En las calles panameñas desde hace tres semanas se movilizan varios sectores sociales que van desde trabajadores de la educación y estudiantes, así como trabajadores de la construcción y comunidades campesinas e indígenas quienes rechazan no sólo los recortes a la salud pública y la explotación de sus recursos naturales sino también la relación de sumisión con el gobierno de Estados Unidos.
Desde el 23 de abril, las mayores protestas se dieron tanto en la ciudad capital, como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, en todas ellas se realizaron los llamados “piqueteos” y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
La huelga fue iniciada por los trabajadores de la educación, quienes exigen principalmente la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, que impone un aumento en las cotizaciones pensionales, aumenta la edad de jubilación y disminuye el cobro de las pensiones. Se trata de un sistema mixto que beneficiaría al sistema financiero, en gran medida privado, un sector bastante cercano al gobierno del presidente Mulino.
La respuesta del gobierno de José Mulino fue desprestigiar y criminalizar la protesta por parte de los movimientos, organizaciones y sindicatos, pero no sólo se quedó en el discurso sino que organizó un fuerte mecanismo de represión contra los manifestantes y detenciones arbitrarias a líderes políticos y sindicales.
Es el caso de tres dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) quienes denunciaron esta semana el arresto de tres de sus principales dirigentes Erasmo Cerrud, secretario de Defensa de la dirección nacional del sindicato; Irving Pinzón, secretario de Prensa y Propaganda; y Facundo Paz, dirigente en uno de los proyectos de construcción propiedad del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
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En un comunicado la Alianza Pueblo Unido y Por la Vida y organizaciones sociales y populares firmaron una carta al mundo en donde sostienen que “en Panamá el régimen del dictadorzuelo Mulino pisotea la Constitución y las leyes, viola los derechos humanos y las garantías fundamentales de los panameños. Desata la represión contra el pueblo que defienden la soberanía, rechazan el memorando de entendimiento con EE.UU. el cual cede territorio y garantiza presencia de soldados yanquis y bases militares, repudia la imposición de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, rechaza la reactivación minera y los embalses de Río Indio”, dice el comunicado.
Jaime Fernández, director de la Policía Nacional afirmó que “en total, más de 480 cierres, desde que inició este conflicto hace 21 días a nivel nacional, en los cuales 196 personas han sido aprehendidas. Para el día de hoy tuvimos 67 puntos de concentración, 12 marchas y 45 puntos de cierre a nivel nacional, incluyendo lo que es Tolé, lo que es San Félix, Ojo de Agua, lo que es Coclé y lo que es la ciudad de Panamá, con algo en Colón”.
La deportación de un periodista internacional
La persecución no sólo es hacia las protestas, sino también a quienes cuentan lo que sucede en Panamá. El periodista internacional independiente, Bernat Lautaro, creador de redes sociales como Pelo Fuego fue deportado del país sin darle ninguna explicación al respecto, aunque más tarde dijeron que era por “alterar el orden público” durante su cobertura en unas protestas anteriores en Panamá.
En diálogo con ARG Medios, Bernat cuenta cómo fue que le impidieron el ingreso a Panamá: “Yo cumplí mis requisitos habituales para entrar en Panamá, billete de entrada y salida; siempre uno se lo mira para, pues, para no perder el vuelo. Y cuando embarqué no me dijeron nada (…) cuando estamos bajando, en el pasillo, están pidiendo pasaportes a toda la gente. No me pareció raro, pero cuando me pidieron el pasaporte me dijeron: ‘ Acompáñenos, por favor’ , y dejaron de pedir el pasaporte a la gente que venía atrás de mí. Ahí ya, obvio, obvio ya pensé: ‘Va, esto es por mí y por nadie más’ “.
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Cuando Bernat pregunta los motivos de su detención no le responden, lo dejan en una habitación cerrada sin acceso a internet durante varias horas. Tampoco lo dejaron contactar con las embajadas de Chile ni España, sus nacionalidades, o con sus abogados. Volvió a Guayaquil, desde donde había viajado a Panamá y las autoridades ecuatorianas le consultaron los motivos de su regreso: “me dijeron que era muy raro que el gobierno panameño no me hubiera dado ningún papel. Que cómo podía ser que me deporten o que me entreguen sin ningún tipo de papel”.
El periodista cuenta que cuando devuelven a las personas desde Panamá o cualquier otro país las personas traen una orden y los motivos, con él eso no sucedió. Por eso sólo le dieron 3 días de visado para quedarse en Ecuador por considerarlo sospechoso.
“Panamá hizo un comunicado a través de X diciendo que no me dejaron entrar porque había una investigación por delito de atentado al orden público” cuenta a Bernat a ARG Medios y sostiene “Creo que ha sido un proceso totalmente ilegal, totalmente oscuro, totalmente por fuera de la ley, sin garantías, sin embajadas, sin nada. Ahora estamos con un abogado gestionando para investigar qué hay”.
Bernat Lautaro afirma que ninguna de esas cosas que menciona el gobierno panameño las ha hecho ”no hay ninguna prueba de real que me puedan acusar de ningún tipo de cosa de estas, trabajando como periodista trato con cordialidad y respeto a todos los agentes y no me meto en la huelga porque no es mi trabajo, ¿no? No es mi tarea”
El gobierno de Mulino le impidió el ingreso a un periodista que contó cómo fueron las protestas anteriores contra su gobierno, reprime a la población, la detiene y le descuenta los salarios a los trabajadores que continúan la huelga. A pesar de esto y de que el presidente dijo que no negociaría con los sindicatos y sus “exigencias”, el pueblo panameño continúa movilizado.
