El RIGI y la fiebre del cobre en Argentina

La demanda mundial de cobre crece y Argentina es uno de los principales potenciales exportadores con un RIGI ya implementado. ¿Cómo impactará en el país?

Se denominó granero del mundo al período donde el modelo agroexportador argentino se basaba en la exportación de materia prima y la compra de productos elaborados ( muchas veces hechos con los mismos productos primarios que exportaba)

El PBI de aquellos años fue uno de los más altos de la historia y se hablaba de “la nueva Europa”, ya que en la Capital comenzaron a construirse edificios de lujo como la actual embajada francesa, frente a la plazoleta Carlos Pellegrini; el palacio Pereda, el palacio de Federico Alvear, en la avenida del Libertador, actual embajada de Italia, entre otros.

Sin embargo, fue uno de los periodos con mayor desigualdad, donde los ricos eran más ricos y los pobres eran más y más pobres.

Un siglo después el modelo de exportación se repite, pero en lugar de granos, metales y minerales. La demanda de estos se incrementó por el uso de teléfonos, transmisión de datos, sistema de telecomunicaciones, y transporte.

Argentina es el tercer país en América Latina en capacidad de extraer oro, y el quinto en el mundo en extraer plata. El cobre no se queda atrás, ya que hay 18 potenciales proyectos de extracción de cobre en Argentina, y cinco ya reciben inversiones extranjeras.

Según la cámara de empresarios de minería de Argentina, hay seis proyectos de cobre estimados por 19.400 millones en inversiones, por encima de los de litio que dan 12.300 millones.

Las provincias donde se encuentran las minas de cobre son: Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza y la mayoría de las empresas interesadas en el proceso de extracción son canadienses, australianas, británicas, o de Estonia. También existe un grupo de inversionistas chilenos que le pusieron de nombre Josemaría al yacimiento de cobre en Catamarca por el fundador del Opus Dei: Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás.

La frutilla del postre: el RIGI

Argentina cuenta con la ley 24.228 de inversiones mineras sancionada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que otorga estabilidad impositiva a empresas interesadas en la explotación de metales y minerales, por 30 años, además de otros beneficios.

Al actual marco jurídico se le suma el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) que establece mayores beneficios como bajos impuestos, la posibilidad de proveedores internacionales o la garantía de definir cualquier litigio en tribunales internacionales.

Desde hace unas semanas, el RIGI ya está funcionando en distintos proyectos mineros, hídricos y de energía solar en el país, y el cobre seguramente no será la excepción.