Pese a su histórico mal funcionamiento y de los casos de abusos y gatillo fácil que se denuncian anualmente en nuestro país, el gobierno de Javier Milei está decidido a empoderar todavía más a las fuerzas de seguridad.
Ahora, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de diferentes fuerzas federales. En síntesis, se trata de una “Doctrina Chocobar” recargada. Lo que ya generó advertencias de organismos de Derechos Humanos, que anticipan que en lo que va del gobierno de Milei, ya fueron asesinadas 60 personas en manos de las fuerzas de Seguridad.
“Estamos derogando toda resolución del Ministerio de Seguridad así como las disposiciones internas de las fuerzas que se contrapongan a lo que está normado en esta resolución”, planteó Bullrich en una conferencia de prensa que dio en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario.
En detalle, ahora las fuerzas federales estarán habilitadas a usar armas de fuego “cuando haya un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que estén en peligro frente a un ataque de criminales” o para “impedir la comisión de un delito, cuando sea un delito grave que ponga en riesgo la integridad física de las personas”.
Al mismo tiempo, según explica la resolución, los miembros de las fuerzas también estarán habilitados a usar armas para “detener a un delincuente cuando oponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue”.
“Esto es muy importante porque siempre se plantea que el delito se termina en el momento en que aparentemente el delincuente se fuga. No es lo que dicen nuestros códigos de fondo. El Código Penal es claro: la acción obliga a las fuerzas de seguridad a impedir la fuga de los delincuentes”, agregó Bullrich.
Aunque la ministra no lo haya especificado, en el modus operandi de las fuerzas de Seguridad, poner a disposición este nuevo permiso habilitará a que se den más casos de gatillo fácil, incluso disparando por la espalda a quien huye luego de haber cometido un delito.
Fue el caso preciso del asesinato de Pablo Kukoc en manos del expolicía Luis Oscar Chocobar, quien disparó por la espalda. Posteriormente, la defensa a ultranza por parte de Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri, lo convirtió en un ícono de la nueva policía.
Los efectivos, según el nuevo protocolo, “deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alta”. Sin embargo, aclaró la ministra, habrá excepciones. “Hay momentos en que si el agente se da a conocer pone en riesgo su vida o la de terceros. Y ese agente está rodeado por un grupo de narcotraficantes, de asesinos, criminales, y da la voz de alto, en el momento que está rodeado puede dar a conocer su posición y en esa posición los delincuentes saben de dónde sale la voz de alto y matan al agente”, detalló la ministra.
Además, la resolución sostiene que la habilitación para no identificarse también estará permitida cuando “exista una desventaja numérica o táctica, porque ahí el agente puede sufrir las consecuencias”.
“Con estas pautas, policías, gendarmes y agentes de seguridad van a saber que están siendo protegidos por un sistema que les permite cumplir la función para la que fueron capacitados. No queremos más casos Chocobar en lo que se esté discutiendo si hizo las cosas mal o no”, sostuvo Bullrich en la conferencia.
60 casos de gatillo fácil en tres meses
Por su parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció este viernes que en los primeros días de gobierno de Javier Milei están viendo “el impacto de políticas represivas” con más de 60 muertes por violencia desde el Estado y advirtió que “los intentos de censura sobre los medios públicos van a afectar la recopilación de casos”.
Al realizar el acto anual de presentación del Archivo de personas asesinadas por el Estado, Correpi advirtió que el gobierno de Milei podría convertirse en el más represor desde la última dictadura, con más de 60 casos desde que comenzó la actual gestión.
Verdú explicó que llegaron a esa cifra con base en denuncias de familiares y hechos difundidos en medios de comunicación, pero todavía no realizaron el informe oficial.
En ese sentido, Verdú repudió “los intentos de censura del actual gobierno sobre los medios públicos” que afecta “de manera central esta tarea de recopilación de casos porque no es precisamente la prensa comercial de donde obtenemos información, sino de los medios públicos que cubren todo el país”. “No al cierre de Telam”, subrayó.
