El presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, declaró el domingo el estado de sitio en el municipio de El Estor, en el estado oriental de Izabal, tras 17 días de manifestaciones indígenas. La comunidad maya Q’eqcxhis lleva más de dos semanas protestando contra un proyecto minero que pretende desalojarlos de su territorio.
La medida aún debe pasar por la aprobación legislativa en un plazo de tres días para ser válida. El Congreso discute si respalda o no la decisión del Ejecutivo. La bancada de la oposición, formada por los partidos Winaq, Semilla y Movimiento para la Liberación, se opuso al estado de excepción acusando la criminalización de la resistencia comunitaria.
El diputado @AmilcarPop, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del @PARLACEN, se pronuncia ante la @CIDH en defensa de los derechos de la población q’eqchi’ de El Estor, Izabal, y condena las acciones represivas del Estado guatemalteco. pic.twitter.com/akK2zjHdzA
— Winaq (@MovimientoWinaq) October 26, 2021
“Es poco probable que el Congreso invalide la decisión, porque tiene una dirección totalmente progubernamental”, dijo a Brasil de Fato Carlos Barrientos, director del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala. El partido gobernante Vamos tiene la segunda bancada parlamentaria más numerosa, con 17 de los 160 diputados totales.
El decreto prohíbe cualquier tipo de manifestación pública, y establece que el Ejército controlará el municipio y podrá realizar detenciones sin orden judicial previa. Según los medios de comunicación locales, el lunes 25 un contingente de 500 soldados y 350 policías ya habían llegado al lugar, mientras que los agentes del Ministerio Público llevan a cabo órdenes de búsqueda y captura.
“Lo consideramos inconstitucional porque es una acción desproporcionada. El estado de sitio es un estado de excepción previo a la entrada en estado de guerra, según la Constitución. Lo que ha sucedido en la región son manifestaciones contra decisiones gubernamentales y empresariales”, dijo Carlos Barrientos.
El dirigente campesino también dijo que la normativa sobre los estados de excepción es una herencia de la Constitución de 1965, que ya no está vigente y que fue aprobada durante la dictadura militar guatemalteca.
Los movimientos indígenas llevaban días denunciando la presencia de infiltrados en las protestas que generaban disturbios para justificar el posterior control estatal. Los vídeos publicados en las redes sociales muestran la violencia de las fuerzas policiales guatemaltecas contra la comunidad indígena.
Fuerzas represivas del Estado de #Guatemala atacaron directamente al pueblo maya q'eqchi' de las comunidades del municipio de El Estor, Izabal, quienes estaban en resistencia para rechazar la explotación minera; se registran personas intoxicadas. pic.twitter.com/YlriU2GEKR
— Santiago Botón 🇬🇹 (@SantiagoteleSUR) October 22, 2021
La comunidad maya Q’eqcxhis rechaza el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), paralizado desde febrero de este año por una resolución de un tribunal independiente, precisamente por no cumplir con el requisito de la consulta pública. En junio de este año, el Ministerio de Energía y Minas realizó una consulta pública, en cumplimiento de la decisión de la Corte, pero sin incluir a los sindicatos de pescadores y a las autoridades indígenas. La sentencia también redujo la zona de exploración de 247 km² a 6,29 km². Según la CGN, sería posible extraer de la región unas 120 mil toneladas de níquel al mes.
A pesar de la decisión judicial, los indígenas denuncian que las empresas Pronico y Mayaniquel, que disputaron la concesión a la CGN, están extrayendo níquel ilegalmente en su territorio, contaminando la única fuente de agua dulce de la región.
Durante 17 días los dirigentes indígenas han bloqueado las principales vías de acceso al municipio, impidiendo el tránsito de camiones mineros y exigiendo que el Estado cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que cualquier acción en territorio indígena debe ser autorizada por los pueblos originarios según sus propias costumbres y jerarquía.
En julio de 2021, el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad de Guatemala fue destituido de su cargo. Posteriormente, en el asilo político, Juan Francisco Sandoval declaró que había reunido pruebas que demostraban que el presidente Alejandro Giammatei había recibido sobornos en enero de una de las empresas que iban a ejecutar el proyecto Fénix y que por eso era perseguido por el Estado.
Este artículo fue publicado originalmente en Brasil de Fato
