El día 7 de junio se sancionó en la Asamblea Nacional del Ecuador la nueva Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza. Esta ley busca regular el uso progresivo y proporcional de la fuerza “en cualquier momento y bajo todas las circunstancias” por parte de los agentes del orden, entre los que se encuentran la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes de vigilancia penitenciaria.
Según el presidente de la República, el banquero conservador Guillermo Lasso, esta ley es necesaria para combatir la grave crisis de inseguridad que se vive en la actualidad. Varios asambleístas secundan esta opinión y defienden la iniciativa que “debió haberse establecido hace ya varios años”.
La aprobación de esta ley ha provocado incertidumbre y miedo en líderes sociales y sectores movilizados puesto que recuerda a la situación vivida en el Paro Nacional de Octubre del 2019, cuando se permitió a la Policía Nacional ejercer el legítimo uso de la fuerza que desembocó en víctimas letales y graves vulneraciones de los derechos humanos.
Las marcas del Paro Nacional
Según la Comisión Especial para la Verdad y Justicia creada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador para investigar las protestas de octubre de 2019, durante los días del paro nacional se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional a la población civil.
La comisión recibió más de 500 testimonios de los cuales 249 responden a vulneraciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado -Policía y Fuerzas Armadas-, además constataron que existió complicidad por parte de la Fiscalía General del Estado para encubrir estos hechos. Hasta el día de hoy las víctimas y sus familiares no han recibido justicia y reparación y esperan a que organismos internacionales intervengan en sus casos.
Los artículos 23, 24 y 25 de esta nueva ley, que hacen referencia al “uso excepcional de la fuerza en reuniones, manifestaciones o protestas sociales”, son los más cuestionados por organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales en general, ya que podrían permitir que la policía atente contra los derechos de quienes ejerzan el derecho a la protesta social.
La INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) se pronunció a este respecto en una Carta abierta a la Asamblea Nacional el día 29 de abril del presente año.
“Vemos con preocupación que el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad sea una constante y que la impunidad sigue siendo regla general (…) Solicitamos a las instancias de decisión del Gobierno Nacional de la República del Ecuador a no caer en el discurso populista de respaldo institucional, ciego a las acciones de miembros de la Policía Nacional”.
Según informes del Gobierno Nacional se espera incorporar en los próximos 3 años a aproximadamente 30 mil nuevos policías
Adentrándose en el securitismo
Con estas acciones, el Ecuador se va insertando a pasos agigantados en la racionalidad securitista propia de los estados neoliberales. Esta razón empodera a la policía para sofocar la movilización popular, construye miedos que promete destruir con el uso de la fuerza y la vigilancia, legitima el hostigamiento y la violencia. Todo esto amparado por el discurso de la lucha contra el crimen y la inseguridad.
Según informes del Gobierno Nacional se espera incorporar en los próximos 3 años a aproximadamente 30 mil nuevos policías, además se pedirá apoyo internacional en equipo, tecnología, armas y municiones para sostener el crecimiento de las instituciones armadas. Hasta el momento se han invertido 1.200 millones de dólares para combatir el crimen organizado y potenciar la fuerza pública.
La nueva Ley del uso legítimo de la Fuerza se aprueba en un contexto de convulsión social y política, pocos días antes de la gran movilización nacional del 13 de junio convocada por varios sectores para reclamar al Estado por la crisis económica, institucional y la ola de inseguridad.
