El gobierno de Javier Milei volverá a poner a la Argentina en un lugar de denuncia sobre supuestos delitos contra los derechos humanos en Venezuela, luego de que el presidente de ese país –Nicolás Maduro– le apuntara al mandatario argentino por sus constantes dichos contra su gobierno.
“Quieren una hecatombe, una tragedia, para gritar la suspensión de las elecciones. Ahí saldrían los gringos, el mal parido de Milei, el [presidente de Ecuador, Daniel] Noboa y la derecha”, expresó la semana pasada el presidente Maduro, encendiendo las alarmas en la Casa Rosada.
Las declaraciones de Maduro eran referidas a las constantes denuncias de intento de sabotaje y desestabilización del gobierno venezolano por parte de las derechas de la región, en sintonía con las líneas que salen desde los Estados Unidos.
Sin perder el tiempo, el gobierno argentino volvió a la carga con una denuncia desde la Corte Penal Internacional (CPI) ante supuestos delitos de “lesa humanidad” que se habrían cometido en Venezuela durante el 2014.
Pero la denuncia se reflota en un momento puntual: este próximo domingo 28 de julio, Venezuela volverá a tener elecciones presidenciales y será blanco de críticas por parte de los gobierno que desde hace décadas se vienen enfrentando al proceso político que se da en el país caribeño.
De hecho, no es causal que la última vez que Argentina encabezó una denuncia de este tamaño, sumándose a varios países gobernados por la derecha, ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018.
“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021.
Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, dice el comunicado de Cancillería argentina.
