A pesar de las promesas de campaña y del discurso tolerante en relación a la inmigración, el gobierno de Joe Biden ignora la situación de las miles de familias que llegan a diario a la frontera con Estados Unidos.
Por Ana Dagorret
Pasaron varios meses de la elección y posterior asunción del presidente Joe Biden al frente del gobierno de Estados Unidos. Las promesas de campaña de a poco comienzan a materializarse y el avance de la inmunización contra el Covid-19 parece ser el primer logro de la gestión.
Aún a un ritmo sorprendente y con un paquete de ayuda aprobado por el Congreso de $1,9 trillones de dólares para el pago de seguros de desempleo y beneficios a familias con renta baja, la gran deuda del gobierno Biden es al momento la revisión de la política migratoria. El anuncio inicial preveía la nacionalización de cerca de 11 millones de personas sin documentos en todo el país, válido para quienes ya habitan el territorio. En la frontera, la situación es bien diferente.
Según informaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), un componente del Departamento de Seguridad Nacional, se calcula que unas cinco mil personas llegan por día, de las cuales 500 son niños menores de siete años. De ese total, menos del 40% logran permanecer en suelo estadounidense y son enviadas a centros de detención. De sostenerse estos números, la administración Biden podría superar la cantidad de deportaciones de Donald Trump en mayo de 2019, cuyo discurso antiinmigración estaba a tono con la política migratoria.
El discurso oficial impulsó la idea de humanizar a quienes llegan a la frontera y estableció que familias acompañadas por menores de siete años pueden permanecer en el territorio. Con esta medida, se calcula que por día unas 1.900 personas son liberadas dentro del país. Sin embargo, la negativa de entrada para quienes solicitan asilo es regularmente negada bajo lo que se conoce como título 42, una legislación de la era Trump que justifica la expulsión por cuestiones de bioseguridad en razón de la pandemia.
Los números también muestran un aumento en el flujo de personas que regularmente llegan a la frontera, en enero fueron 7 mil y en febrero otras 19 mil personas. Quienes no son expulsados permanecen en centros de detención, donde el tratamiento y las condiciones muchas veces son motivo de denuncia por parte de organismos de derechos humanos. De continuar como hasta ahora, se calcula que para la primavera del norte unas 16 mil personas habrán sido detenidas en centros y cárceles de la frontera a la espera de una solución o de la expulsión definitiva.
Un negocio millonario
Desde que asumió su mandato, el presidente Joe Biden anunció la apertura de múltiples centros de detención para niños migrantes. Entre los mencionados, se encuentra el cuartel Fort Bliss, conocido por ser el puesto de patrulla fronteriza donde la administración Trump separó a las familias durante su gestión.
Según el Consejo de Investigación de Correccionales Privados con sede en Washington D.C. “aproximadamente la mitad de todos los inmigrantes detenidos están recluidos en instalaciones de operación privada, lo que ayuda al gobierno federal a cumplir con su obligación de hacer cumplir las políticas nacionales de inmigración”. Se estima que entre 2008 y 2020 la industria de seguridad fronteriza recaudó unos 55,1 mil millones de dólares, motivo más que suficiente para estimular la renovación de contratos con el gobierno.
Si bien Biden ordenó al Departamento de Justicia que deje de renovar los acuerdos con las prisiones, la detención de migrantes (o almacenamiento de no ciudadanos, como se lo llama oficialmente) corre por cuenta del Departamento de Seguridad Nacional. Quienes tienen intereses concretos en mantener los acuerdos son empresas como GEO Group, CoreCivic, Deloitte, Elbit Systems, General Atomics, General Dynamics, G4S, Leidos, Lockheed Martin, L3Harris, Northrop Grumman, IBM y Palantir.
Cuando los desplazados no son expulsados o detenidos, la opción de la Patrulla Fronteriza es abandonar a las personas en pequeños pueblos del desierto de Arizona que tienen escasos recursos para recibirlos, según informó en marzo The Intercept.
Una herencia no tan pesada
Si bien la campaña electoral demócrata no escatimó en promesas de una vida mejor y de una sociedad más justa, lo cierto es que la realidad de las minorías étnicas en el país no han mejorado significativamente. Cuestiones estructurales del país acompañadas por enmarañadas leyes e interpretaciones de autoridades judiciales (algunas heredadas de la gestión anterior) continúan siendo un dolor de cabeza para miles de personas.
Una de las medidas adoptadas por el ex presidente Trump durante su mandato puso en marcha una serie de cambios que hacen que sea más difícil para las personas en procedimientos de inmigración recibir ayuda. Se trata del cierre administrativo, el cual había permitido a los jueces de inmigración que se eliminaran casos de los expedientes para administrar más fácilmente su carga de casos a menudo atrasados y permitiendo que los interesados busquen otras vías de reparación.
“Hay una creencia arraigada de muchos de los grupos antiinmigración que los tribunales son demasiado generosos, hay demasiadas oportunidades para que la gente impugne las órdenes de deportación, y debería ser que los jueces operen más como burócratas de deportación que como jueces independientes que tratan de ejercer su discreción independiente en interés de la justicia” dijo a The Intercept en marzo Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro que utiliza el litigio, la investigación y la defensa para tratar de mejorar la política de inmigración y fortalecer los derechos de los inmigrantes.
La alteración de la gestión anterior a esta norma otorga poder a un fiscal general designado para juzgar miles de casos de inmigración cada año; reduce de 90 a 14 días el tiempo permitido para prórrogas en los plazos para presentar apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y restringe la capacidad de las personas que han recibido órdenes de deportación para intentar reabrir sus casos y buscar otra oportunidad de permanecer en los EE. UU.
Si bien se trata de una medida anterior a la era Biden, aprobada algunos días antes de su asunción y cuestionada por la justicia de California en marzo, lo cierto es que el Departamento de Justicia defiende los procedimientos heredados. En su argumento, sostienen que dicha norma no puede deshacerse en los tribunales y debe pasar por un proceso regulatorio.
En un momento donde los desplazamientos se multiplican producto de la profunda crisis económica recrudecida por la pandemia, la burocracia defendida por el gobierno Biden echa por tierra cualquier esperanza de flexibilización en la legislación migratoria de Estados Unidos. Cruzar la frontera sur de Estados Unidos sin haber obtenido permiso previo es un acto de desesperación. Reprender a las personas que lo hacen es, como mínimo, una mentira de campaña de quien se eligió con un discurso de tolerancia.