Este lunes brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la presentación del Informe Preliminar sobre violaciones a los Derechos Humanos en Perú. Esta comitiva está integrada por referentes políticos, sociales, y sindicales de Argentina.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos llegó a Lima la semana pasada para hacer un relevamiento sobre las graves denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Durante la conferencia de prensa, la Misión llegó a la conclusión que el Estado peruano debe ser investigado, ya que en el marco de la crisis social y política ocurrida partir del 7 de diciembre de 2022 a través de sus fuerzas armadas y de seguridad regulares, habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado, e intimidado a vastos sectores del pueblo peruano.
“Es un caso de crímenes de lesa humanidad”, dijo el diputado del Frente de Todos, Juan Marino. Desde la Misión explicaron que las autoridades peruanas no respondieron al pedido formal de visitar al expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde el 7 de diciembre en un penal de máxima seguridad.
“La represión desatada impidió, limito y condiciono la participación política, el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta” sostuvieron desde la Misión.
A lo que agregaron “El Estado peruano debe ser investigado por haber desplegado sobre la población civil indefensa prácticas represivas, abusivas, desproporcionadas e ilegales utilizando para ello armamento sofisticado y letal”.
Entre las denuncias sostienen que el Estado atacó de manera sistemática y generalizada a la población civil especialmente a jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos y campesinas, líderes y lideresas sociales y prensa independiente.
“Deberá investigar al Estado peruano en referencia a los delitos de lesa humanidad señalados” explicaron. Y agregaron “el pueblo peruano tiene el derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales para obtener la reparación integral a través de la verdad y justicia”.
Los datos del Informe
Los casos relevados son 144, la mayor parte tienen que ver con la vulneración y/o agresión vinculadas a participación en movilizaciones sociales, por participar en organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, y otras.
También la violencia recayó sobre los líderes o referentes políticos y sociales. El rango de edad tuvo como blanco mayormente a personas de 19 años a 45 años que ocupan el mayor promedio.
El 83,5 de las víctimas fueron agredidas por la fuerza pública policial. El informe detalla en porcentajes cuál es la situación actual de las víctimas, entre los 144 casos encontramos un 20% de personas fallecidas, como así un 20% se encuentran recuperada en sus domicilios, y 16% se encuentran heridos en sus domicilios y/o bajo amenaza de coacción.
