El Poder Judicial vuelve contra Cristina y reabre dos causas claves

Casación reabre las causas Hotesur - Los Sauces donde hay imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero, y sobre el memorando con Irán donde se la acusa de encubrimiento.

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos. Sin embargo, esas medidas son apelables ante la Corte Suprema de Justicia.

En el caso Hotesur – Los Sauces, hay imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, los jueces revocaron los sobreseimientos dispuestos por el Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021. No obstante, ratificaron que queda fuera del proceso Florencia Kirchner porque tenía 12 años en el momento en que se habrían producido los hechos.

Casación dispuso que vayan a juicio oral la actual Vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Leandro Báez, Sabrina Báez, Carlos Sancho, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.

Asimismo, fueron apartados los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Esos jueces habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero eran de “origen lícito” pues estaban bancarizados y “estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades”. Los jueces de Casación Barroetaveña y Petrone objetaron este planteo.

Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

En cuanto al Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013 (y ratificado por el Congreso Nacional), cuyo objetivo era destrabar la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, Barroetaveña y Petrone también revocaron los sobreseimientos y ordenaron que se haga el juicio oral.

El fallecido fiscal Alberto Nisman denunció a Fernández de Kirchner y otros dirigentes y funcionarios kirchneristas de encubrimiento del atentado a través de este instrumento, pero finalmente los jueces del TOF 8 sostuvieron, en síntesis, que “el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito”.

Ahora Casación, dispuso apartar a los jueces del TOF Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez, y después de un extenso análisis del caso, señaló que “los defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a quo afectan la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN, justifican la invalidación de la resolución recurrida”.

Los querellantes -la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y familiares de víctimas de la AMIA- habían apelado los sobreseimientos de los acusados. Por ejemplo, la DAIA dijo que “no puede considerarse una ‘cuestión política no justiciable’ la suscripción de un Memorándum de Entendimiento, que según la acusación, tenía como finalidad el encubrimiento de los acusados en un atentado terrorista”.

Los acusados en la causa del Memorándum fueron Cristina Fernández, Eduardo Antonio Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Estas resoluciones del Tribunal de Casación Penal se dan en un contexto de tenso cruce por parte del Poder Judicial contra a exmandataria y actual Vicepresidenta, quien fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la causa Vialidad sobre la obra pública en Santa Cruz.

La expresidenta apeló ese fallo en abril último a través de un escrito de 395 páginas firmado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes advirtieron que el veredicto del TOF 2 no contaba “con pruebas directas” y que se fundó “en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”.