“Con esta corte no hay derechos ni democracia” fue uno de los tantos carteles que se vieron este miércoles en Plaza Lavalle para reclamar por la “democratización del Poder Judicial”. Dirigentes y militantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos marcharon a Tribunales para apoyar el proyecto enviado los primeros días de enero por el ejecutivo nacional.
“Este poder judicial es prostibulario y van a quedar en la historia como la peor Corte Suprema de Justicia que hubo en el país, los que más delitos cometieron y encubrieron”, señaló el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, uno de los convocantes de la marcha. Continuó luego en esta misma línea: “(el poder judicial) ha permitido la fuga de divisas, se metieron con la coparticipación del pueblo, de los pueblos del país, dejando con menos recursos a las provincias más pobres, entre otras grandes barbaridades”.
Hugo Yasky, secretario general de CTA y diputado del Frente de Todos, había convocado a manifestarse contra “una cúpula judicial que fue cooptada por los poderosos de este país”. Taty Almeida y Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora fueron también oradoras pidiendo por la renovación del Poder Judicial.
Este jueves comenzarán a disertar personalidades en la comisión de juicio político. Nora Cortiñas será de la partida, cuando expondrán los autores de las 14 presentaciones contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. Cortiñas es cofirmante de la solicitada que realizó la Asociación Argentina de Juristas y la detallará junto a la titular Claudia Rocca. También suscribió a ese expediente el ex Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
También legisladores oficialistas y opositores, y otras asociaciones de juristas y de derechos sociales expondrán este jueves ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputado. Será la segunda reunión de la comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard, para tratar los 14 expedientes presentados en la Cámara de Diputados que contienen más 60 acusaciones contra los miembros del alto tribunal, y que será clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político y comenzar la etapa de recolección de pruebas.
La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.
Como sucedió en la reunión celebrada el jueves pasado, el oficialismo deberá reunir número reglamentario para habilitar la deliberación debido a que Juntos por el Cambio decidió boicotear la actividad parlamentaria, hasta que el oficialismo desista de promover el juicio a los miembros del tribunal.
La conducción del Frente de Todos apuesta no solo a agitar las acusaciones contra los jueces, sino que también se entusiasma con la idea de dejar expuestas las diferencias que existen en Juntos por el Cambio. Esto es así porque la Coalición Cívica es autora de dos proyectos que apuntan sus dardos contra el juez Ricardo Lorenzetti. Se trata de la representación, y su posterior ampliación, de la denuncia impulsada en 2017 por la líder del espacio, Elisa Carrió, cuando era diputada. Esto afectaría la estrategia de la principal fuerza opositora que hasta el día de la fecha ha sido impugnar el proceso contra los magistrados.
El gobierno gana la división opositora en el Congreso y un moderado apoyo en las calles, pero como contracara va tropezando contra dos elementos centrales: el apoyo de los gobernadores y el sostenimiento del tema en la agenda política.
Enfocado en su candidatura presidencial, el gobernador cordobés Juan Schiaretti apuntó contra el Ejecutivo nacional y lo acusó de querer “avasallar” al Poder Judicial. Fue durante el inició al 145° periodo ordinario de la legislatura provincial. A esto se le suma el manifiesto rechazo de Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) de apoyar la cruzada del ejecutivo nacional.
Pero, por otro lado, la creciente inflación, la presión devaluatoria y los altos índices de pobreza, hacen que la agenda política sea vertiginosa y dinámica. No es la primera vez que una propuesta del Gobierno Nacional es víctima de la lentitud, la falta de coordinación de las principales referencias de la coalición y el pasar del tiempo. Mantener con vida la iniciativa y llevarla (mínimamente) a los recintos legislativos pareciera ser la tarea a corto plazo. Lo demás es la incertidumbre característica de los tiempos que corren y la que pareciera haberse acostumbrado el Frente de Todos.
Foto: Leandro Teysseire
