ante la complicidad judicial en la persecución política que se vive en Jujuy, los senadores nacionales Guillermo Snopek y Juliana Di Tullio presentaron un proyecto de ley que propone declarar la “intervención Federal a la Provincia de Jujuy en su Poder Judicial” para “garantizar la forma republicana de gobierno” y “evitar incurrir en una responsabilidad internacional del Estado Argentino”.
