Las elecciones nacionales de 2021 terminaron de reconfigurar el mapa político de Bolivia, tras recuperar la democracia con el triunfo presidencial de Luis Arce. Fueron en esas elecciones, donde la derecha golpista, que había propiciado en Golpe de Estado contra Evo Morales, encontró una trinchera de resistencia desde donde atacar al gobierno nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En la Media Luna boliviana, región históricamente adversa al proceso revolucionario encabezado por Evo Morales, triunfaron expresiones racistas y golpistas, específicamente en Beni y en Santa Cruz, esta última a manos de Fernando Camacho.
Desde Santa Cruz es que los sectores conservadores de la oposición iniciaron diferentes acciones de protesta contra el gobierno de Luis Arce desde el pasado 20 de octubre. Su principal demanda es que el Censo de Población y Vivienda se realice en el primer semestre de 2023 y no en 2024.
En Bolivia los 130 diputados se distribuyen de acuerdo con los datos poblacionales y Santa Cruz argumenta que por tener más habitantes le corresponden más bancas en la Cámara Baja. Asimismo, exigen que la redistribución presupuestaria de acuerdo a la población se aplique en 2024.
Ambos reclamos están motorizados en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial que data del año 2012.
Durante los más de 25 días que dura la huelga, se impidió el paso de alimentos y combustibles por varias carreteras, generando desabastecimiento y acumulación de basura en las calles. Además, grupos de extrema derecha y simpatizantes de Camacho han atacado a quienes se han opuesto a la huelga.
En ese sentido, integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo de choque con sede en Santa Cruz quienes tuvieron gran participación en el Golpe de Estado de 2019, junto con simpatizantes de Camacho, atacaron a los vecinos del municipio La Guardia con petardos, garrotes con clavos e instrumentos cortantes.
Además, atacaron a la policía local con armas de fuego, proyectiles, piedras y explosivos caseros.
El gobierno nacional comandado por Luis Arce llamó a una mesa de diálogo para discutir la propuesta y buscar consenso sobre la fecha del censo conformada por representantes de las 11 universidades públicas, asociaciones municipales, alcaldías de ciudades capitales, de las nueve gobernaciones y de los gobiernos autónomos indígenas y campesinos, además de representantes de organismos afines.
Sin embargo, los representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz rompieron la mesa de diálogo y llamaron a un paro indefinido en el departamento. Los golpistas han puesto dos condiciones: que el Decreto Supremo 4824, que fijó la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024 sea ley; y que se liberen a todos los presos detenidos durante las protestas.
La Central Obrera Boliviana (COB) le dio 72 horas de plazo a los “promotores del separatismo” para abandonar el país. El secretario ejecutivo de la institución, Juan Carlos Huarachi, acusó a la ultraderecha, sin mencionar nombres, de intentar dividir el país a través de la demanda por el censo en 2023. Mientras que Arce sostuvo que “la derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no puede ganar en las urnas”.
El gobierno nacional ya decidió por decreto que el censo será el 23 de marzo de 2024, y la oposición, insiste en mantener el conflicto exigiendo que esa fecha salga por ley. Las acciones de la oposición dejaron un saldo de cuatro personas muertas, varios heridos y al menos 15 detenidos en los violentos enfrentamientos entre quienes apoyan y rechazan esa medida de presión.
