Luego de haber reconocido que Dolores Etchevehere es víctima de violencia de género y tiene derecho a una vivienda del acervo hereditario, el juez civil de Entre Ríos Dr. Martin Furman dejó sin efecto las medidas cautelares que él mismo había dictado. Los hermanos Etchevehere dueños y señores de Entre Ríos.
El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº7 de Entre Ríos, Dr. Martín Furman, había dado lugar al pedido de Dolores Etchevehere, la reconoció como víctima de violencia de género del tipo económica y dictó medidas cautelares para que Dolores pueda utilizar su casa de Paraná, uno de los inmuebles de la sucesión.
La vivienda es lindera a la casa de su madre y hermanos, motivo por el cual el juez dispuso custodia policial permanente para garantizar la integridad física de Dolores. Asimismo, había dictado que sus hermanos y su madre debían pagarle a Dolores una indemnización por la utilización exclusiva que ellos hacen de los demás inmuebles que también pertenecen al acervo hereditario.
Pero en frente a Dolores están los poderosos de Entre Ríos. Sus hermanos Juan Diego, Sebastián y el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, además de su madre, Leonor Barbero Marcial. Desde la muerte del padre, en 2009, la hermana denunció en diferentes estrados judiciales a toda la familia. Violencia de género y económica, estafa y vaciamiento de empresas.
Tras las presiones de la familia Etchevehere el juez civil de Entre Ríos Dr. Martin Furman dejó sin efecto las medidas cautelares que él mismo había dictado. Una muestra de poder real y patriarcal por parte de los Etchevehere que incluyó gritos, insultos, hostigamiento y violencia hacia Dolores Etchevehere y hacia el propio juez.
Al momento de volver sobre sus pasos, las medidas cautelares se habían hecho efectivas, puesto que Dolores Etchevehere había tomado posesión del inmueble luego de que el oficial de Justicia leyera el acta y procediera a la entrega de la vivienda.
Minutos después de tomar posesión de la casa, la patota de Etchevehere comenzó el hostigamiento, la violencia y el desacato de las medidas. El juez denunció la desobediencia pero la policía se mantuvo del lado del estanciero.
Luego, el juez revocó su fallo y resolvió que los varones Etchevehere deben pagar un alquiler a Dolores que hoy, re-victimizada, sigue sufriendo la conculcación de sus derechos. El argumento del juez Martín Furman para revocar su propio fallo es el de no poder hacerlo cumplir, incluso sostiene que no puede garantizar la integridad física de Dolores.
Durante una reunión llevada adelante en la vivienda de la calle Los Vascos N°839, el jefe de la Comisaría expresó que no se cuenta con la cantidad de efectivos necesarios para evitar todo tipo de contacto entre Dolores y sus hermanos que habitan las viviendas lindantes, durante las 24 horas.
Es por ese motivo, que el juez sostiene que no puede garantizar que Dolores no vuelva a ser víctima de actos violentos por parte de los Etchevehere.
En el fallo que desdice la entrega de vivenda a Dolores, el juez dejó en claro que los hermanos hombres de la familia se manejan con violencia y prepotencia. “Corroboramos que los coherederos y sus grupos familiares asumieron una actitud de exaltación y verborragia, tanto hacia Dolores, como hacia mí, la policía, los letrados de la señora Etchevehere, escalando en las manifestaciones violentas a medida que transcurría el acto” expresó Martín Furman.
Por último, el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Entre Ríos dispuso que Juan Diego, Luis Miguel y Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor Barbero Marcial deberán pagarle a Dolores una suma de 45 mil pesos mensual, para que Dolores pueda alquilar la vivienda que seleccione dentro de esta ciudad.
Cabe la duda sobre el poder real de los Etchevehere ante el Estado.
