Guillermo Lasso enfrenta una crisis profunda de gobierno provocada por las políticas neoliberales que impactan fuertemente entre los sectores populares, indígenas y campesinos del país. Las movilizaciones convocadas por la CONAEI, la FEI y otras organizaciones acumulan 17 días de protestas en las calles, donde también se sumaron estudiantes y organizaciones sindicales.
Sitiado por la presión popular, Lasso decidió negociar con los manifestantes. Durante el día lunes, el presidente del Ecuador derogó el Decreto Ejecutivo número 95. El mismo era criticado por campesinos e indígenas por tratarse de una expansión sobre sus territorios de las políticas petroleras.
El decreto buscaba una mayor participación del sector privado en el sector, migración de contratos, duplicar la producción, reformas legales y un fondo de estabilización petrolera. Además, Lasso había reducido simbólicamente el precio de los combustibles, algo central en el pliego de reivindicaciones de los manifestantes, aunque el rebaje fue ínfimo comparado a los pedidos realizados por campesinos e indígenas.
Sin embargo, luego de algunos avances, el diálogo entre Lasso y los movimientos indígenas y campesinos quedó roto por decisión unilateral del presidente, quién sostuvo que no volverá a conversar “con quienes pretenden secuestrar la paz”.
La decisión fue tomada inmediatamente luego del ataque a un convoy militar, donde falleció un militar. Las organizaciones indígenas rápidamente repudiaron el hecho y pidieron pacificar el país.
Pese a eso, el presidente ecuatoriano apuntó directamente contra Leonidas Iza, titular de la Comisión de Nacionalidades Indígenas (Conaie), quien fuera secuestrado ilegalmente durante el primer día de paro y luego liberado. Lasso sostuvo que Iza “solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases” y prometió que el Ejecutivo volverá a la mesa “cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades”.
Las organizaciones indígenas reafirmaron la necesidad de restablecer el diálogo como única vía posible para solucionar los problemas, pero advirtieron que “no dejarán las calles y tampoco que el gobierno ecuatoriano condicione la representación de los movimientos indígenas”.
En las calles, la represión es moneda corriente como respuesta del gobierno de Guillermo Lasso a las movilizaciones. La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos –integrada por referentes sociales argentinos- reportó en su informe preliminar seis muertes y denunció que el Estado ecuatoriano cometió “delitos de lesa humanidad”.
La represión también fue denunciada por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, organismo que expresó que militares y policías antidisturbios “dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra grupos de manifestantes indígenas entre los que había niños y adolescentes”.
Además, el comité de la ONU además denunció que muchos niños en Quito se encuentran sin protección alguna ni contacto con sus parientes adultos como consecuencia de las acciones represivas del Estado
Asimismo, varios medios de comunicación alternativos denunciaron ataques sistemáticos contra su labor en la cobertura de la represión, “la violencia contundente desatada contra el pueblo y las violaciones de lesa humanidad cometidas por parte del gobierno de Guillermo Lasso”.
Muerte cruzada, Lasso y una vida más
Este martes 28 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador votó la destitución, denominada muerte cruzada, en contra del presidente Guillermo Lasso presentada por la bancada de UNES bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna”.
Luego de tres sesiones y 18 horas de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso. El resultado, si bien no logró destituir al presidente, marcó una situación compleja para el banquero Lasso.
En total, 80 de los 137 asambleístas apoyaron la moción de destitución. Para lograr la muerte cruzada se necesitaban dos tercios de la cámara, equivalente a 92 de los 137 asambleístas. Nuevamente, Lasso debió apoyarse en su ex aliado Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Su fuerza parlamentaria es demasiado débil para poder resistir en soledad.
Salvado de la destitución, Lasso tiene la opción de apelar a la “muerte cruzada”. El artículo 148 de la Constitución ecuatoriana le permite disolver la Asamblea Nacional en razón de una “grave crisis política y conmoción interna”. Pero si el Presidente mata a la Asamblea, él también muere, es decir pierde su cargo y se convocan a elecciones presidenciales y legislativas.
Ni en las calles ni en las instituciones Lasso tiene tregua. El Paro Nacional y la toma de más de mil pozos de petróleo en medio del estallido tienen en jaque al país, y a su principal sector de exportación que es el petróleo. Según el gobierno, si las protestas continúan, el país podría dejar de producir crudo en las próximas 48 horas. ¿Cederá Lasso en sus políticas neoliberales?
