“En Argentina nunca hubo una idea de trabajar la violencia desde la prevención”

¿Cómo se constituye la violencia en el fútbol y cuál fue y es el rol del Estado? Una entrevista con el Doctor en Ciencias Sociales, Diego Murzi.

Murzi cuenta que "no hay un registro de las muertes en general o de los problemas que derivan de los conflictos sociales y no hay, tampoco, un registro del fútbol en particular".

*Por Juan Branz (CONICET/EIDAES) 

Manuel Alejandro “berenjena” López (36) es la última persona, la número 345, que figura en la lista de víctimas por violencia en el fútbol argentino que confecciona la ONG “Salvemos al fútbol”. La primera se remite a julio de 1922. El lunes 12 de septiembre fue asesinado a sangre fría en las inmediaciones del estadio La Ciudadela, en Tucumán. Tres horas y veinticinco minutos más tarde de que López recibiera un balazo en la nuca, San Martín (su equipo) enfrentaría a Belgrano de Córdoba. El presidente del equipo tucumano manifestó que “nada justificaba perder una vida” y que la policía determinaría “cómo sucedió y quiénes eran los responsables”.

Sin embargo, el partido se jugó con una naturalidad asombrosa. Ahora, la fiscalía investiga la hipótesis que le atribuye el disparo a un miembro de “la banda del camión”, una facción de la barra de San Martín. De confirmarse, sería un caso más en donde un hincha asesina a otro de su mismo equipo, sumándose a las variadas formas de enfrentamientos vinculadas al mundo del fútbol.

Pero las barras son uno de los tantos actores para entender las muertes en los estadios y en los barrios. Tal vez la cara visible de las violencias. Periodistas, dirigentes, árbitros, público en general, son responsables (con mayor o menor incidencia) en abonar a una cultura de la desaparición del rival. Desaparición que, en muchos casos, llega a ser real.

Diego Murzi, doctor en ciencias sociales e investigador del Conicet y Escuela IDAES, analizó durante siete años qué hizo y qué dijo el Estado argentino para solucionar el problema de la violencia en espectáculos deportivos, específicamente en el fútbol. Murzi revisa los últimos cuarenta años de la gestión estatal que, desde mediados de los años 90s, se denominó “seguridad deportiva”. La centralidad en la escena política y social, le permite afirmar que la violencia en el fútbol constituye, en Argentina, “un problema público”. Es valorada como una cuestión fundamental de la agenda pública y gubernamental, sobre todo a partir del retorno a la democracia en 1983, más precisamente con la sanción de la Ley 23.184 en 1985 que establece el primer antecedente de legislación sobre los estadios y los espectado­res.

En 2021 publicó su libro “Fútbol, Violencia y Estado. Una historia política de la seguridad deportiva en Argentina”, (Editorial Prometeo) y en esta nota dialogamos sobre la relación entre violencia y Estado en el campo del fútbol. Qué es el “punitisvo populista”, y cómo el Estado crea “sujetos peligrosos” a partir de los prejuicios que circulan entre las ciudadanías.

Diego Murzi durante la presentación de su libro Fútbol, Violencia y Estado. Una historia política de la seguridad deportiva en Argentina”.

Juan Branz: ¿Por qué aumentan las muertes en el fútbol a partir de la década de 1980?

Diego Murzi: Acá hay varios factores. El primero tiene que ver con una cuestión de la propia medición de las muertes por parte del Estado y, si se quiere, esto lo podés ampliar a los incidentes/violencia en el fútbol en general. Esto tiene que ver con el subregistro de datos que hay durante la dictadura. Eso es claro.

Entonces, hay un doble subregistro: no hay un registro de las muertes en general o de los problemas que derivan de los conflictos sociales y no hay, tampoco, un registro del fútbol en particular. Esto, teniendo en cuenta un dato clave, que no hay un registro oficial ni en dictadura ni en democracia de muertos del fútbol.

JB: ¿Y quién las visibilizó?

DM: Son visibles porque aparecen en la prensa. Entonces, ahí habría que analizar cómo comunicó la prensa los distintos tipos de hechos violentos durante la dictadura. Eso es el primer elemento. Después hay un segundo elemento que, bueno, lo dice Pablo Alabarces siempre y tiene que ver con un cambio en el perfil de las barras, que son las que participan en la mayoría de los hechos que involucran muertos; por lo menos en esa época (los 80s). Acá marco otra hipótesis de Alabarces (que tal vez sea más literaria, pero está buena), y es que las barras adoptan el funcionamiento de los grupos de tareas de la dictadura. A mí me gusta pensar más como si fuera una transición paulatina de las barras hacia formas donde aparece mucho más el elemento delictual. Estoy hablando de los 70s para acá, y de la dictadura como momento en donde se hace caso omiso al tema de la violencia en el fútbol. Paradójicamente, en los 70s hay mucho material gráfico y visual en donde se registran hinchadas en batallas feroces. Esto es un indicio que esa forma de violencia entre hinchas era bastante antes en relación a la dictadura.

JB: ¿Con qué tiene que ver ese elemento delictivo?

DM: Aparece en los 80s y se extiende en toda esa década. También coincide con un tipo de gobierno de la seguridad “más blando” desde el punto de vista estatal que también habilitaba a ese delito. Y, también hay un dato clave en esa época: los delitos, cada vez más, se van a cometer con armas de fuego. En un trabajo del sociólogo Sebastián Sustas, se relevan qué tipo de muertes se dan y lo que ve es que va creciendo el uso de las armas de fuego en los enfrentamientos, lo cual genera mayor letalidad. De los 80s para acá, tenemos que agregar el rol de la policía y la herencia de las formas represivas practicadas en la dictadura que, muy de a poco, irá desapareciendo a mediados de los 2000. A partir del 2010, los combates entre miembros de las mismas hinchadas aumentan considerablemente y, también aumentan las muertes en el fútbol.

“La seguridad deportiva, en realidad, es un eufemismo. Es una categoría que hace alusión al control y a la gestión de la violencia en el fútbol en particular”, dice Murzi.

JB: ¿Qué es la seguridad deportiva?

DM: La seguridad deportiva, en realidad, es un eufemismo. Es una categoría que hace alusión al control y a la gestión de la violencia en el fútbol en particular. En otros países, esto abarca más cuestiones. Por ejemplo, en España hay especialistas que se ocupan que en los partidos en donde juegan niños, en Clubes, haya gomaespuma al lado de la cancha para que no se lastimen la cabeza contra una pared. En ese contexto, seguridad deportiva también es controlar el riesgo físico de los deportistas. En Argentina, por seguridad deportiva se entiende otra cosa, y eso se cristaliza en un decreto del año 1997 (aunque ya se venía hablando de la seguridad deportiva) lanzado por (Ex presidente Carlos) Menem en donde, directamente, se habla de seguridad deportiva para hablar de esto, la gestión de la violencia en el fútbol. De hecho, una cosa que es interesante, es que hasta esa época (hasta el ’95, ’96), las cuestiones vinculadas a la seguridad del deporte –es decir a la violencia- pertenecían al área de deportes, a la Secretaría de Deportes. A partir del 96/97 se decide que las cuestiones vinculadas a la violencia del fútbol pasen al área de seguridad, a la Secretaría de Seguridad. No había ministerio en ese momento. Sin embargo, todo el resto de la violencia en otros deportes del rugby, del básquet o de cualquier evento deportivo, quedan bajo la órbita de deporte. Con lo cual, ahí, lo que tiene que ver con el fútbol se convierte en algo particular y algo vinculado a las áreas de seguridad… o sea, la gestión de la violencia del fútbol es un problema securitario. Seguridad deportiva se sigue usando hasta hoy, de esa forma. De hecho, si vos te fijás en las agencias civiles que se encargan de eso, aparece seguridad deportiva, Agencia de Seguridad de espectáculos deportivos y, sin embargo, se ocupan solo del fútbol.

JB: ¿A qué le llamás “populismo punitivo”?

DM: No es una categoría mía, sino que la utilizan investigadores que se dedican a los estudios de la seguridad/inseguridad. Es una demanda generalizada de mano dura por parte de la población. Son reclamos de venganza más que de otro tipo de solución, más que de justicia vía Estado de derecho. Entonces, a medida que el reclamo de mano dura y de castigo es un reclamo generalizado, que empieza a presentarse como un reclamo popular (es lo que aparece como la primera respuesta por parte de muchos sectores de la sociedad en encuestas, en discursos de sentido común, en los medios de comunicación), lo que hacen los actores políticos es echar mano a esas soluciones y proponerlas como las respuestas frente al delito, al crimen y a las violencias. Entonces desde ahí se habla de un “populismo punitivo” en términos de que la punición y el castigo son las herramientas más habituales cuando se trata de ofrecer soluciones o propuestas por parte de los funcionarios y de los actores políticos.

Las barras: Indefectiblemente se trata de hombres, la mayor parte de las veces de sectores populares de clases, y aparece mucho la cuestión de lo extranjero.

JB: ¿Cómo se explica la desafección civil en cuanto a los asuntos de seguridad? Decís, retomando a Marcelo Saín, que es característico de sociedades latinoamericanas. ¿Cuánto tiene que ver la dictadura 76-83 en Argentina?

DM: Yo sigo la evidencia del trabajo de Marcelo Saín que delimitó eso que marca como desafección. Hay otros autores que lo mencionan también. Para mí no sé si tiene que ver con la dictadura. En todo caso no creo que sea así en el campo de la seguridad en el fútbol, porque la centralidad de la seguridad la tiene la Policía. En términos más generales, siempre estuvo en manos de la policía también. Yo lo entiendo como que la cuestión de la defensa de la población siempre fue la policía. La policía era la institución que se encargaba de defender a la población. Entonces, en la medida en que la seguridad no constituía un problema social que generaba demandas amplias en la población (es decir que un ciudadano de a pie no estaba pidiendo más seguridad, como demanda central) no había actores especializados del Estado o de los espacios civiles que se encargaran de la seguridad. No en la medida que la seguridad es un problema central nuevo. También son nuevos los expertos que se encargan de gestionar la seguridad eso para mí lo que hace es explicar que siempre estos problemas quedan en manos de la fuerza de seguridad. Yo lo entiendo, simplemente por ahí, no, no, no, ya te digo, no trabajé más en profundidad sobre esto sino que lo tomé como una evidencia y lo que decías, ahí me sirvió como para reforzar eso, así que bueno, esto es un tema más más pendiente.

JB: ¿Cómo es el proceso de crear un “sujeto peligroso” por parte del Estado?

DM: Ahí hay un proceso que se retroalimenta, por lo menos si hablamos de los últimos 30, 40 años entre ciertos discursos sociales, sobre todo entre los discursos de los medios de comunicación y las políticas del Estado o las medidas que adopta el Estado. En el caso del fútbol lo veo muy claro. Las categorías con las que trabaja históricamente la seguridad deportiva en Argentina estatal reflejan, claramente, la construcción que hacen de los hinchas, de las hinchadas, esos discursos (mediáticos, sociales en general). Eso nos muestra qué piensan de las hinchadas ciertos sectores de la población. Cómo las definen. Si las ven peligrosas, si se creen que son “el mal de todos los males” y las responsables de la violencia y la corrupción en el fútbol, etc, etc.

Salvo que estemos en presencia de funcionarios o agentes que tengan mucho conocimiento sobre el tema y que tomen decisiones en políticas públicas, la mayoría trabaja con lo que dicen los medios y otras instituciones cargadas de muchos prejuicios.

Más allá de eso, hay ciertas características que son similares entre todos esos “sujetos” a la hora de ser representados, pensado por el Estado como “peligrosos”. Indefectiblemente se trata de hombres, la mayor parte de las veces de sectores populares de clases, y aparece mucho la cuestión de lo extranjero.

Lo característico es que esos “sujetos peligrosos” rápidamente son como “modelos” para echar mano frente a la aparición de nuevos de nuevos problemas sociales. Digamos, si vos te fijás, ante ciertas amenazas sobre narcotráfico, violencia en el fútbol, delito en general, va a haber un sujeto culpable y sospechoso a priori. Son jóvenes en su mayoría. Ahí estamos ante algo muy grave: el Estado trabaja con los prejuicios sociales. Se es culpable o sospechoso por su condición de sujeto perteneciente a determinado grupo y a determinadas categorías antes que por su accionar.

El doctor en ciencias sociales sostiene que la violencia está más allá de las barras.

JB: Eso es muy grave…

DM: Ese es un problema para mí, social, democrático, pero también jurídico. Y acá te llevo de nuevo a la cuestión de la violencia en el fútbol. Se quieren generar (desde siempre) nuevas leyes (la última fue, a nivel nacional, Bullrich en el Ministerio de Seguridad en 2016, 17, 18) con la intención de “combatir” a las barras bravas. Pero lo que sucede es que cae en un problema jurídico, porque se parte de pensar a un sujeto como criminal por su adscripción a un determinado grupo. En este caso las barras. Puede haber un pibe que convive con la barra pero sin embargo no genera prácticas delictivas, ni criminales, ni nada. Y, obviamente, puede haber sujetos que no son de la barra y que, sin embargo, sí generan esas prácticas. El problema es que los primeros son catalogados a priori de sujetos peligrosos de amenaza y los segundos no.

JB: ¿Hubo gestiones más exitosas que otras en relación a las prácticas de prevención de violencias en Argentina?

DM: Lo que pasa en Argentina es que hubo (y hay) una cierta uniformidad entre todas las gestiones de control de la violencia en el fútbol. Esto, más allá de los gobiernos y más allá del color político. O sea, yo lo pensaría en términos de etapas, y no tanto en gobiernos políticos. Hay una primera etapa desde la vuelta a la democracia, del ‘85 hasta el 2005/2006 en donde lo que prima es como una fe en que la ley va a resolver todo, en que con buenas leyes y buenos dispositivos jurídicos se van a meter preso a las barras y a los que causan desórdenes (y que eso va a alcanzar). Y ahí, digo, hay varias gestiones ¿no? El gobierno de Alfonsín, después el gobierno Menem, la Alianza, incluso los primeros años de Kirchner. Después lo que ocurre es que eso cambia. Yo marco en mi trabajo que en el 2006 van presas las barras de River y Boca (las cúpulas) y…digamos… nada cambia. Y ahí lo que se empieza a ver (en realidad unos años antes con un fenómeno que ocurre también en Europa) es que la gestión comienza a pasar más por una lógica administrativa/operativa. Ahí es donde se crean las agencias de seguridad de Nación y de las provincias, en el 2002 y el 2005.

JB: ¿Por eso decís que la seguridad se mercantiliza?

DM: Los actores centrales de la gestión de la violencia van a ser esos. Se deja de pensar en construir leyes, de hecho, no se hace ninguna más. Digamos que el saber y el poder recaen en esos actores, que se termina de concretar años después, por ejemplo, con la medida de “derecho de admisión”, que es una herramienta administrativa.

Por eso yo no reconozco que haya gestiones más eficaces que otras. Sí hay gestiones que han hecho más visible la cuestión en su agenda securitaria, como la de Bullrich durante el macrismo. Junto a Lugones, en provincia de Buenos Aires, siempre estaban hablando de las barras, de la posibilidad de crear leyes. Así se lanzó “Tribuna Segura”. Esa fue la última gestión que le dio mucha visibilidad al problema.

JB: ¿Algún gobierno modificó algo?

DM: En términos de intentar un modelo distinto, fue (Exministra de Seguridad, Nilda) Garré cuando asume el Ministerio de Seguridad recién creado a fines de 2011. Juan Carlos Blanco, que ya estaba en la Agencia de Seguridad de Nación, fue el principal responsable de la gestión. Ahí lo que va a ocurrir es que, durante dos años (años no exentos de problemas, como por ejemplo el descenso de River. Con lo que eso significó en términos de seguridad), va a haber un cierto intento de cambio de modelo. No sé si planificado. Se da por la suma de las medidas. En primer lugar, sacarle la a las comisarías de cada jurisdicción la gestión de los estadios. En segundo lugar, Garré cambia muchos comisarios en seccionales de CABA y eso transforma un poco la lógica que ya venía viciada en los operativos. Se crea un protocolo de actuación policial que después nunca se utiliza del todo o nunca se utiliza nacionalmente. Pero sí en CABA. Y eso va mostrando que se perfila hacia un modelo de gestión del espectáculo público-privado más parecido a Europa, en donde la policía está fuera del estadio.

“Lo que sostengo es que la violencia del fútbol se convierte en un problema público, casi en paralelo a su transformación en un problema social”

JB: Hablás de la inacción u omisión del Estado como una forma de intervenir, como parte de cierta política pública. ¿En qué omitió u omite el Estado?

DM: Lo que sostengo es que la violencia del fútbol se convierte en un problema público, casi en paralelo a su transformación en un problema social. Antes de la democracia, no estaba claro, digamos, no era un reclamo de la ciudadanía o algo muy presente en los medios de comunicación o en el discurso de extendido de sentido común (esto de que los estadios “eran violentos”). Sí había episodios que generaban que se preste atención al tema, pero no que eso estuviera instalado en la agenda, como por ahí sí en otros países.

Hay países en donde el problema es previo y la actuación del Estado tarda en materializarse. Por ejemplo, en Bélgica hay problema de hooliganismo desde los años 80s, y la legislación específica para eso ocurre en el ’99. En Argentina es diferente. Aparece el problema en agenda con la vuelta a la democracia, recordemos la muerte del joven Adrián Scaserra como hecho traumático, el asesinato del líder de la barra de River en el ’83, acontecimientos que habían generado que la prensa le diera visibilidad al problema, pero no que el Estado diera respuesta como política pública. Eso ocurre en el ’85 con la Ley De la Rúa

Entonces, digamos, no hay un momento en que el Estado no le da atención al problema. Mejor dicho, es algo va ocurriendo en simultaneo a partir de los 80s.

JB: ¿Qué concepción de seguridad tiene -o tuvo- el Estado para desplegar los dispositivos de control que conocemos?

DM: Para mí la agenda de la seguridad no corre -necesariamente- en paralelo a las concepciones ideológicas generales que pueda tener un gobierno. Por lo menos, en los casos de los últimos 30 años en Argentina respecto al problema de la violencia en el fútbol.

Hay momentos en los que sí aparece claramente una equivalencia. Por ejemplo, en el gobierno de Macri. Macri asume y el primer día dice que va a lanzar una agencia de seguridad en donde habla de distintos problemas como el narcotráfico, la trata de personas, etc, etc, y ahí incluye la violencia del fútbol y las barras. Después, a lo largo de todo el gobierno y sobre todo la gestión de Bullrich, lo que hace es insistir sobre esa lógica: pensar la violencia del fútbol como un problema de barras bravas exclusivamente y centrarse en ese sujeto productor de riesgo para erradicarlo, combatirlo, etc, etc. Digamos, ahí hay como un camino claro hacia eso. El resto de los gobiernos actúan más por reacción. Por dar respuestas ante la gravedad supuesta de un problema. Así es que se sancionan leyes, dispositivos etc. En el gobierno de Néstor Kirchner también hay algunas decisiones sobre ir hacia la gestión del problema (más al estilo europeo). En un momento hubo una Unidad Fiscal móvil (te hablo del 2003-2005). También Castrilli, al mando de la Agencia de Seguridad Nacional, crea una policía específica para estadios, para eventos deportivos.

Pasan los gobiernos y la violencia sigue siendo la misma. ¿Por qué el Estado “no le encuentra la vuelta” a la violencia en el fútbol?

JB: Pero, entonces, ¿la lógica fue siempre policialista y punitivista?

DM: En Argentina nunca hubo una idea de trabajar la violencia desde la prevención. Este es un hecho central para mí. O sea, siempre se trabajó desde la reacción. Con policías, con actores de seguridad. Incluso, vos fíjate qué paradójico que la Agencia de Seguridad en la provincia de Buenos Aires (la Aprevide), en realidad, tiene en su nombre la cuestión de la prevención contra la violencia en el fútbol y, sin embargo, siempre estuvo manejada por gente de la seguridad. Bueno, muchas veces por policías directamente.  Con lo cual, digamos, para hablar de una concepción de la Seguridad del Estado, creo que hay que hablar de una concepción en términos de leer lo que se hizo, más que de un plan a priori ideológico, que uno pueda decir que se puso en práctica. Más a posteriori que a priori, sería. Excepto en el gobierno de Macri, que ya desde el primer momento llegó con soluciones más punitivas, más de mano dura.

Entonces, la gestión de la seguridad en los estadios lo que hace es configurar un modelo determinado asociado a las restricciones, separaciones, controles, prácticas invasivas al público. Como premisa de la seguridad deportiva, se piensa en un sujeto peligroso que tiene que ser controlado.  Y ahí sí se configura un modelo propio que no distingue entre gestiones, entre gobiernos, ni entre nada. Más allá de algún matiz que haya tenido algunas y otras no. Entonces, yo no lo pensaría tanto “el Estado tiene tal concepción y la pone en práctica”, sino que la propia toma de decisiones prácticas del Estado, va configurando un modelo determinado.