Alquilar un techo para vivir en Argentina se ha vuelto una odisea desde el último lustro. Con el gobierno de Javier Milei la situación ha cambiado de forma drástica. El presidente cumplió con una de sus promesas de campaña y mediante el megaDNU 70/23 derogó la Ley de Alquileres que, entre otras cosas, estipulaba un mínimo de 3 años para alquiler y actualizaciones cada 6 meses como máximo.
Según la teoría que pregona Javier Milei, la ausencia de regulaciones en el mercado de alquileres debe producir que la oferta y la demanda establezcan valores de referencia que beneficien tanto a propietarios como a inquilinos. Sin embargo, pese a los esfuerzos oficiales por difundir que los precios bajaron con el aumento de la oferta de inmuebles, la realidad para los inquilinos se ha vuelto sumamente complicada.
Frente a un contexto de baja en los salarios, inflación alta y ajuste brutal en las cuentas públicas se le contraponen alquileres dolarizados, actualizaciones a conveniencia del propietario (incluso con actualizaciones mensuales atadas al índice de inflación), contratos de 2 años en el mejor de los casos o 6 meses en los peores y una “airbnbización” que atenta contra el derecho a la vivienda, en pos de una renta cada vez más abultada. Un problema global que encuentra en la remake argentina su peor versión.
Un informe de Reporte Inmobiliario asegura que la oferta de departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) creció un 36,5% entre enero y febrero como consecuencia de la derogación de la ley. Asimismo los precios aumentaron hasta un 4,7% en el segundo mes del año, de acuerdo con un informe de Reporte Inmobiliario. Durante febrero, los valores subieron en las unidades de uno y tres ambientes, mientras que en las más amplias se redujeron un 2,38%. Sin precios de referencias un monoambiente puede valer desde 120 mil pesos a 250 mil pesos en el AMBA y hasta 350 mil pesos en Ciudad de Buenos Aires donde la demanda es cuantiosa. Sin mencionar que cada vez se publican más propiedades en dólares e incluso en otras monedas.
Con el salario mínimo en $202.000 y la canasta básica familiar en $420.000 la ecuación es sencilla: una persona que vive sola y comienza a alquilar desde este mes necesita ganar por lo menos cuatro salarios mínimos para poder alquilar y vivir. Los juegos del hambre.
Los inquilinos a la deriva
Aunque en muchos portales se anuncia el aumento de la oferta de alquileres como una buena noticia, según Inquilinos Agrupados la realidad dista de ser positiva. “Estamos viendo que mucha gente que no puede afrontar los alquileres se va a vivir con la familia: hijos que vuelven con sus padres o jubilados que se van a vivir con sus hijos”, cuenta Gervasio Muñoz. También por necesidad proliferan los casos de personas que se van a vivir juntas para costear el precio de la vivienda sola vivienda, (la figura del roomie se ha popularizado en los últimos años), gente que se va a vivir a pensiones y en el peor de los casos gente que queda en la calle.
Según Muñoz la razón por la que todavía no explotó una crisis habitacional se debe a que hay aún una gran cantidad de inquilinos e inquilinas con contratos firmados bajo la antigua ley que establecía actualizaciones anuales y semestrales con el índice ICL (que promediaba las actualizaciones salariales con el número de inflación). “Esto nos da la razón respecto a que es necesario regular la vivienda para proteger a los inquilinos”, aseveró en diálogo con ARGmedios.
Para peor no hay por el momento respuesta a esta situación desde otros sectores políticos. Si bien hubo reuniones de Inquilinos Agrupados (organización que está en varios puntos del país) con intendentes peronistas, subsiste el reclamo para controlar los precios del alquiler de alguna manera con políticas locales. Recientemente el gobierno de Neuquén (del exMPN Rolando Figueroa) presentó un proyecto para regular los alquileres temporales.
Adivinen cual es el único país donde está dolarizada la vivienda. pic.twitter.com/wQ1WJynMos
— Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) March 4, 2024
En este contexto los Inquilinos Agrupados insisten con que el camino tiene que ser la derogación del DNU 70/30 y la restitución de la ley de alquileres derogada. La vía judicial también fue tomada aunque por el momento sin suerte: el juez Alberto Recondo -Juzgado Nº 4 de La Plata- rechazó el pedido de nulidad presentado por IA por indicar que “no resulta evidente que la lesión postulada en la demanda provoque una afectación común a todos los integrantes de la clase que la actora pretende representar (sus asociados)”.
“Tenemos que confluir los reclamos de todos los afectados por las políticas de Milei. Esa tiene que ser la vía”, agregó Muñoz respecto a la lucha que mantienen los inquilinos. En ese marco valoró que la CGT haya recogido el guante de reclamar por la regulación de los alquileres y el derecho a la vivienda en el documento leído el 24 de enero durante el paro general.
La situación en números
En contraste con relevamientos como los de Reporte Inmobiliario en la web de Inquilinos Agrupados se puede leer un informe de enero de 2024 en el que se arrojan algunos datos que grafican el escenario. Algunos de los datos que destacan al respecto: el 31,6% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después del 1° de noviembre de 2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar asciende al 41,6%.
El 87,3% de los inquilinos e inquilinas que iniciaron su contrato después de noviembre de 2023 tendrán actualizaciones en el precio de su alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses. Por otro lado el 53,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente, las cuales están protagonizadas en su gran mayoría por el pago de alimentos y de tarjetas de crédito.
