El país transita una nueva crisis política, potenciada por intereses extranjeros y masificada por los medios hegemónicos de comunicación. Los errores del gobierno sandinista, el aumento del autoritarismo de Daniel Ortega y la violación a los derechos humanos crean un contexto ideal para legitimar el discurso de que “existe una dictadura en Nicaragua”.
La agenda internacional volvió a llenarse de noticias sobre Nicaragua y Daniel Ortega con las elecciones presidenciales de noviembre y la detención de 16 dirigentes opositores, acusados de ser agentes internacionales y conspirar para realizar un golpe de Estado. Razones no faltan, abuso de poder tampoco.
Las detenciones
Los precandidatos presidenciales detenidos son Juan Sebastián Chamorro García y Félix Alejandro Maradiaga Blandón; así como el empresario, José Adán Aguerri Chamorro; y la ex candidata a vicepresidenta de la República, Violeta Mercedes Granera Padilla. También existen ex aliados del gobierno sandinista que hoy son críticos de Ortega, entre los que se encuentran Dora María Téllez y Hugo Torres.
Se les imputan cargos por “traición a la Patria”. Son acusados de conspirar al servicio de EE. UU. y de apoyar las sanciones de la Casa Blanca contra Nicaragua. Además, el gobierno de Ortega sostiene que en uno de los casos se encontraron fuertes indicios de lavado de dinero. Una sospecha vinculada a las operaciones financieras de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, con dinero proveniente de agencias internacionales como la USAID, NED, Fundación Soros, y también agencias europeas como OXFAM.
A los hechos conocidos por las tapas de buena parte de los periódicos del mundo hay que agregarle una variable fundamental que explica lo que sucede actualmente en el país: 2018.
Las protestas de 2018
Ese año Nicaragua vivió una serie de movilizaciones de estudiantes y organizaciones sociales financiadas por la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). A las protestas se sumaron diversos actores feministas, indígenas y ex aliados sandinistas que pusieron en jaque al gobierno de Ortega durante cuatro meses.
La heterogeneidad de las movilizaciones fue un escenario ideal para que grupos y financiados por la Fundación Nacional para la Democracia de EE. UU. intenten un golpe de Estado. Sería una simplificación excesiva argumentar que las protestas en sí mismas fueron simplemente fabricadas por EE. UU. Parte de las quejas son reales y gran parte de las protestas fueron legítimas, incluyendo a disidentes sandinistas.
Intervención y Fundaciones
Sería igual de ingenuo desconocer la intervención de Estados Unidos en aquellas protestas, y en la nueva campaña ofensiva. Entre 2014 y 2017, el Fondo Nacional para la Democracia destinó 55 subvenciones por un total de 4,2 millones de dólares otorgados a organizaciones para proporcionar una estrategia coordinada y una voz en los medios de comunicación para los grupos de oposición en Nicaragua.
Otros documentos confirman que la CIA canalizó abiertamente 16,7 millones de dólares entre febrero de 2017 y julio de 2018 a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Su directora, Cristiana Chamorro, es parte de una famosa familia que cuenta con ocho miembros como presidentes de Nicaragua; además es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
Nicaragua hoy
Luego de aquellos episodios, el gobierno sandinista enjuició a los referentes de aquellas movilizaciones y luego otorgó una amnistía para varios dirigentes políticos. Aunque Ortega profundizó sus medidas autoritarias impidiendo movilizaciones que no cuenten con el aval del gobierno.
Durante los últimos años, Nicaragua sufrió un retroceso en derechos sociales como la prohibición del aborto terapéutico. Poco a poco el FSLN ha mostrado una conversión al catolicismo conservador. La estrategia del sandinismo fue de corte electoralista, para conquistar los votos de los sectores religiosos en Nicaragua. Desde la vuelta al poder, Ortega fijó alianzas para mantener la gobernabilidad con sectores de la economía concentrada y la jerarquía católica.
Otro de los hechos que reflejan este cambio de postura del gobierno sandinista son la postura del cardenal Miguel Obando y Bravo, otrora acérrimo enemigo del sandinismo, que ahora preside la mayoría de actos públicos del Frente Sandinista.
Un poco de historia
El país caribeño vive desde hace décadas una fuerte polarización de su sociedad. Es atravesada por un profundo odio surgido de las dictaduras de Somoza, la revolución sandinista, los años de neoliberalismo salvaje y la vuelta al gobierno por las vías democráticas del Frente Sandinista.
Nicaragua, como otros países de Centroamérica y el Caribe tuvo desde inicios del siglo XX una historia de intervenciones armadas por parte de EE. UU. En 1933 el Jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Tacho Somoza va a ser el primer representante de lo que se conoció como la dinastía de la familia Somoza. En 1967, su hijo menor Anastasio Somoza Debayle va a llegar a la presidencia de su país. Cargo que heredará de su hermano Luis, quien a su vez lo había heredado de su padre.
La familia presidencial fue incrementando sus propiedades a costa de desalojos y despojos de tierra a miles de campesinos. La pobreza de los trabajadores rurales era extrema. Al calor de la desigualdad y las injusticias surge el Frente Sandinista de Liberación (FSLN) impulsando la guerrilla contra el gobierno de los Somoza y la influencia de estadounidense.
De la revolución al neoliberalismo y después
En 1974, el FSLN logra conformar gobierno que no estuvo excepto de las operaciones de EE. UU. para derrotar al sandinismo. En 1984, el sandinismo llamó a elecciones y Daniel Ortega logró la victoria como presidente. Durante la revolución sandinista florecieron campañas de alfabetización y de salud consideradas como modelo a nivel mundial.
Tras una profunda crisis económica producida por bloqueos de EE. U.U. y errores del gobierno sandinista, en 1990 la Unión Nacional Opositora logra el 51% de los votos contra 41 % del FSLN y lleva a Violeta Chamorro a la Presidencia de la Nación.
Luego de 16 años de neoliberalismo salvaje, Ortega vuelve al poder en 2007 por la vía democrática. El regreso incluyó desarrollo económico y social en combinación con la persecución a importantes figuras del FSLN que habían combatido la dictadura de Somoza.
El regreso del sandinismo Nicaragua no fue el regreso del socialismo, sino más bien un capitalismo ligero. Una reforma del mercado compensada por la provisión de servicios sociales. En ese sentido, y a diferencia de la pobreza estructural vivida en la década del 90, el 99% de la población dispone de electricidad en sus hogares, que ahora se genera con un 70% de energía verde.
Nicaragua tiene uno de los mejores sistemas de infraestructura social de América Latina, ha desplegado la instalación de 20 nuevos hospitales modernos desde 2007. Hoy es el país con una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más bajas del mundo. La pobreza, la extrema pobreza, la mortalidad materna e infantil se han reducido al menos a la mitad.
Encrucijada progresista
La ofensiva norteamericana en Nicaragua no es discutible. Tampoco el proceso autoritario que vive el país caribeño y que se ha profundizado desde 2018. Los grandes medios y organismos internacionales, alineados a intereses norteamericanos obligan a los países latinoamericanos a tomar posturas en el tema Nicaragua. México y Argentina respetando su tradición de no injerencia en los asuntos internos, no firmaron una declaración en la ONU en torno a lo que sucede en Nicaragua.
La OEA, y la ONU, juegan un rol ambiguo en la defensa de los derechos humanos. Mientras fueron artífices del Golpe de Estado en Bolivia, guardaban silencio durante la represión de las movilizaciones chilenas en 2019.
Mientras ignoran las constantes violaciones a los derechos humanos durante las protestas del Paro Nacional, no eviten sanciones sobre los cientos de lideres sociales asesinados por grupos paramilitares en Colombia, y tampoco se pronuncian ante la falta de proclamación de Castillo en Perú, condenan abiertamente y se entrometen en los asuntos internos de países como Nicaragua o Venezuela.
La contradicción que se presenta en el campo del progresismo y de la izquierda latinoamericano es que Ortega además de ser un enemigo de Washington también lo es de antiguos compañeros que lo acusan de traicionar el espíritu de la Revolución y apoyaron las protestas de 2018. Daniel Ortega enfrenta la contradicción de enfrentar a un poder como el de Estados Unidos habiendo hecho alianzas con sectores empresarios y de la jerarquía católica.
