“El ajuste lo tiene que pagar la política, no la gente. Massa no quiere que lo pague la política, sale a asustar con el precio del boleto del transporte público”. La frase fue enunciada por Javier Milei una semana antes del balotaje. Como se dice comúnmente, esta frase envejeció muy mal. Los carteles del candidato peronista, Sergio Massa, anunciaban que la quita de los subsidios al transporte subiría el boleto de colectivo a $700. Desde el espacio libertario denunciaban una “campaña del miedo”. Efectivamente el boleto subirá a $700 pesos a partir de enero.
Esta se suma a otras falsas promesas como la (mal informada) dolarización, donde gran parte del pueblo entendía (engañosamente) que su sueldo pasaría a dólares, o el cierre del Banco Central, donde fue designado Santiago Bausili, ex integrante del Deutsche Bank y procesado por trabajar para la entidad financiera y para el Estado argentino en simultáneo. De la misma forma en que Mauricio Macri incumplió su promesa de “pobreza cero” o Alberto Fernández quebrantó su propuesta de “empezar por los últimos de la fila”, Milei profanó su principio de ajustar solo a la casta y no al pueblo.
Emulando la vieja premisa kichnerista, la casta es el otro. O quizá la casta somos todos. En un tweet de octubre de este año, Milei decretó: “LA CASTA es: 1. Políticos ladrones; 2. Empresarios prebendarios; 3. Sindicatos entregadores; 4. Micrófonos ensobrados; 5. Profesionales funcionales”. Veamos cómo repercute cada una de las medidas en la “casta”.
Políticos ladrones
Ninguna de las medidas anunciadas hasta ahora por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, toca los sueldos ministros, comisarios, jueces o fiscales. Ni siquiera el sueldo de diputados y senadores. La eliminación de 9 cargos de rango ministerial, 50 secretarías y 42 subsecretarías suma no más de $3.200 millones (sueldos + cargas sociales). Eso equivale al 0,00142% del PBI.
“No se renuevan los contratos que tengan menos de un año” anuncio Caputo. Eso implica los famosos contratos “048 – planta transitoria”, el escalón más vulnerable y más exigido del empleo estatal, dejando por fuera a la “planta permanente”, nominas que en muchos casos se ha transformado en verdaderos aparatos burocráticos carentes se sentido, como el famoso pase a planta masivo realizado en los últimos meses del mandato macrista, centralmente en las áreas “legales” de los ministerios.
Es decir, el recorte recae sobre los sectores más vulnerables del empleo estatal, nada sobre la clase política.
Empresarios prebendarios
Una nota aparte implicaría hablar del historial de negocios con el Estado desarrollados por los grupos empresariales que lidera el principal socio político del gobierno, Mauricio Macri. Pero no vamos a detenernos en esto. Pongamos un ejemplo más actual. A finales de noviembre, el Grupo Mirgor, encabezado por Nicolás Caputo, amigo del Macri y hermano del ministro de Economía, despidió a más de mil empleados en Tierra del Fuego
¿La causa? la empresa alega la dificultad de acceder a los insumos necesarios para la producción a partir de la política de restricción a las importaciones a partir del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). “Remplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias”, dijo Caputo en el mensaje grabado que emitió desde el Ministerio de Economía. Una medida que beneficia a su hermano, quien hasta el día de la fecha no volvió a contratar a los empleados despedidos.
Tras el anuncio del paquete de medidas que lanzó Caputo, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) respaldaron estas decisiones y consideraron que sinceran las variables de la actividad. Además, reiteraron un pedido para eliminar las retenciones al campo. Dijo Caputo, “se beneficia a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores y dejamos de discriminar al sector agropecuario. Luego de la emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de explotación, un gravamen perverso que no nos gusta y entorpece el desarrollo argentino”.
Luego continuó, “vamos a sincerar el tipo de cambio oficial que va a pasar a 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para que aumente su producción. Estará acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias”. Reprimarización económica, caída de la actividad industrial.
Desde la UTEP manifestamos nuestra gran preocupación a partir de las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de economía.
El mismo gobierno reconoce que a partir de las mismas se generará más pobreza e indigencia, es decir más familias en la calle y sin comida en sus mesas.— UTEP (@UTEPoficial) December 13, 2023
Entidades rurales no vinculadas a la famosa Mesa de Enlace denunciaron que estas medidas golpean a los pequeños productores y beneficia solo a los sectores agroexportadores. El impacto en las zonas semirurales y los núcleos duros de indigencia (el chaco salteño, el impenetrable, Concordia, Gran Resistencia, etc.) sin la provisión urgente de alimentos puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) declararon: “prometieron que la casta iba a pagar el ajuste y entre otras cosas, congelan el único sustento que tienen los y las trabajadoras de la economía popular. No es la primera vez que se quieren aplicar recetas de este tipo en la Argentina y los resultados ya los sufrimos en el pasado”.
Micrófonos ensobrados
Si bien la quita de pauta oficial puede ser una medida “antisistema” concreta (quizá la única en la que Milei cumplió su palabra) la implementación puede perjudicar solo a los trabajadores de la prensa y medios alternativos, sin siquiera tocar a los grandes multimedios.
“Con las redes de medios comunitarios y autogestivos, en conjunto con otros sindicatos y sectores de la comunicación, desde hace años reclamamos que la pauta oficial sea democrática y federal. El Estado tiene la obligación de favorecer la diversidad de medios y su sostenibilidad, derivada del hecho de que la libertad de expresión protege los derechos de quienes se expresan y de quienes escuchan”, informaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
📄Sobre la suspensión de la pauta oficial
La decisión afecta a la ciudadanía en su derecho a la información, clave para la vida en común, por ejemplo en campañas sobre salud. A su vez impacta en quienes trabajamos en medios, con o sin fines de lucro.⬇️https://t.co/TGg88Zd8RF— SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) December 12, 2023
Y advirtieron, “esta decisión anunciada, por el contrario, anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Medidas de este tipo, además, aumentan la asimetría y la concentración que, en palabras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica restringir la democracia porque silencia voces”.
Esta decisión, en su aplicación, puede dejar sin condiciones de competencia a los medios más pequeños, dejando el camino allanado al avance de los grande multimedios. Al margen de que quien este “ensobrado”, no sería afectado necesariamente. De hecho, poco eco ha generado la censura a la transmisión de la jura de ministros, un hecho inédito para las asunciones presidenciales. La libertad de prensa entonces no parece ser tal, cercenada ya sea por la competitividad de mercado, o por la mera prohibición estatal.
