El desarrollador de software sueco y activista por los derechos digitales, Ola Bini, fue declarado inocente de los cargos de piratería informática el martes 31 de enero por un tribunal de Quito.
El activista fue absuelto por unanimidad por un tribunal de tres jueces después de pronunciar una declaración de casi 4,5 horas. Bini enfrentó una persecución por parte del Estado ecuatoriano desde 2019, y los procesos judiciales en su contra se han visto empañados por irregularidades.
Hablando después del veredicto a Peoples Dispatch, Carlos Soria, miembro del equipo legal de Bini, calificó el veredicto unánime del tribunal como “inesperado” y una “muy agradable sorpresa”, considerando todas las irregularidades, más de 100 violaciones del debido proceso y adverso juicio durante los casi cuatro años desde que Bini fue arrestado por primera vez. La fiscalía ha declarado que presentará un recurso de apelación, y Soria dijo que el equipo legal de Ola Bini se estará preparando para ello.
Ola Bini lo calificó como una victoria fantástica y también señaló que ayudó a que Ecuador sea un lugar más seguro para que trabajen los expertos en seguridad cibernética.
El Centro para la Autonomía Digital, organización a la que está asociada Bini, dijo que el veredicto marcó un hito en la defensa de la seguridad digital y los derechos humanos. Agregó que la sentencia ratificó que “nuestro trabajo no debe ser criminalizado, más cuando (la fiscalía) no tiene argumentos técnicos sólidos.
Bini fue arrestado en Quito el 11 de abril de 2019, el mismo día que su amigo, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue sacado a rastras de la Embajada de Ecuador en Londres y arrestado.
Desde un inicio, activistas de todo el mundo señalaron las fallas procesales en la detención y condenaron al entonces gobierno de Lenín Moreno por perseguir a Bini. Fue puesto en libertad después de 70 días de prisión. En ese momento, la fiscalía ni siquiera había formalizado ningún cargo ni presentado ninguna prueba.
La fiscalía siguió modificando los cargos contra Bini y finalmente presentó la acusación de acceso ilegal y no consensuado a un sistema informático o de comunicaciones, que conlleva una pena de prisión de entre tres y cinco años.
En septiembre de 2019, el juez que presidía el juicio se vio obligado a recusarse tras permitir una injerencia indebida en el caso por parte de la fiscalía.
A lo largo del juicio, organizaciones de derechos digitales, como Access Now, Article 19 y Electronic Frontier Foundation (EFF) registraron las numerosas violaciones procesales y realizaron una campaña internacional en solidaridad con Ola Bini.
