Ayer en Bogotá miles de personas salieron a las calles movilizadas por la indignación. El martes 8 de septiembre un grupo de policías torturaron a Javier Ordoñez, un joven abogado, en plena calle con una pistola eléctrica “Taser”, lo trasladaron a una estación de policía y luego lo abandonaron en la puerta de un hospital, murió unas horas después producto de las repetidas descargas y las torturas policiales.
La masacre de Bogotá
Todo ello quedó grabado en los celulares de personas que presenciaron atónitas un asesinato de Estado, como se puede ver en el video:
Las redes sociales estallaron de ira, mientras el presidente Duque felicitaba el trabajo del ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, y mientras los medios de comunicación matizaban la situación. Los comentaristas de radio y televisión hegemónicas se preguntaban: ¿qué habrá hecho el muerto para enfurecer a la policía? Con el paso del día y la viralización del video que probaba el terrible asesinato, distintos barrios se autoconvocaron en los Comandos de Atención Inmediata-CAI, unos puestos de control ubicados en distintos puntos de los barrios que sirven de subestaciones de policía.
La situación se tornó en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, las piedras y arengas de las gentes del común fueron repelidas con golpes de bastón, hasta que pasadas las 20.30 los policías decidieron emprender la masacre con disparos hacia la multitud. Hasta el momento se cuentan diez personas muertas y más de 268 heridas. Bogotá fue castigada, está siendo castigada por su orientación política contraria al régimen impuesto por el uribismo y el militarismo.
Lo ocurrido no es una casualidad ni fue una ofuscación de un grupo de policías. En Colombia la doctrina del enemigo interno sigue vigente y para esa caverna que gobierna bajo esa lógica antidemocrática, la gente que protesta pierde sus derechos. Es lo que pasa en las zonas rurales, donde masacran y asesinan lideres/lideresas sociales todos los días.
Están en choque dos visiones de país, antagónicas, una liderada por el uribismo centrada en la muerte y la represión como forma de reproducción del bloque de poder establecido, y otra facción social, muy diversa, que sueña con otro país. Las balas que resonaban en las ruralidades en medio de la guerra, que trataron de cesar con el Acuerdo de Paz, se están usando para acallar el descontento por la pobreza, la corrupción y la agonía del neoliberalismo.
Crisis neoliberal, mayor violencia estatal
El gobierno nacional aprovechó la pandemia para evadir el diálogo con los distintos sectores movilizados en noviembre de 2019. Duque miró para otro lado, quizás pensando que los reclamos sociales eran pasajeros. El 30 % de desempleo juvenil y las 48 masacres en todo el país en medio de la pandemia son tan sólo detonantes de una situación más profunda: el neoliberalismo está agotado y la violencia utilizada para sostenerlo, en los últimos 40 años, resulta insuficiente para ahogar los reclamos crecientes por un nuevo modelo de sociedad.
La clase política neoliberal tiene claro su bancarrota, y están asumiendo que la fuerza y la violencia es la única salida para su crisis. Asumieron la pandemia como una “oportunidad” para trasladar los recursos del Estado hacia las empresas privadas, como hicieron con los bancos o con la aerolínea Avianca, declarada en bancarrota y con su dueño preso en Brasil por la causa Lava Jato, a quién le entregaron US $ 370 millones de dólares como salvamento.
Las ayudas para las grandes empresas llegaron con facilidad, mientras que nunca el uribismo contempló la Renta Básica para superar el hambre y la crisis. Las ayudas sociales en la pandemia llegaron a cuentagotas, con cifras miserables y sin ningún impacto real. Meses atrás se vieron miles de casas con trapos rojos en las ventanas, pidiendo auxilio para sobrevivir del hambre, que se extendió por las periferias más rápido que el coronavirus.
El gobierno, en cabeza del ministerio de defensa, se movió con agilidad para comprar pertrechos para el Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, dispuso de $9.515 millones de pesos colombianos (3 millones de dólares) para comprar municiones. Sectores de la oposición a Duque mencionaron que el paso por el “shopping” internacional para la compra de armamento incluyó la adquisición de 47.244 cartuchos de gas, 5.352 granadas multi-impacto, y 23.775 esferas de “paint ball” calibre 0,68, entre otros elementos para el control de masas.
Los poderes militares están a sus anchas aplicando su dominio en las regiones, con un poder civil cada vez más subordinado y alineado al modelo de neoliberalismo armado que ostenta el uribismo. El desgobierno de Duque es en realidad el gobierno de una élite civil y militar opuesta a la salida política del conflicto armado, y negada a deponer la violencia como instrumento central de coacción del orden social imperante.
Los muertos de Bogotá hablan de lo que pasa en todo el país, hablan por los cientos de muertos en las masacres ocurridas en los campos y de las y los líderes sociales que están cayendo como parte de tal estrategia de control neoliberal. La ultraderecha está llevando al país a un momento de caos, en el que los temas centrales de la crisis económica no sean el tema central de debate, ni dan tregua para que la oposición construya una opción de poder capaz de derrotar al uribismo en las calles, en las urnas y en la cultura nacional.
La indignación
Los golpes al proceso de paz, las masacres y las medidas neoliberales en contra de las mayorías, tienen una respuesta social, constituyendo un momento inédito en la política reciente del país. Movilizaciones masivas en las ciudades, un activismo digital alternativo en las redes sociales, y proyectos locales o nacionales contrarios al poder establecido se convirtieron en el dolor de cabeza del uribismo como quedó demostrado con el paro nacional del 2019.
Un movimiento plebeyo compuesto por sectores populares en las barriadas, activistas ambientales, trabajadores, docentes, organizaciones feministas, animalistas, sectores universitarios, artistas, blogueros, influencer, y organizaciones comunitarias. Subjetividades constituidas tras la destrucción de los puestos de trabajo formales, que destruyeron el sindicalismo casi en su totalidad y ligados a las formas también plebeyas e inconformes del campesinado, los grupos indígenas y afrodescendientes que marcaron las más importantes luchas contra el neoliberalismo en las últimas décadas.
Está retornando la política, la juventud está tomando posición y comprendiendo que su futuro y su presente dependen de su praxis. La política regresa sin un proyecto del todo constituido por el progresismo, que sigue en tensión por la orientación económica y el liderazgo del proyecto de poder opositor. Esto es una buena noticia para el país, y por ello, la respuesta de las fuerzas ultraderechistas son los ataques contra ese poder joven, como ocurrió hace unas semanas en Samaniego Nariño, donde murieron 10 jóvenes en una masacre, o con las muertes en las calles de Bogotá, ayer, a manos de la policía.
Escenarios y tendencias
Pensar escenarios en Colombia resulta más difícil de lo habitual, por el carácter violento e impredecible de las fuerzas que gobiernan. Se pueden pensar, sin embargo, en algunas tendencias que pueden convertirse en escenarios de disputa:
- La movilización urbana tenderá a ponerse en el centro de las demostraciones de la oposición al gobierno, desafiando la pandemia y la represión estatal. Los sectores de la ruralidad, cada vez más golpeados por la política de guerra del gobierno nacional concretarán las jornadas de movilización detenidas por la pandemia.
- El gobierno profundizará el relato de estigmatización en contra de la oposición, con propósito de dividir, aún más, a los sectores centristas de los sectores progresistas y de izquierda. La clave es si los alcaldes locales independientes al gobierno, como la alcaldesa Claudia López, se deciden a emprender una oposición férrea contra el autoritarismo o sucumben al poder de las fuerzas policiales y militares.
- Sectores alternativos al uribismo, que están en algunos gobiernos locales como en la alcaldía de Bogotá, están perdiendo a sus votantes tratando de coexistir sin tensión con el gobierno nacional. Un error profundo. La policía y las fuerzas de ultraderecha atacan a los potenciales votantes de Claudia López, a los jóvenes, a los universitarios, exigiendo un respaldo a su actuación. Si Claudia López en Bogotá, Ospina en Cali, o Quintero en Medellín, no entienden esta trampa, terminarán gobernando en contra del movimiento de personas independientes que les llevó a ganar sus mandatos.
- El gobierno sin libreto alternativo al neoliberalismo armado seguirá permitiendo la violencia estatal y paraestatal. De seguro aumentarán la retórica antivenezuela en el marco de las elecciones del vecino país. Duque llamará a la unidad de las fuerzas de derecha para que avalen la mano dura.
- El país seguirá en disputa, los avances del uribismo en la toma de instituciones judiciales, como la Fiscalía, y la liberación de la represión, no conseguirá regenerar al país de la crisis profunda que tiene el modelo neoliberal.
