¿Cómo continua la Ley de Bases? Rosca legislativa y polvorín político

El oficialismo acelera y pone fecha al tratamiento de la ley, mientras la oposición se muestra prudente. La definición de los gobernadores y la dinámica social, dos elementos claves.

Con el DNU de diciembre aun en vigencia pese a la reciente negativa en el Senado, y con el peso de la derrota legislativa de febrero que tiró por la borda el primer proyecto, el oficialismo vuelve a la carga con la Ley de Bases con varias modificaciones con respecto al proyecto presentado en enero.

El nuevo proyecto de la “ley ómnibus” contempla nueve capítulos que incluyen emergencia económica, reformas laborales (dando carácter de ley a las descriptas en el DNU de diciembre), privatizaciones, desregulación económica y temas previsionales (aunque la nueva fórmula jubilatoria ya se haya aplicado por decreto).

El Gobierno se reunió con legisladores del macrismo por el tratamiento de la ley que espera poder tratar en diputados a mediados del mes próximo. La idea del Poder Ejecutivo es que el proyecto ingrese en comisión el próximo 17 de abril y se comience a debatir una semana después, el miércoles 24.

No obstante, cada una de las partes necesarias para la aprobación de la norma tiene demandas que la Casa Rosada desestima y podrían detonar, otra vez, el rechazo de las bancadas que el oficialismo necesita para no naufragar por segunda vez con la iniciativa parlamentaria.

Desde Unión por la Patria (UP) y algunos sectores del radicalismo entienden que la tratativa del proyecto solo quiere desviar la atención y no enfocarse en las consecuencias de un ajuste que se está dando sin necesidad de aprobar ninguna ley. La UCR conducida por Rodrigo de Loredo se muestra dialoguista y expectante de que se cumpla la promesa del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Franco: plasmar las modificaciones sugeridas antes del tratamiento en comisiones.

Sectores del empresariado (financiero y energético centralmente) se manifestaron entusiasmados de que la ley se apruebe, más que nada los petroleros que insisten en una reforma de la Ley de Hidrocarburos, o los empresarios mineros que apuestan a la desregulación de controles sobre la actividad. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a los principales hombres de negocios del país, celebró la aprobación en general en Diputados dada a la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Las buenas predisposiciones que podrían surgir de las provincias para aceitar la nueva versión de la ley, que sigue en estado de borrador, corren el riesgo de esfumarse si no hay gestos conciliadores y abrir la ventana del infierno más temido: que el DNU caiga por completo en el recinto que preside Martín Menem. “Si llegamos a eso, Javier va a mandar nuevos decretos, pero uno por cada tema y vamos a ver si se lo rechazan”, se rumorea en los pasillos de la Rosada.

Francos reunido con gobernadores del Norte Grande.

Hasta el momento, los bloques opositores guardan cierta cautela pero legisladores de distintas extracciones políticas advierten que el gobierno avanza con la misma cerrazón que en enero con el proyecto original, por más que se haya abierto a deliberaciones previas. Uno de los puntos centrales es la negociación de acuerdos fiscales con los gobernadores. La UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), el PRO y los partidos provinciales entienden que sin un consenso impositivo entre la Nación y las provincias será muy difícil poner en consideración la “nueva ley ómnibus”.

En HCF pesan fuerte los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El pacto fiscal está lejos de cerrarse, porque el Gobierno ofrece sumar contribuyentes al impuesto a las Ganancias y algunos gobernadores insisten en coparticipar otros impuestos, como el cheque y el PAIS. Fue este debate en el que trabó la ley ómnibus en febrero y todo sigue igual. El PRO planteó una salida: sumar excepciones a la reforma de Ganancias.

Aun así los gobernadores negocian por momentos juntos, y otras veces por las partes. Por ejemplo, el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, se muestra optimista por la aprobación de la ley. No sucede lo mismo con su par santacruceño, Claudio Vidal, que no se muestra tan de acuerdo con la ley, poniendo en cuestionamiento los puntos referidos a la desregulación de controles en las rama que atraviesan la provincia como la petrolera. El gobernador santacruceño reclama por YPF, Río Turbio y las represas, donde habrá 1800 despidos y Nación no da respuestas.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) apoyarán la ley en el Congreso. Incluso creen que logrará su aprobación. Sin embargo, mantendrán el listado de condiciones que le ponen al presidente Javier Milei: que el Gobierno entienda que “están para ayudar en el último kilómetro” y que la negociación pase por los bloques parlamentarios. El 4 de abril habría una nueva reunión de Francos con los gobernadores del JxC.

Pichetto responsabiliza al Gobierno por cerrar los canales de diálogo.

El titular del bloque de HCF, Miguel Angel Pichetto, aseguró que “si está el apoyo de los mandatarios provinciales, el proyecto sale” y arriesgó que ambas cámaras podrían aprobarlo “para mediados de abril”. Axel Kicillof, por su parte, sostuvo que sus pares aún no conocen el articulado y que el acuerdo podría trabarse en la discusión por el impuesto a las Ganancias.

Ganancias es efectivamente el punto de tensión. Francos se reunió con los gobernadores del norte grande argentino y pidió el apoyo  al proyecto. No obstante la mayor parte de los gobernadores rechazan la reinstalación del tema Ganancias y la mayoría se juega a coparticipar algún otro impuesto. Los gobernadores manifiestan la queja de sus legisladores por la poca atención resolutiva del gobierno más que nada en subsidios al transporte, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la obra pública (sobre la cual el Gobierno se comprometió a reactivarla mediante financiamiento externo).

El gobierno se encuentra nuevamente en la encrucijada de ceder ante los reclamos de los gobernadores que ejercen su presión sobre los legisladores yendo a un nuevo cuello de botella que podría encorsetar el nuevo tratamiento de la ley ómnibus generando otra derrota legislativa que tendrá como contrapartida ya declarada una escalada de tensión con el Congreso y los gobernadores. Todo esto, si es que la dinámica social no estalla previamente, ante una fe que persiste pero se va agotando día a día.