Hace unos meses Haití vive una nueva crisis que se agrava luego del asesinato del expresidente Jovenel Moïse en julio de 2021 que fue reemplazado por Ariel Henry. La transición, que se produjo sin el consentimiento del pueblo haitiano, fue rápidamente sancionada por las potencias occidentales, incluido Estados Unidos.
Después de esto, hubo un incremento de la violencia por parte de grupos paramilitares en Haití, lo que causó desplazamientos masivos, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Mientras tanto, la población salió a las calles para protestar por la falta de respuesta del gobierno a los problemas de la pobreza y la inseguridad. Los movimientos sociales y políticos del país habían advertido que la situación no debía ser utilizada como pretexto para una intervención extranjera que fue finalmente lo que ocurrió.
Esto último es un dato a destacar debido al papel histórico de países como Estados Unidos en debilitar la soberanía de Haití, a través del golpe de 2004 y la ocupación directa, y considerando que muchas de las armas usadas por los grupos del país llegaron en avión desde Estados Unidos.
Actualmente en Haití hay un gobierno de transición que debe organizar elecciones generales en febrero de 2026, casi una década después de los últimos comicios.
El pedido de solidaridad internacional de los migrantes
Debido a la violencia y la inseguridad provocadas por los paramilitares alrededor de 2.500 personas fueron asesinadas. Dos meses después, la violencia continúa y más de 360 mil personas han sido desplazadas internamente. Se decretó el estado de emergencia durante más de dos meses: escuelas, supermercados y hospitales fueron cerrados debido a este escenario; los secuestros, los asesinatos y la violencia infunden miedo en la vida cotidiana de los haitianos.
Es por eso que la Red Hemisférica por los Derechos de las y los Migrantes Haitianos (REDMA) solicita a los países vecinos y del resto de la región que asilen a los haitianos y haitianas que se ven en la necesidad de abandonar su país debido a este contexto. La REDMA sostiene que “Las autoridades de inmigración violan a menudo los derechos y la dignidad de las y los haitianos en el proceso de detención y deportación. Como han documentado muchas de nuestras organizaciones miembros, entre ellas Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), las violaciones contra las y los haitianos en la República Dominicana son cada vez más habituales y generalizadas. Más de 250.000 haitianos fueron deportados de la República Dominicana el año pasado”.
Y agregan: “Hacemos un llamado a todos los países signatarios de la Declaración de Cartagena para que reconozcan que los nacionales haitianos merecen las protecciones que la Declaración les otorga. Acogemos con satisfacción y afirmamos el análisis y el informe publicado recientemente por el centro mexicano de derechos humanos, CDH Fray Matías, y la Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, que muestra por qué México debe conceder a los haitianos la protección de refugiados en virtud de la Declaración de Cartagena para cumplir con sus obligaciones legales”.
“Nuestros hermanos y hermanas haitianos necesitan una solidaridad que no se limite a la retórica, sino que vaya acompañada de una mayor protección de la inmigración. Como han descubierto a cada paso las y los migrantes y solicitantes de asilo haitianos, la anti-negritud (y el antihaitianismo) no conoce fronteras. La solidaridad tampoco debe conocerlas”, cierra el texto de la REDMA.
Para firmar en solidaridad y darle visibilidad a la causa, más información el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeExyOVnemiFW30EZGkDeh5mBy8kSkqBqdJyhsCvU_34mYTQ/viewform
