Por medio del Decreto Supremo 004-2023- PCM, suscrito por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, se estableció el nombre oficial que llevará el año 2023: “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”. Esa denominación no es más que una torpe provocación de un gobierno que sigue reprimiendo y que lleva asesinando a casi 50 personas. ¿Son esas acciones las que hacen el mérito de llevar la paz a todos los peruanos? ¿Así se busca la unidad?
Habría que ser masoquistas para creer a un gobierno que busca la paz con las armas en las manos y donde las fuerzas policiales –instituciones represoras- organizan marchas para devolver la tranquilidad al país.
Todo empezó una mañana del 7 de diciembre del 2022, cuando el ex presidente Pedro Castillo con voz trémula y ojos llenos de miedo anunció el cierre del Congreso. Horas después fue detenido y destituido. De inmediato, y sin titubeos, juró como primera mandataria del Perú, Dina Boluarte, una mujer provinciana que, tiempo atrás, y con mucho énfasis había dicho: “Si al presidente Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él”.
Si al presidente Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él
Es a partir de la destitución del ex presidente que emergieron las protestas en las provincias de los andes, en los pueblos olvidados del Perú, en esos lugares donde la población, en cierta forma, se identificó con la figura que representó Castillo, porque en él se vieron reflejados. Las manifestaciones se empezaron a desarrollar con bloqueos de carreteras y piquetes en diversos puntos del país, y con el correr de los días se fue intensificando y hasta el momento no se pronostica una fecha de culminación.
La fuerza de las movilizaciones populares están en las organizaciones de autoconvocados: se podría decir que, lo que sucede en el Perú, son sublevaciones espontáneas que no tienen una conducción partidaria, ni mucho menos siguen a líderes nacionales; pero si tienen demandas claras y luchan para conseguirlo. Esas fuerzas activas se congrega en las diversas ciudades de las provincias para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, pero el gobierno se empecina en no escucharlos y solo atina a reprimir y estigmatizar de terrorista todo acto de protesta que cuestiona el régimen.
Represión en Juliaca: 17 personas asesinadas
Hace unos días las protestas se agudizaron en Juliaca-Puno, y ante ello el gobierno no dudo, ni mucho menos tuvo tibiezas para reprimir salvajemente. El ejercicio legítimo del derecho a la protesta ha costado la vida a 17 personas, solo en Juliaca. Los medios de comunicación en el Perú suelen callar cuando existen masacres y cuando no pueden, lo que hacen es tergiversar la información. Para ellos no hubo víctimas, sino muertos por “enfrentamientos”. Pero la realidad es que las fuerzas del orden atacaron con armas de fuego y los manifestantes se defendieron como pudieron, y en esa represión perdieron la vida menores de edad y también algunas personas que intentaron ayudar a los heridos. El terrorismo de Estado no solo destruye vidas, sino que también mata todas las acciones humanitarias y de solidaridad.
El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público informó que se halló proyectiles de armas de fuego en los cuerpos de 9 de las 17 víctimas que participaron en las manifestaciones en Juliaca. Y los demás restantes también murieron consecuencia de las heridas que le ocasionaron los disparos de los represores. Esos datos dan testimonio de que no hubo ningún enfrentamiento, lo que hubo fue una vil masacre que ha dejado un enero de luto no solo para Juliaca, sino para todo el Perú.
El 4 de enero del presente año los aymaras habían anunciado un paro indefinido con un pliego de reclamos que incluía la renuncia de Boluarte. De inmediato los pseudo periodistas hicieron lo mejor que saben hacer, fieles a su falta de ética empezaron a “terruquear” a los que protestaban contra el gobierno, y algunos “menos tibios” y más impunes pedían a las fuerzas del orden que repriman con más violencia. Y algunos más descabellados afirmaban que Evo Morales, ex presidente de Bolivia, había enviado a sus compatriotas hasta Juliaca para luchar contra Boluarte.
Una historia que se repite
El 9 de enero de 1923, fue asesinada en Puno, Rita Puma Justo, mujer aymara, maestra y lideresa campesina. ¿Qué crimen cometió? Tuvo la desdicha de fundar la primera escuela de alfabetización llamada Chuño-Huyo, en Moho. Eso fue una amenaza para los hacendados que no tuvieron mejor idea que torturarla y ahorcarla en la plaza pública para disciplinar a los que osan a rebelarse contra un sistema de explotación.
A 100 años de la muerte de un mito de los pueblos andinos, el gobierno de Boluarte como ejemplar forma de recordarla lo hace masacrando al pueblo aymara para que no olviden el escarmiento.
Tras la masacre en Juliaca, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco junto a algunas autoridades del Perú se pronunciaron pidiendo la renuncia de Boluarte. Además, la congresista Kelly Portalatino ha presentado una denuncia constitucional contra el gabinete ministerial que preside Alberto Otárola, por los delitos de homicidio y lesiones graves en el marco de las represiones que se registran en las provincias del país.
El gobierno no puede seguir intensificando la represión, esa respuesta es típica de las dictaduras que solo usan la coerción para perpetrarse en el poder. Dina Boluarte debería renunciar como lo hizo el 16 de diciembre del 2022 la ministra de Educación Patricia Correa y el ministro de Cultura Jair Pérez. Y a ellos se le sumó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo Eduardo García, quien también renunció.
En el Perú ya no existe un gobierno, lo que existe es un terrorismo de Estado en el cual los artistas e intelectuales con su adrede silencio legitiman los abusos y fechorías.
Hay que tener un grado de perversidad para justificar masacres solo para aferrarse y atrincherarse en el poder. Días atrás Boluarte dijo: “No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú”. El problema es que el pueblo peruano tiene un compromiso que va en contra de los dichos de la mandataria, y se podría decir que tienen ventaja porque los gobiernos títeres siempre tienen los días contados. Y mientras tanto, el desierto gris seguirá esperando que se aclare la maldita incertidumbre.
*Periodista y profesor en comunicación social. Recibido en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
