La Auditoría General de la Nación hizo una evaluación del acuerdo de deuda con el FMI llevado adelante por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y encontró varias irregularidades. Entre ellas la más resonante tiene que ver con que “el 20 por ciento de la emisión de deuda directa en 2018 fue autorizada por Decreto de Necesidad y Urgencia”, algo que no está permitido, ya que toda emisión de deuda externa debe ser aprobada por el Congreso.
Además, remarcó que la deuda que asumió la anterior gestión de Gobierno con el organismo multilateral incurrió en un “incumplimiento de los procedimientos normados”. En ese sentido, explicaron que no contó con análisis de riesgos y solvencia y tampoco con la opinión del Banco Central, tal como se establece por ley.
El préstamo stand by contaba con una primera etapa inicial de financiamiento del FMI aumentando los recursos disponibles por USD 19.000 millones hasta fines de 2019, y eleva el monto total disponible en el marco del programa a USD 57.100 millones hasta 2021.
Los desembolsos de este préstamo en el periodo auditado representaron el 36% de las emisiones del ejercicio y un 17% del total de la deuda pública. No obstante, la Auditoria General de la Nación aseguró que “la firma del acuerdo fue en 2018, sus consecuencias sobre el endeudamiento público, generaron un alto impacto sobre el perfil de vencimientos de ejercicios futuros, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”.
En ese sentido señalaron que la relación deuda externa total y PBI fue creciente a lo largo de los tres períodos considerados, pasando del 34,95% en 2016, al 41,37% en 2017, hasta llegar al 71,92% en 2018. La deuda bruta que en 2018 representaba el 86,2% del PBI se incrementó 33,1 puntos porcentuales en comparación con 2016.
Asimismo, detalla que los vencimientos de deuda para 2019 representaban el 192,75% del stock de reservas internacionales al 31 de diciembre de ese año y el 131,36% del stock de reservas internacionales a fines de 2018.
“La deuda no resultaba sostenible. En otros términos: las correcciones que se requerían tanto en la balanza de pagos, (incluyendo la balanza comercial) así como en el resultado fiscal primario futuro a los efectos de que la deuda pública resultase sostenible en el contexto expuesto eran muy poco probables de concretar atento al déficit histórico verificado en dichas cuentas y considerando la normativa vigente en materia cambiaria así como el volumen emitido en concepto de Letras en el trienio considerado”, puntualizó el informe.
El informe fue presentado por el oficialismo de la AGN -que rechazó la ejecución presupuestaria de las cuentas públicas durante ese año- y cuestionado desde la oposición de Juntos por el Cambio. Los auditores Jesús Rodríguez –presidente de la AGN–, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva luego de la presentación se mostraron en contra de algunas de las posiciones de sus colegas del oficialismo.
