En octubre el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dictó una resolución que elimina un impuesto creado en 1975 con el que se financiaba el Fondo Especial para Obras de Gas. Desde el 2018 existía dicha resolución, y ahora con la recientemente emitida por la empresa, esta queda inhabilitada.
A raíz de eso, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a recurrir a la Corte Suprema con una medida cautelar para que suspenda de manera urgente la decisión del ENARGAS. La demanda presentada por Kicillof es impugnatoria, y pide que se declare inconstitucional la resolución 625/24 del ENARGAS.
Tal impuesto cobrado por la provincia para financiar las obras realizadas en el ámbito provincial, ascendía a 20 mil millones de pesos. Con esos fondos se ejecutaban obras de gas a cargo del Ministerio de Infraestructura provincial, y se financiaban los subsidios a usuarios que estaban a cargo de la gestión bonaerense.
Esta es la sexta demanda ante la Corte que presenta el gobernador. Fue por los recortes del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, por la regularización de fondos para el financiamiento de la Caja de Previsión Social, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros. Todos ellos desfinanciados a partir del DNU 70/23.
🔴Axel Kicillof anunció que acudirá a la Corte Suprema para que le restituyan los fondos que quitó el Gobierno a PBA: “Ni este decreto ni el DNU pueden seguir en vigencia”.
🎙️”Está en juego la unidad nacional y la Constitución argentina”. pic.twitter.com/K7j9cAp7uE
— IP NOTICIAS (@_IPNoticias) February 26, 2024
El ultimo caso fue hace tres meses cuando el Gobierno Nacional decidió eliminar la RED Sube que otorgaba descuentos a los pasajeros de transporte público que hagan más de un trasbordo.
“El Ejecutivo nacional tiene leyes, presupuestos y partidas asignadas a tal fin e impuestos que se cobran para solventar esa erogación”, dijo Kicillof en la última presentación realizada ante la Corte Suprema. En la Provincia reclaman que Nación elimina los subsidios pero no devuelve a las provincias el dinero de las partidas aprobadas por ley en el último presupuesto sancionado.
