Artículo originalmente publicado en People Dispatch
El martes 17 de enero, la Fiscalía boliviana decidió ampliar el proceso penal contra la expresidenta de facto de ultraderecha Jeanine Áñez, juzgándola por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves en la masacre de Senkata, cometida el 19 de noviembre de 2019. La decisión fue recibida con beneplácito por los familiares de las víctimas de la masacre.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de la decisión a través de su cuenta de Twitter. “Memoria, Verdad y Justicia, el Ministerio Público ha informado al Juez de la ciudad de El Alto sobre la ampliación del proceso penal contra Jeanine Áñez Chávez quien será juzgada por la masacre de Senkata por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves”, tuiteó Lima.
Memoria, Verdad y Justicia. El Ministerio Público ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Añez Chavez quien será juzgada por la Masacre de Senkata. pic.twitter.com/YeSpQdBb4G
— Ivan Lima Magne 🇧🇴 (@ivanlimamagne) January 17, 2023
Tras el golpe cívico militar de derecha contra el ex presidente Evo Morales y la toma ilegal del poder en noviembre de 2019, el régimen de facto liderado por Áñez desató un nivel de represión sin precedentes contra quienes salieron a las calles en rechazo al golpe. Incluso aprobó un decreto presidencial, el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a los funcionarios policiales y militares que participaban en las operaciones de represión. Tras ello, la Policía y las Fuerzas Armadas golpistas reprimieron brutalmente las multitudinarias movilizaciones.
El 19 de noviembre de 2019, el régimen de Áñez envió helicópteros, tanquetas y policías y soldados fuertemente armados a la planta de gas Senkata, en El Alto, para aplastar una de esas protestas. Los residentes indígenas de la ciudad habían bloqueado la planta de gas de Senkata como parte de las protestas antigolpistas en todo el país. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes y dispararon armas de fuego contra la multitud, masacrando a 10 manifestantes e hiriendo a decenas.
El documento de denuncia indicaba que la represión de las fuerzas conjuntas policiales-militares contra la población civil dejó 10 muertos “por impacto de proyectil de arma de fuego” y otros 31 heridos con lesiones “compatibles con proyectil de arma de fuego y por objeto contundente perforante”.
La base central de la denuncia de la Fiscalía contra Áñez es la emisión del Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por su accionar y que, sostienen, derivó en la masacre de manifestantes en Senkata y en la ciudad de Sacaba.
Cuatro días antes de la masacre de Senkata, el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba, las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente una marcha pacífica con gases lacrimógenos y balas reales, matando al menos a 11 personas e hiriendo de gravedad a más de un centenar de manifestantes.
En 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI determinó que el régimen golpista encabezado por Áñez fue responsable de las masacres de Sacaba y Senkata, así como de violencia étnica, discriminación racial, tortura, persecución, detención ilegal y ejecuciones sumarias de quienes salieron a las calles en apoyo a Morales.
Áñez está actualmente encarcelada, cumpliendo una condena de 10 años de prisión en el Centro Penitenciario de Mujeres de Miraflores, en la capital, La Paz. En junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz la condenó a 10 años de prisión en el caso ‘Golpe de Estado II’ por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución y la Ley” al asumir ilegalmente la presidencia del país en noviembre de 2019.
La Fiscalía también investiga a Áñez en el caso ‘Golpe de Estado I’ por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su participación en la trama y ejecución del golpe de Estado de 2019.
Áñez está actualmente encarcelada, cumpliendo una condena de 10 años de prisión
Durante su juicio por el caso “Golpe de Estado II”, las pruebas presentadas demostraron que Áñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado en 2019, se autoproclamó presidenta sin tener en cuenta la línea sucesoria y lo hizo ante un Senado vacío en una sesión que carecía de quórum. También probaron que los ex jefes de las fuerzas de seguridad tenían un plan preparado para que Áñez tomara el poder.
El 28 de diciembre de 2022, las autoridades policiales detuvieron a otra persona clave implicada en el golpe de 2019, el líder opositor de extrema derecha y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco del caso ‘Golpe de Estado I’.
Camacho, que fue presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz en 2019, organizó y promovió manifestaciones violentas y racistas contra el Gobierno de Morales en todo el país durante el conflicto postelectoral de octubre y noviembre de 2019.
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno golpista también exigen que el proceso penal se amplíe a los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, al empresario Samuel Doria Medina, quienes a su juicio fueron los autores intelectuales y materiales del golpe.
