Investigadores y expertos afirmaron que Argentina atraviesa uno de los veranos más cálidos de su historia por una suma de “factores desafortunados”, que van desde la variabilidad natural hasta la influencia del “cambio climático” o “calentamiento global”.
Pero, ¿Qué significa “calentamiento global” en términos políticos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo se plantea frenar esta crisis climática? ¿Cuál es el rol de Argentina y Latinoamérica?
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que dañan a la atmósfera y exponen al planeta a un calentamiento más acelerado vienen- en mayor medida- de la intensificación de actividades industriales como la explotación de carbón, gas y petróleo y -en menor medida- los cambios y usos al suelo y la deforestación de selvas y bosques.
Si se reparten responsabilidades, solo entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se emiten el 75% del dióxido de carbono (Co2) que daña la atmósfera. Junto a China, alcanzan un 90%. Argentina es uno de los que menos emite Co2, según un estudio publicado en Earth System Science Data, con solo un 8% de impacto en el mundo.
Una medición de la NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas https://t.co/yOWc3WGuxu via @LANACION pic.twitter.com/M35Iz3ny8J
— LA NACION Campo (@LNcampo) March 13, 2023
Sin embargo, las políticas globales que pretenden frenar o “reparar” la crisis climática son diseñadas desde fines de los 80′ por países del Norte Global y ejecutados por el Sur, a cambio de prestaciones financieras que otorgan millonarias empresas, ONGs y organismos internacionales como el FMI.
La “Justicia Ambiental” también se paga con favores
El “canje de deuda por acción climática” es uno de los mecanismos y consiste en una reducción de los compromisos de deuda a pagar por los países del Sur con la condición de que esos recursos sean utilizados con un fin acordado. En los 90′ países como Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, y Nicaragua acudieron a este canje. Argentina se unió por primera vez, en abril de 2021.
En la COP26 realizada ese año, el presidente Alberto Fernández y los ministros de Economía y Ambiente defendieron en reiteradas oportunidades la implementación de un mecanismo de “canje de deuda por acción climática” como una forma de “justicia social ambiental”, un término que Alberto Fernández utiliza reiteradas veces. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que este mecanismo consistiría en una “cancelación de la deuda externa a cambio de inversiones en políticas de adaptación y mitigación al cambio climático”.
“Como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias debemos crear fuentes de financiamiento innovadoras y nuevas reglas e incentivos globales. Debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”, expresó el Presidente Alberto Fernández en su discurso.
Sin embargo, aún no se han hecho públicas por parte del Gobierno Nacional y Ministerios competentes, acciones concretas ni planes a implementar, y quedan grandes dudas sobre cuáles podrían ser las condiciones bajo este tipo de acuerdo financiero.
“Resilience and Sustainability Trust” (Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad en español) es el nombre de una política que incorpora el FMI dentro de sus nuevas condiciones a la hora de renegociar la deuda con países. Se trata de “préstamos que inicialmente apoyarían medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático y mejorar la preparación para pandemias”, según la definición oficial del organismo. Solo pueden acceder a dichos préstamos por acciones climáticas aquellos países endeudados con el FMI.
Decidir en lo económico para incidir en lo ambiental
Ahora bien, contradictoriamente la dependencia de una economía dolarizada que tiene Argentina, es la principal razón de su extractivismo: lo que permite el pago de la deuda externa son las actividades que generan divisas en gran cantidad, como la extracción de combustibles fósiles con el proyecto offshore en la Costa Atlántica, la salmonicultura en Tierra del Fuego, la minería en Chubut y Mendoza y en los territorios de Andalgalá y Catamarca que muestran grandes resistencias sociales.
Junto con la agroindustria, estas actividades componen el 80,1% de las exportaciones argentinas, según datos del INDEC.
Son estas las divisas necesarias para hacer frente a los pagos del nuevo acuerdo con FMI firmado por el exministro de economía Martín Guzmán a razón del endeudamiento por 45 mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. El mismo Fondo que incentiva las acciones para frenar el calentamiento global es quien le pide a la Argentina el aumento de las exportaciones- y, por lo tanto, del extractivismo- además de una reducción del déficit fiscal.
Al igual que varios de los países de Latinoamérica que se enfrentan a este canje, se trata de elegir entre hacer frente a sus obligaciones de deuda o a la acción climática.
Sobre eso se trató las declaraciones del ministro de Economía Sergio Massa ante el directorio europeo del Banco de Desarrollo de América Latina cuando dijo que “en el camino de la transición energética, la pregunta del millón es si cuando los países desarrollados nos piden que frenemos los proyectos de desarrollo de gas o de gas líquido, ¿van a dejar de comprar gas líquido? ¿Van a cerrar los puertos gasificadores de sus propios países? ¿O nos piden que hagamos un esfuerzo de transición que sus propias economías no hacen mientras vemos a Europa reabriendo plantas de carbón?”
El Ministro reiteró que es “siempre injusto que nuestros países que son siempre acreedores ambientales, tengan que hacer un esfuerzo adicional por aquellos que son deudores ambientales”.
"Nos piden un esfuerzo que no hacen"
Ante el directorio europeo del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Massa acusó a los países desarrollados de "frenar proyectos de desarrollo de gas" en Argentina y destacó que el país es "acreedor ambiental". pic.twitter.com/r1rEbMTDhV
— Corta 🏆 (@somoscorta) March 7, 2023
Sin embargo, el foco está puesto en mayor medida, en la cadena de valor: la industria. No en la extracción de materia prima donde la mayoría de las inversiones en el país cuando hablamos de recursos estratégicos para la transición energética, están en manos de empresas extranjeras. Como por ejemplo la extracción de litio.
La materia prima la pone el Sur y las industrias el Norte, quienes luego nos venderán los insumos para energía renovables hechos en sus fábricas- como las baterías de litio. Esa es la fórmula que cierra dentro del término “global”, en donde la responsabilidad es de todos y, por lo tanto, la colaboración en mismas partes.
En fin, si el aporte a la lucha por el cambio climático es desde el lugar que ocupamos mundialmente el punto de partida es otro. Las responsabilidades también. Y los deberes no son los mismos. Quizás, a la hora de plantearnos una agenda de recuperación verde será necesario empezar por decidir sobre nuestra economía.
