Una Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos estuvo en Colombia entre el 25 de mayo y 4 de junio de este año, observando la grave situación humanitaria durante las protestas que sacudieron al país. Este martes, varias organizaciones que participaron de la Misión presentaron el informe final, donde cuestionan la represión del Estado colombiano.
Durante la presentación, Adolfo Pérez Esquivel sostuvo: “Esto no es nuevo en Colombia, lleva más de 60 años. Hemos participado en varias misiones internacionales. Estamos frente a un Estado terrorista, se habla de un gobierno democrático pero no tiene nada de democrático. Hay muchos informes de Colombia y la situación empeora. No se cumplen con los acuerdos de paz, existe desaparición de personas y desplazamiento”.
El informe concluye que el Estado ha considerado “como enemigo interior a su población civil indefensa y descargó sobre ella una violencia represiva propia de una confrontación bélica”. En ese sentido, sostuvieron que la fuerza pública “incumplió con los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos”.
La Misión recabó información en el territorio a partir de testimonios, pruebas y denuncias en las ciudades de Bogotá y sus alrededores; la región del Cauca con las ciudades de Popayán, Santander de Quilichao, Cali y sus adyacencias; y las ciudades de Pereira y Medellín. Fueron entrevistadas víctimas, familiares, diversos colectivos sociales, organismos internacionales y autoridades religiosas. Las reuniones pautadas con autoridades judiciales bogotanas (Defensoría, Procuraduría y Fiscalía) fueron canceladas por dichos organismos sin motivo alguno.
El informe prestado concluye que el Estado Colombiano es “responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil”, y sostiene que “gran parte de las vulneraciones constatadas, por su carácter sistemático y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad”.
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— Mision Internacional Colombia (@MisionIntCol) July 20, 2021
La Misión Internacional sostiene que “el Estado colombiano debe ser investigado por las desapariciones, homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas degradantes e inhumanas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares y aún las no regulares que actuaron bajo su consentimiento”. Y agregaron que también es necesario investigar “la utilización de armamento sofisticado y letal en violación de los protocolos y normativa internacionales vigentes”.
Al mismo tiempo, los integrantes de las organizaciones remarcaron la necesidad de que Colombia cumpla los acuerdos de paz firmados en 2016 con las exFARC, y el cese a la “sistemática persecución, desaparición y asesinato de los/as firmantes de esos acuerdos y de líderes y lideresas de las distintas organizaciones sociales y políticas que expresan la genuina representatividad del pueblo”.
Por último destacaron que resulta “imperioso desmontar el ESMAD”. El Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, conocido por su sigla ESMAD, es una unidad que fue creada en 1999 de forma transitoria pero extendió su funcionamiento durante los sucesivos gobiernos. Es una fuerza represiva conocida por sus altos niveles de violencia durante protestas y desalojos, y la sistemática violación de derechos de la población.
La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos fue integrada por el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Frente Patria Grande, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras. El informe completo se puede consultar acá.
