Previsto originalmente para este 29 de junio, y aplazado por razones sanitarias y de otra índole, el referéndum en Haití tendrá lugar finalmente el próximo 26 de septiembre. El mismo día previsto para la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales. De haber un eventual balotaje, el mismo se desarrollaría el 21 de noviembre. En el nuevo calendario electoral los comicios municipales fueron aplazados hasta el 16 de enero del próximo año.
Una anticonstitucional reforma constitucional
Desde su anuncio, el controversial referéndum no ha dejado de cosechar rechazos por parte de la sociedad haitiana. La oposición política local lo denuncia en bloque, desde los movimientos y organizaciones sociales nucleados en el Frente Patriótico Popular hasta la conservadora “oposición institucional”.
Idéntico rechazo manifestó el Instituto Móvil de Educación Democrática (IMED), una reconocida organización jurídica de defensa de los derechos humanos. En el mismo sentido se sumaron sectores empresariales y hasta la influyente Conferencia Episcopal de Haití (CEH). Los obispos solicitaron mediante una misiva que se suspenda la convocatoria, considerando la existencia de “una crisis política en la que sería difícil llegar a un acuerdo”, y solicitando al primer mandatario que “evite que el país viva días peores y aún más oscuros que los actuales”.
El principal blanco de las críticas se debe a la violación flagrante del artículo 284-3 de la constitución vigente. La carta magna del año 1987 fue elaborada tras la caída de la dictadura vitalicia y hereditaria de Francois y Jean-Claude Duvalier, la que supo recoger buena parte de las aspiraciones democráticas de aquellos años. Aquel transparente artículo establece que “toda consulta popular destinada a modificar la constitución por vía de referéndum está formalmente prohibida”.
Gobierno de facto y contenido de la reforma
La única vía legal para la modificación de la carta magna es la parlamentaria. Pero el Parlamento, de mayoría opositora, fue suspendido en sus funciones en enero del 2020. Con esto, el oficialismo hoy gobierna por decreto y concentra prácticamente toda la suma del poder público.
A este estado de ruptura del orden democrático debe sumarse el nombramiento inconstitucional del Primer Ministro Claude Joseph. También cuenta la intervención y nombramiento irregular de jueces en los principales tribunales del país -el Tribunal Superior de Cuentas y la Corte de Casación-; así como la extensión ilegal del mandato presidencial, vencido el 7 de febrero del presente año.
El nuevo texto constitucional, aún en proceso de redacción, y no disponible en creole, la lengua hablada por la totalidad de la población haitiana, propone el retorno al viejo esquema presidencialista de los tiempos de los Duvalier.
El documento plantea la eliminación del Senado y la construcción de un legislativo unicameral; elimina la figura del Primer Ministro y la reemplaza por la de un Vicepresidente; y habilita la posibilidad de contar con dos mandatos presidenciales consecutivos. Es decir, la propuesta constitucional barre con los principales mecanismos de frenos y contrapesos al poder del ejecutivo que conquistó el movimiento democrático tras 29 años de dictadura.
Hay 3 candidatos que el oficialismo propone para suceder a Moïse: Michel Martelly, ex duvalierista y ex miembro del cuerpo paramilitar de los tonton macoutes; Laurent Lamothe, su ex Primer Ministro; y hay hasta quién se aventura a proponer al mismísimo Nicolás Duvalier, nieto del primer dictador del clan.
Por su parte, Moïse argumenta que la inestabilidad política del país se debe al conflicto de poderes habilitado por la constitución. Sin embargo, en los 217 años de vida nacional, sólo dos presidentes terminaron sus respectivos mandatos -Michel Martelly y René Preval-, ambos regidos por la carta magna de 1987.
Inermes frente a la pandemia
Aún descontando las irregularidades jurídicas, otros actores subrayan la crítica situación vinculada a la entrada al país de nuevas cepas del Covid-19. Si bien la primera ola tuvo un impacto mucho más leve de lo esperado, la escalada de casos de las últimas semanas genera temor entre los profesionales de la salud. Se considera que el 53% de las muertes y el 36% de los contagios se dio en apenas los últimos dos meses.
A esto se debe sumar que Haití es el único país de América Latina y el Caribe que aún no empezó su proceso vacunatorio, a lo que se suma que Jovenel Moïse autorizó recientemente la importación y distribución privada de vacunas. Según declaraciones del Director General del Ministerio de la Salud Pública y de la Población, Laure Adrien, el propio gobierno rechazó la oferta de vacunas que le correspondía a través del mecanismo Covax, con resquemores a la hora de inocular a la población con la vacuna de AstraZeneca.
A esto se debe sumar la imposibilidad de contar con medios de transporte y centros de votación que garanticen normas de bio-seguridad en unos eventuales comicios. Con un padrón estimado de más de 6 millones de personas, la crisis en Haití se expresa por la precariedad general del sistema de salud, la práctica ausencia de Unidades de Terapia Intensiva, y la escasez de elementos de higiene básicos a disposición del conjunto de la población.
Paramilitarismo e inseguridad
El último frente de crítica tiene que ver con la imposibilidad por parte del Estado de garantizar un escenario de paz para la celebración de cualquier cita electoral.
En la actualidad, una espiral creciente de inseguridad azota al país, a manos de diferentes sectores armados, en particular grupos delincuenciales. Según Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH), más de 10 mil personas han sido desplazadas de los distritos de Bas Delmas y Martissant. En este último, Médicos sin Fronteras debió suspender la atención médica en uno de sus hospitales, ante la cercanía y el riesgo producido por el accionar de las bandas.
Hace pocos días Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el líder de la federación de pandillas de la capital conocida como el G9 llamó a la población a armarse. Este y otros grupos controlan el territorio de los barrios más populosos de la zona metropolitana, y hasta son quienes gestionan los carnets de identidad.
Pocos son los analistas y los funcionarios que se atreven a pronosticar una mejora de la situación social, sanitaria y securitaria en los meses por venir.
