El tarifazo eléctrico amenaza la soberanía alimentaria: los y las productoras dicen basta

En medio de una crisis que amenaza la producción de alimentos, familias campesinas y pequeños productores de La Plata se movilizan este miércoles frente a EDELAP. Denuncian que el tarifazo eléctrico, junto con el abandono de las políticas públicas rurales, está llevando al sector al límite. Exigen subsidios, tarifas diferenciadas y medidas urgentes para garantizar su subsistencia y la soberanía alimentaria del país

En el contexto de una profunda crisis productiva y económica que afecta a las familias campesinas de todo el país,hoy -miércoles- pequeños productores y agricultores familiares de La Plata, provincia de Buenos Aires de organizaciones agrarias convocan a una movilización frente a las oficinas de EDELAP, la empresa que provee del servicio eléctrico a la ciudad. El principal reclamo es el costo inalcanzable de los servicios eléctricos, que está asfixiando al sector y pone en peligro la producción de alimentos para el mercado interno.

Las familias productoras se movilizaron desde las 8:00 horas en 13 y 32 para marchar hacia las oficinas de EDELAP, ubicadas en la calle 32 entre 8 y 9. Esta medida discutida en la Multisectorial que articula a las organizaciones convocantes se llevará a cabo en otros municipios de la provincia, buscando visibilizar la situación crítica del sector. Antes de terminar el 2024 y tras cumplirse un año de su mandato, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) autorizó aumentos en los precios mayoristas de la luz y el gas que representaron entre el 2 y el 2,5% respectivamente. A través de la Resolución 1008/24, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó que la tarifa de energía deberá ser incrementada en un 2%.

Las organizaciones campesinas denuncian que el tarifazo eléctrico ha llevado a muchos productores a abandonar la tierra por los costos impagables. Maribel Tarifa, productora de la Federación Rural de La Plata, expresó: “El gobierno nacional no está presente, tampoco el municipal. Exigimos mesas de diálogos que pongan interés en nuestros reclamos, que son históricos. Esto es lo que más molesta a todos los productores y al sector del campo. Aunque el municipal no reciba apoyo del gobierno nacional, no pueden dejar de lado a quienes están produciendo”.

La problemática no se reduce solo al costo de la luz, sino también a la falta de rentabilidad en la producción. Según Maribel, “la producción es abundante, pero no hay venta, o si la hay, los precios son muy bajos. Para volver a producir se necesita una fortuna. Hay muchos productores que alquilaban un pedazo de tierra y ahora van a dejar de hacerlo porque no llegan a pagar los costos”.

El caso de las tarifas eléctricas es uno de los puntos más críticos. “En algunos lugares, alquilar entre siete y ocho hectáreas entre varias familias productoras implica recibir boletas de luz de más de un millón de pesos. Es inalcanzable pagar esos montos con los precios actuales de los productos. El cajón de morrón se paga entre 1.500 y 2.000 pesos, lo mismo ocurre con el tomate que está saliendo de la quinta a $6000. Mientras tanto, los cultivos de hoja no tienen valor alguno”, asegura Tarifa. En su caso particular, relata que este mes tuvo que pagar 1.600.000 pesos de electricidad: “Es una locura, apenas logramos cubrir la luz. Muchos productores ya se están yendo porque es imposible sobrevivir”.
La multisectorial agraria demanda respuestas urgentes y soluciones concretas por parte de las autoridades. Entre sus principales exigencias expresadas en el comunicado de prensa están:

● Subsidio de emergencia para continuar produciendo.
● Tarifa diferenciada de luz y gasoil para el sector.
● Acceso a la tierra para los pequeños productores.
● Protección del cordón frutihortícola y freno a la urbanización ilegal.
● Compra directa de la producción por parte del Estado.
● Defensa del INTA y de las instituciones que apoyan a los productores.
● Arreglo de caminos rurales y trabajos de zanjeo.

La movilización de este miércoles busca ser un punto de inflexión para visibilizar una problemática que afecta no solo a los productores, sino también a toda la población que depende de los alimentos que ellos producen. Desde el cierre del INAFCI (Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena) hasta el desmantelamiento de programas fundamentales para el desarrollo rural, como el Pro Huerta, el modelo productivo impulsado por el gobierno de Milei aspira a precarizar a los productores, destruir la capacidad productiva y desarticular el entramado social que las comunidades representan para la Argentina. Este modelo beneficia exclusivamente a los grandes terratenientes y corporaciones, dejando a las comunidades campesinas a merced de los intereses de empresarios, el comercio inmobiliario y el monocultivo. A pesar de este contexto las familias campesinas se mantienen firmes en su lucha, convencidas de que el acceso a condiciones dignas de producción es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria del país.