A 45 años del golpe cívico-militar, Argentina se ha erigido como vanguardia en políticas de memoria. Aún así, muchos juicios de lesa humanidad se retrasan y crece la “impunidad biológica”: al ritmo de la justicia, muchos genocidas morirán sin ser condenados.
Por Julián Pilatti
Hace 45 comenzaba el terror. Un gobierno militar comandaba grupos de la muerte, secuestros y torturas. Las fuerzas armadas y grupos civiles, empresarios y religiosos se convertían en los dueños de la vida. Por entonces, nadie podía imaginar un futuro con justicia. Sin embargo, hoy ya son 1.437 los genocidas condenados a perpetua desde que se impulsaron los juicios de lesa humanidad a través del Estado, allá por el 2006.
Las políticas de reparación que llevó a cabo el Estado argentino son reconocidas en el continente y el resto del mundo. Claro que ese camino no fue nada fácil y estuvo atravesado de idas y vueltas de los sucesivos gobiernos democráticos.
Una síntesis rápida del largo proceso judicial podría empezar con una cita: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya al pueblo argentino. Señores jueces, nunca más”, pronunció el fiscal Julio Strassera, un 18 de septiembre de 1985. Desde entonces, los genocidas intentarían soltarse de las riendas de la justicia.
En 1986, el presidente Raúl Alfonsín dictó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, luego de haber sido el primer mandatario de la vuelta de la democracia que, irónicamente, se había animado a encauzar juicios contra la junta militar. Los resabios de la dictadura todavía eran fuertes.
Aquellas leyes de impunidad se terminaron de concretar cuando el expresidente Carlos Menem firmó los indultos que beneficiaron a los principales jefes de la dictadura. En aquella oportunidad, el ex mandatario también indultó a algunos ex jefes de Montoneros, para de esta forma convalidar la teoría de una “guerra” que había atormentado al pueblo argentino.
Sin embargo, la lucha incansable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como de un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos y referentes, logró que la historia no se cerrara allí. En el año 2000, tribunales europeos comenzaron a detener a algunos de los genocidas que habían salido del país, afianzando así una idea de que los delitos de lesa humanidad no prescriben ni le pertenecen tan solo a un país.
Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, luego de una profunda crisis económica que azotó a gran parte del pueblo argentino, la historia comenzó a cambiar: se derogaron las viejas leyes que le permitían hasta entonces la impunidad a los represores y se reforzó la política de construir memoria.
Finalmente, en 2005 la Corte Suprema de Justicia determinó que los crímenes de la dictadura pasarían desde entonces a ser “imprescriptibles”, sellando así una nueva etapa histórica en materia de Derechos Humanos, que se sostiene hasta la fecha.
La “impunidad biológica”
Todavía son demasiados los represores que se encuentran libres o bien mueren sin pasar por la justicia.
En los últimos 15 años, se efectuaron 246 juicios con sentencia, dictándose así 1.459 condenas (de ese total, 1437 son represores). Pero todavía hay 1.590 genocidas imputados que se encuentran en libertad. A esto se suma que se dieron 222 absoluciones y, de acuerdo a la organización de Derechos Humanos HIJOS, “casi el 70% de los genocidas detenidos goza el beneficio de la prisión domiciliaria”. Una práctica que se aceleró durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y que continuó en 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus.
“Tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD”, estiman desde HIJOS.
Por su parte, Sol Hourcade, coordinadora del Equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS, aseguró para este medio que actualmente los juicios avanzan “con cierta inercia” y que durante el 2020 se logró al menos que los juicios paralizados por el ASPO se reinicien. “Esos meses de paralización hicieron que se generaran más demoras que las que ya venimos advirtiendo hace años”. De hecho en todo 2020 solo finalizaron 9 juicios orales con sentencia, la cantidad más baja desde el año 2011. A diciembre del año pasado, 75 causas se encontraban elevadas a juicio y estaba pendiente el inicio de debates orales y públicos, explican desde el CELS.
A esto hay que sumar un cálculo lógico: cada juicio lleva aproximadamente un proceso de cinco años. Considerando la edad avanzada de los represores, muchos de los procesados e imputados podrían morir en sus casas, a esto se lo denomina “impunidad biológica”. De hecho, de los 3.448 represores investigados a lo largo de todo el proceso de justicia, para finales de 2020 ya habían fallecido 692.
“A 45 años del golpe genocida los juicios a los represores se encuentran asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva”, explican los integrantes de la organización Hijos de La Plata.
También es una visión compartida desde el CELS: “Urge una respuesta inmediata de los tres poderes del estado por el tiempo transcurrido desde que se cometieron estos hechos. Porque el paso del tiempo atenta contra este proceso: las víctimas, familiares, testigos/as e imputados tienen una edad avanzada y pueden fallecer sin que se haya hecho justicia”.
