Israel vive actualmente la crisis social y política más grave de toda su historia. Desde su conformación como Estado, es la primera vez que el país es escenario de movilizaciones constantes contra el gobierno.
El motivo: la intención de la coalición oficialista de implementar una reforma judicial considerada polémica, a través de la cual el Poder Legislativo podría derribar decisiones de la Corte Suprema. Pese al sucesivo rechazo popular en las calles que ya se extiende por 13 semanas, el gobierno avanzó en el debate y logró que el proyecto pase la primera revisión y pueda comenzar a ser evaluado en el pleno.
Con la mayoría necesaria para aprobar la reforma en el Parlamento pero ante una presión social cada vez más pujante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró este lunes que la discusión será postergada hasta que se alcance mayor consenso. La razón del impasse fue la masiva movilización del último domingo, convocada por diferentes sindicatos y partidos de oposición al gobierno debido a la decisión de Netanyahu de despedir al ministro de Defensa por criticar la reforma.
La decisión del presidente de aplazar la discusión del proyecto de ley se produjo también tras la oposición del sindicato Histadrut, que suspendió los vuelos en el aeropuerto Ben Gurion y amenazó con paralizar puertos marítimos, bancos, hospitales y servicios médicos. El sindicato dio marcha atrás con las huelgas después de que Netanyahu anunciara el aplazamiento.
Si bien el oficialismo buscará avanzar con el proyecto, el primer ministro israelí tiene motivos personales para aprobar la medida. Una serie de investigaciones por corrupción pueden inhabilitar a Netanyahu, lo cual se buscaría impedir a través de la aprobación de la reforma judicial.
Otro de los motivos para que continúe avanzando la propuesta es la unidad de la coalición de gobierno. Ni bien comenzó a circular el rumor acerca de la posibilidad de dar marcha atrás con la reforma, desde diferentes partidos conservadores que apoyan al actual gobierno comenzó a extenderse la insatisfacción. Hubo quienes utilizaron sus redes sociales para convocar a manifestaciones en contra de las “demandas de los izquierdistas” y para presionar al gobierno a continuar avanzando.
Desde la oposición también se buscó presionar al gobierno. La representante Yulia Malinowski del partido Israel Beitenu llegó a declarar que “Netanyahu está retrasando deliberadamente la declaración sobre la suspensión de la ley porque está esperando manifestaciones a favor de un golpe de Estado. El enfrentamiento entre opositores y partidarios puede terminar en escenarios muy difíciles. Si hasta ahora el líder del gobierno estaba jugando con fuego, ahora juega con la vida humana”.
El socio de extrema derecha de Netanyahu en la coalición, el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, dijo que aceptaba el aplazamiento a cambio de un acuerdo que le permitiera formar una Guardia Nacional bajo su ministerio, una medida que los opositores critican ferozmente y que entienden que equivale a dar a Ben-Gvir su propia milicia.
La (aparente) influencia Demócrata en la crisis israelí
La reforma judicial propuesta por la coalición de gobierno fue el motivo por el cual comenzaron las movilizaciones a comienzo de 2023. Sin embargo, hay quienes afirman que existen actores externos que buscan desestabilizar al gobierno israelí para hacer valer sus intereses y estarían usando la actual situación de crisis social para promover el caos. Una de las acusaciones llegó de parte del hijo del primer ministro, quien apuntó contra el gobierno de Estados Unidos por estar estimulando las protestas.
La semana pasada, Yair Netanyahu compartió un artículo del sitio web de extrema derecha Breitbart en el que se afirmaba que Estados Unidos está financiando las protestas antigubernamentales que se desarrollan en Israel para derrocar a su padre.
Desde el Departamento de Estado salieron a desmentirlo y apuntaron que se trata de falsas acusaciones. El vocero dijo que la ONG Movimiento por un Gobierno de Calidad, una organización que ha sido parte de las manifestaciones en Israel “recibió una modesta subvención del Departamento de Estado que se inició durante el anterior administración”, y agregó que “el último desembolso de fondos se produjo en septiembre de 2022, mucho antes de las últimas elecciones israelíes”.
Lo cierto es que hay una serie de cortocircuitos entre la administración demócrata y el actual gobierno de Israel. La insistencia por parte de Estados Unidos para que Israel envie armas a Ucrania y la negativa de Netanyahu parece ser el principal motivo de dicho desentendimiento. Según explica el analista Andrew Korybko, la situación de multipolaridad que se profundizó desde el inicio de la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania ha llevado al gobierno de Israel a querer desarrollar su autonomía estratégica en la región.
Si bien la alianza con Estados Unidos tiene raíces profundas y continúa siendo importante para Israel, Netanyahu no parece estar dispuesto a priorizarlas y, con ello, obligar a Israel a distanciarse de la Entente sino-rusa sólo para servir a los intereses de suma cero de Estados Unidos.
En el caso concreto de Ucrania, el envío de armas por parte de Israel para enfrentar a Rusia implica un enfrentamiento de Netanyahu con Putin y el probable desencadenamiento de una crisis con Rusia en Siria.
“Es precisamente este resultado el que Estados Unidos quiere que se produzca”, explica Korybko, “porque podría abrir un denominado «segundo frente» en su campaña de «contención» de toda Eurasia contra Rusia. (…). En pocas palabras, está en juego el futuro papel de toda la región en la actual transición sistémica mundial, lo que explica la gran importancia estratégica de la crisis agravada por Estados Unidos en Israel”.
Con el impasse en relación a la reforma judicial y en torno a las medidas de fuerza convocadas por sindicatos en oposición a la medida, el gobierno de Israel cuenta con un tiempo extra para enfriar la crisis social, la más grave de toda su historia.
