La decisión de la Cancillería argentina de apoyar la resolución que impulsaba el Grupo de Lima contra Venezuela sacudió el tablero geopolítico en la región y tuvo sus derivaciones, como la renuncia de la embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro.
También, dentro del mismo gobierno argentino, se abrió una interna respecto a la posición de denuncia frente a la ONU. Mientras que los representados hoy por el canciller Felipe Solá se alinean a un grupo regional construido y diseñado por los Estados Unidos; sectores del kirchnerismo y la izquierda popular sostienen que la condena a Venezuela se basó en un informe falso y argumentan que existen decenas de otros países donde se violan los Derechos Humanos.
De hecho, la resolución injerencista que impulsó el Grupo de Lima (en donde se reúnen todos los países hoy gobernados por las derechas latinoamericanas) durante el 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se basa en un informe realmente precario, con muy pocas fuentes y pruebas.
Los puntos más endebles son las constantes referencias a información surgida en redes sociales (cuando ya es de público conocimiento que circulan en gran medida fake news) y las fuentes de medios de comunicación con una línea conservadora como Infobae de Argentina, El Nacional de Venezuela, el Diario Las Américas y EVTV Miami de los Estados Unidos, NTN24 de Colombia, etc.
También, el pobre sustento de testimonios directos de algunos de los hechos denunciados. Un estudio pormenorizado del informe que presentó el Grupo Lima, elaborado por el periodista Lautaro Rivara, señala los escasos testimonios de testigos y familiares, del orden de un 11,10% del total de las fuentes utilizadas, así como de víctimas directas (3,48%), ONGs (5,17%, aún cuando las hay opositoras y en grado sumo) o de partidos políticos (apenas un 0,28%).
Además, la resolución que votó la Argentina pasa por alto la gran cantidad de casos en donde el Estado venezolano reaccionó para sancionar a miembros de las fuerzas de seguridad, así como también para denunciar y condenar a funcionarios corruptos, uno de los delitos que más se combaten en ese país.
La deuda, el método de presión
El voto del Estado argentino condenando a Venezuela en la ONU fue una noticia que festejó la derecha latinoamericana pero que al mismo tiempo ya se venía anunciando. En diciembre de 2019, a pocos días de que el gobierno de Alberto Fernández asumiera, el gobierno aclaró que continuaría dentro del Grupo de Lima, una relación que había tejido el expresidente Mauricio Macri con sus socios políticos, Jair Bolsonaro (Brasil) y Sebastián Piñera (Chile).
Pero quizás el dato más importante para entender por qué Argentina hoy continúa participando a pesar de ser un país que condenó, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, se da por la negociación de la deuda externa y el FMI, en donde siempre existe una hegemonía clave de los EEUU.
Durante esos días de inicio de gestión, Felipe Solá reveló “que el ritmo de las relaciones iniciales con el mundo estaría dado por el ritmo de la negociación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. En pocas palabras, que el gobierno no se alejaría de la órbita de influencia de Washington hasta por lo menos acomodara su deuda. Y así fue.
Esa decisión generó un malestar profundo en cierto sector del oficialismo, quizás sintetizado en la explosiva renuncia de la embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro. Una dirigente diplomática que había sido representante del país en Venezuela durante 10 años, y que por lo tanto conoce de primera mano lo que sucede en ese país.
Castro escribió una muy dura carta explicando sus motivos y denunciando que el apoyo argentino a las aventuras injerencistas del Grupo de Lima “pretende un cambio de régimen en Venezuela” con “idéntica matriz de los operados por EEUU en Oriente Medio”.
“El 6 de octubre, en el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el voto de Argentina acompañando la Resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de Macri. De hecho, el Grupo de Lima fue creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos con dos objetivos explícitos: Promover un ´Cambio de Régimen´ en Venezuela -con idéntica matriz de los operados por EE. UU. en Oriente Medio- y desarticular el bloque regional”, escribió la embajadora.
Para Alicia Castro, no hay duda que el Grupo de Lima fue creado específicamente para derrocar a un gobierno elegido democráticamente como el de Nicolás Maduro, ya que es incoherente que al mismo tiempo “no les preocupan las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Honduras, o en Colombia, donde se han asesinado a 250 líderes sociales firmantes de los Acuerdos de Paz”.
“Desde el golpe de estado perpetrado contra Hugo Chávez en abril 2002, no han cesado los intentos de golpe, magnicidio, sabotaje, desabastecimiento, acciones organizadas de violencia para promover el caos” agregó la diplomática.
Las voces en Venezuela
Por su parte, la dirigencia política en Venezuela siguió de cerca la votación argentina y se mostró muy “sorprendida” y “dolida” por la decisión del gobierno de Alberto Fernández y su canciller Felipe Solá.
“Estamos sorprendidos sobre la posición argentina frente a la ONU, que se basó en un informe falso y que no tuvo en cuenta ninguna de las políticas humanitarias del gobierno venezolano, a pesar del bloqueo comercial promovido por los Estados Unidos”, explicó Hernán Vargas desde Venezuela, quien oficia como Secretario Operativo de ALBA Movimientos en ese país.
“Es lamentable que un país como Argentina, que venía promoviendo políticas de soberanía, se haga cómplice de un informe falso y se sume a la posición de los Estados Unidos, que es el que promueve el cobro de deuda que tiene Argentina actualmente”, agregó Hernán Vargas, que puntualizó que ninguno de los países del Grupo de Lima condenó las feroces represiones de los carabineros en Chile, así como las incesantes masacres en Colombia o la degradación de los Derechos Humanos de la población afrodescendiente en los Estados Unidos.
“Si algo debería estar haciendo ahora Argentina es fortalecer las alianzas con sus iguales”, concluyó el referente del ALBA en Venezuela, casi como haciendo futurología, a sabiendas que -ya es conocido- “Roma no paga a traidores”.
