Este miércoles 5 de junio a las 11 horas, el Tribunal Oral Federal N° 1 comenzará a tratar la nulidad de la intervención judicial de la empresa constructora Mackentor, ocurrida en el año 1977.
En la causa impulsada por los abogados Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat, la nueva conformación del Tribunal Oral retomará este caso, que terminó con el desmembramiento de la constructora Mackentor, una de las más importantes de Córdoba en aquellos años, en el arranque de la última dictadura militar.
La postura de los abogados defensores de los familiares de los propietarios de Mackentor es que se juzgue a empresarios que se quedaron con la empresa y los funcionarios judiciales que permitieron esa situación.
El principal beneficiario del vaciamiento de Mackentor había sido el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni.
Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, un negocio de 8 millones de dólares de aquella época.
El vaciamiento de Mackentor
En la madrugada del 25 de abril de 1977, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV -que dependía del III Cuerpo del Ejército-, por orden del general Luciano Benjamín Menéndez, ingresaron con violencia y armas de fuego en las oficinas donde funcionaba la empresa Mackentor, ubicadas en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Allí secuestraron documentación e impidieron a los empleados el ingreso a las oficinas, que inmediatamente fueron clausuradas con fajas y puestas en custodia de las fuerzas de seguridad.
Hermenegildo Bruno Paván, accionista y directivo de MacKentor, fue apresado en Monte Quemado, Santiago del Estero, y trasladado a Campo de la Ribera. Otro directivo, Alejandro Enzo Manassero, fue detenido con su esposa Leila Norma Rapuzzi y su hijo Edgardo en Buenos Aires. Días después, padre e hijo fueron subidos a un avión con destino a Córdoba y también fueron a parar a La Ribera. Lo mismo ocurrió con José Miguel Coggiola, supervisor de maquinaria del grupo. Natalio Kejner, director y principal accionista, ya estaba exiliado en Venezuela, pero su hermana Marta fue capturada.
La clausura del inmueble y la parálisis de la actividad comercial se mantuvo hasta el 2 de mayo de 1977, cuando el entonces titular del Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Córdoba, Adolfo Zamboni Ledesma -a pedido del comandante de la brigada, Ángel Gumersindo Centeno, y del titular de la Dirección de Sociedades Jurídicas de la provincia de Córdoba, Jorge Martínez Ferreira- dispuso la intervención judicial de esa empresa y designó como interventor al Coronel (R.E.) Rodolfo Batistella.
Con el retorno democrático, los Kejner intentaron recuperar lo perdido. En 1985 entablaron una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado nacional, rechazada por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano con el fundamento de que los delitos estaban prescriptos.
En el contexto de esa causa, a instancias los fiscales Graciela López de Filoñuk y Luis Rueda –que actuaron en defensa del Estado– la jueza impuso las costas del proceso a los demandantes. La imposibilidad de Kejner de pagar los 2,3 millones de dólares en honorarios de una veintena de funcionarios judiciales y abogados particulares que intervinieron en la causa, derivó en un concurso de acreedores y en la quiebra decretada en 1999 por la Justicia provincial.
La causa resucitó el 29 de marzo de 2012, cuando la Cámara de Apelaciones de Córdoba revocó el fallo de Garzón de Lascano y los sobreseimientos a Jorge Rafael Videla, Menéndez y una decena de imputados, al considerar que los delitos cometidos durante la intervención a MacKentor eran de “lesa humanidad” y por ende imprescriptibles.
El propietario de la desaparecida empresa constructora Mackentor, Natalio Kejner, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un pedido de nulidad de la quiebra, al considerar que esa medida no debió tomarse debido a que ocurrió en el marco de delitos de lesa humanidad.
Primer juicio
Durante la megacausa “La Perla”, en la que se juzgaron y condenaron a los responsables de delitos de lesa humanidad contra los miembros de la firma, Manassero padre contó que le hicieron el “submarino” y simulacros de fusilamiento; en el extremo de su desesperación, llegó a pedir que lo mataran.
A su turno, Coggiola narró que lo sometieron a sesiones de picana en La Ribera y La Perla. Pero ninguno aceptó firmar la confesión de que MacKentor era un “sostén económico de la subversión”.
Ese era el pretexto –nunca acreditado– que el Ejército invocó para copar el grupo que desde 1973 había roto el monopolio de las concesiones de obras públicas que ostentaba la firma Supercemento.
